Ka´a Poty, el poder social que tenemos las personas comunes

Por Milena Fukuoka*

  1. Como abogada especialista en derechos humanos e integrante de una Plataforma que trabaja especialmente la problemática de los desalojos forzosos de comunidades en el Paraguay, he estado apoyando jurídicamente a la comunidad indígena Ka´a Poty, del Pueblo Ava Guaraní, desde su traslado forzoso a Asunción.
  2. En el día de ayer, 17 de agosto, la comunidad indígena pudo por fin ejercer parte de la protección de urgencia que le fue otorgada por el Auto Interlocutorio Nro. 258 de fecha 30 de julio. Tras sortear todos los obstáculos institucionales imaginables, las amenazas directas a su lideresa por parte de civiles armados a cargo de la Liz Carolina Alfonzo, las calumnias, la discriminación y el desprecio en sus formas más crueles, ayer esta comunidad logró que le sea restituida provisoriamente una parte de su tekoha.
  3. Siento que como sociedad y Estado hemos dado un paso histórico al hacer que se cumpla una resolución judicial que protege derechos territoriales indígenas en nuestro país y que repara, en una pequeña pero valiosa parte, las gravísimas violaciones de derechos fundamentales que esta comunidad indígena ha sufrido.
  4. La comunidad fue desalojada de un modo ilegal y criminal. Ninguna comunidad indígena puede ser removida de sus tierras sin su consentimiento. En este caso, la comunidad contaba incluso con título de propiedad sobre 1.364 hectáreas.
  5. Luego de dictada la medida cautelar de urgencia para la protección de sus derechos básicos, tras dos semanas de dilaciones, el viernes 13 de agosto se terminó de acordar con la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior el operativo de retorno de la comunidad Ka´a Poty a Itakyry para dar cumplimiento a lo resuelto y ordenado en el A.I. 258. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional consideraron que precisaban que el Juzgado comisione a un Oficial de Justicia para dar cumplimiento a la medida cautelar. Esto fue solicitado y conferido por el Juzgado competente en el mismo día 13/08. Se fijó el día sábado 14 de agosto como fecha de partida de la comunidad y se acordó con la Comandancia de la Policía y el representante del Ministerio del Interior el lugar en el cual ingresaría la comunidad a reconstruir su vida, una superficie de unas 100 hectáreas de las 540 establecidas en la medida cautelar, precisadas en un mapa.
  6. El INDI quedó con la responsabilidad de gestionar la presencia de un Oficial de Justicia para dar cumplimiento a la restitución.
  7. La siesta del sábado 14/08, al llegar al área de ingreso al camino público vecinal en Itakyry, la comunidad indígena y las personas que la acompañábamos encontramos al Comisario Silvino Leguizamón, jefe de la policía de Alto Paraná, como el responsable de brindar garantías de seguridad para el ingreso de la comunidad Ka´a Poty. El comisario Leguizamón fue el jefe del operativo de desalojo forzoso y criminal de la misma comunidad dos meses antes.
  8. Ante la falta de llegada del Oficial de Justicia y la situación en la que se encontraba la comunidad indígena, -considerando los términos de la medida cautelar de urgencia a su favor, los derechos territoriales indígenas, reforzados tratándose de tierras ancestrales, y las protecciones diferenciadas que les son debidas-, mi orientación como abogada que los acompañaba fue que correspondía en derecho la toma de posesión de parte del territorio acordado en la reunión interinstitucional y que la comunidad debía plantearle esto a la Policía Nacional en términos claros. A su vez, les manifesté que sería mejor que dejaran sus cosas afuera, hasta el lunes, cuando llegara el Oficial de Justicia a formalizar el cumplimiento de la medida cautelar. Recalqué que estaría apoyando dicho planteamiento, cuestión que lógicamente no hubiera hecho de considerar que se trataba de una acción antijurídica.
  9. Finalmente, ya anocheciendo, cuando la comunidad logró pasar por el camino público vecinal y llegar hasta el lugar en el cual se había acordado con las autoridades públicas competentes que se efectuaría la restitución, la actitud del comisario Silvino Leguizamón fue tan agresiva, llegando incluso a proferir amenazas respecto de lo que podía pasarle a las familias indígenas, que consideré que lo más conveniente era recomendarles una posición legalista y que todas las personas con sus pertenencias y animales se quedaran en el camino público, sin efectuar toma de posesión alguna, para salvaguardar la integridad personal de niños, niñas, personas mayores y adultas.A su vez, exigimos que la policía hiciera guardia permanente protegiendo a la comunidad. La misma tuvo que quedar dos días en dicho camino, sufriendo una nueva vulneración a sus derechos, por causa de la negligencia estatal.

10. Hablar de que el sábado 14 de agosto la comunidad Ka´a Poty “invadió” o “atropelló” a propiedades privadas es una completa falsedad y muestra la impunidad con la que determinados medios de prensa, televisivos y radiales, afectan tanto el derecho al honor y la reputación, como el derecho humano a la información y la comunicación.

  1. Dicho esto, concluyo parafraseando algo que dije el sábado 14 de agosto en Itakyry y que, por supuesto, no fue de interés de quienes montaron toda una operación propia de mafias, con teléfonos intervenidos, grabaciones secretas y videos burda y maliciosamente editados, de manera a criminalizar a una comunidad indígena valiente e intentar amedrentar a quienes la apoyamos.

El poder de la verdad, de las razones y causas justas, y de la defensa de los derechos humanos, sumado al poder social que tenemos las personas comunes cuando nos unimos, es inmenso, honorable y hermoso.

¡Viva Ka´a Poty Restituida! Que sea el comienzo de muchos avances en la protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en nuestro país.

*Es Magister en Derecho

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