La Cámara de Senadores devolvió al Paraguay su sistema republicano de gobierno

La Cámara de Senadores de la Nación, aprobó el pasado jueves 28 de mayo, la modificación del Art. 52 de la ley N° 5.102/13, llamada ley de alianza público privada, y cuyo nombre real es “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública, Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado”. La denominación de Alianza Público Privada es el eufemismo que esconde tras de sí la pretensión del gobierno de privatizar y concesionar los servicios públicos básicos prestados  por el estado. Tiene un nombre engañoso, porque en la realidad, lo que habría es, por un lado, el estado, como vendedor o concesionario y, por el otro, una empresa privada que sería la compradora o concesionaria. Si en el servicio concesionado hay capital estatal y privado, pues será una empresa mixta. La Alianza Público Privada, por lo tanto, no existe, es un adorno que envuelve el paquete. En este artículo, por eso, se llamará a la ley sólo por su número. Pero, el problema mayor está en que dichas ventas y concesiones se harán, sin la  autorización del Congreso Nacional, como exige la Constitución Nacional, porque el Congreso ha abdicado de su función legislativa, de autorización y de control a favor del Presidente de la República. Este es el impedimento más grande que tiene la ley, porque el Congreso Nacional no puede renunciar ni  delegar  por medio de una ley, “Los deberes y atribuciones” que le ha asignado la Constitución Nacional. Pero veamos lo que establece el art. 52 de la ley que fue modificado por el Senado:

“Autorización legislativa.-  Se autoriza a la Administraciones Contratantes a estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los Contratos respectivos en los términos establecidos en la presente ley, de los siguientes proyectos”:

“1)Hidrovías, dragados, señalización y mantenimiento de la navegabilidad del río Paraguay y otros ríos navegables; 2)Aeropuertos internacionales; 3)Construcción, rehabilitación y mantenimiento de rutas y autopistas nacionales; 4)Construcción, extensión y operación del servicio de líneas ferroviarias; 5)Construcción y mantenimiento de puentes nacionales e internacionales; 6)Provisión de agua potable y servicios de saneamiento y tratamiento de efluentes; 7)Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; 8)La infraestructura vial de la capital de la República y su área metropolitana; 9) Infraestructura social, hospitales, centros de salud, centros educativos; 10) Penitenciarías; 11)Acueductos, poliductos, oleoductos, alcoductos, gasoductos; 12) Producción de bienes y prestación de servicios que sean propios del objeto de empresas y sociedades en las que el Estado es parte; 13)Producción y comercialización de cemento; 14)Producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, combustibles y lubricantes; 15) Servicios de telecomunicaciones.”

Cómo pudo, tanto la Cámara de Senadores y la de Diputados otorgar semejante potestad al Presidente de la República para privatizar la ANDE, el servicio de agua potable, los servicios de salud, de la educación y todo lo que comprenda  la “Producción de bienes y prestación de servicios que sean propios del objeto de empresas y sociedades en las que el Estado es parte”? Qué pensaban las dos cámaras legislativas cuando renunciaban a sus deberes y autorizaban al Presidente de la República,  a vender o conceder a empresas privadas, hasta los servicios que tienen que ver con roles naturales e irrenunciables del estado como son la salud, la educación y el acceso al agua? Alguien dirá que estos no están incluidos en la ley. Pero cómo que no? En forma burda la ley llama “Contrato” a la Concesión, o si no, para qué querría que el Congreso le autorizara por una ley dichos “contratos” si en realidad fueran tales?

La venta o concesión a empresas privadas de los servicios de salud, educación, agua potable; la producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, combustible e hidrocarburos; la construcción y explotación de gasoductos, oleoductos y acueductos, son explotaciones que no se hacen por 4 o 5 años de contrato. Se hacen por 30, 40 o 50 años. Eso es lo que ha autorizado el Congreso Nacional.

Pero ahora que la Cámara de Senadores ha revisado correctamente la ley y la ha modificado, poniendo en su lugar las cosas, aparecen  sectores que cuestionan la posición del Senado como de que, “así no va a venir la inversión extranjera”; “da una mala imagen del país”; “le ponen el palo a la rueda”; “tienen poca seriedad, pues ya han aprobado una ley y en seguida la vuelven a revisar”. Y cuál es el problema si con revisar se va a corregir un grave defecto?  O es preferible tener una ley defectuosa porque no es bueno revisarlo de nuevo en corto tiempo?  En primer lugar, si la inversión extranjera no viene al país, no es porque no haya condiciones ni garantías. Es porque el Paraguay no tiene mercado interno. Y por qué va a Brasil y México, que paradójicamente no han suscrito su adhesión al CIADI? Es porque tienen un gran mercado. Por eso no viene la inversión extranjera al Paraguay, o por lo menos la que todos esperamos, la que invierta en la creación de fábricas e industrias, la que traiga tecnología y modernización. La poca inversión extranjera que viene al país coloca sus capitales en el sector financiero o en el de servicios.

Por otro lado, la renuncia del Congreso Nacional a autorizar y controlar las concesiones y ventas de servicios públicos a empresas privadas, ocasiona  un gran peligro, de que se cometan negociados. Ahí están los ejemplos de grandes negociados en las privatizaciones en la Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem y de otros países latinoamericanos. Quién controlará al Poder Ejecutivo? Nadie, porque las concesiones y ventas, también podrán evitar pasar por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y quién velará entonces por los intereses de la población para que haya transparencia y honestidad en las ventas y concesiones? Nadie

Pero si la privatización de los servicios públicos básicos es por sí misma perjudicial para la población, no lo es menos la renuncia del Congreso a su deber  constitucional a favor del Presidente de la República. El art. 202 de la C.N. dispone que, “Son deberes y atribuciones del Congreso”: “…11) autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos o gaseosos”. Es este deber el que el Congreso ha violado, al renunciar en favor   del  Presidente de la República, a su deber de autorizar  las concesiones de servicios públicos nacionales.

La ley 5.102/13, a la que el gobierno le puso el lindo nombre de Alianza Público Privada, resquebraja los fundamentos básicos de una República, que son la independencia y el equilibrio entre  los poderes del estado. El equilibrio no existe, porque hay un solo poder, el ejecutivo, el que concentra en sí, todos los poderes, el de autorizar, vender, concesionar y controlar (controlarse a sí mismo). Otro principio básico de una república es el límite al poder, que en este caso no existe. El Presidente tiene un poder ilimitado. Basta con volver a mirar el art. 52 de la ley 5.102/13. Por eso es que la Cámara de Senadores ha devuelto al Paraguay su sistema republicano de gobierno, al modificar el art. 52 de la ley citada, restituyéndole al Congreso Nacional su deber de autorizar las concesiones de servicios públicos nacionales y venta de empresas del estado a manos privadas.

 

 

 

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