Infraestructuras dependen de ley de alianza público privada: una condición falsa

La Cámara de Diputados rechazó la modificación introducida por la Cámara de Senadores a la ley de privatización y extranjerización, al que el gobierno dio en llamar  Ley de Alianza Público privada. El argumento principal  es que la modificación de la ley impedirá nuevamente la construcción de infraestructuras, como la ampliación y mejoramiento de las rutas 2 y 7 y, obras de dragado y señalización en la hidrovía Paraguay-Paraná entre otros.

Este argumento es falso, porque la modificación introducida por la Cámara de Senadores no sólo no impide ni prohíbe la realización de dichas obras, sino que las aprueba. Lo que sí modifica es el Art. 52 de la ley por la que el Congreso traspasa al Presidente de la República  su deber constitucional irrenunciable e intransferible de “autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos o gaseosos”. Es decir que la modificación que introduce el Congreso, no  prohíbe ni las obras de infraestructuras ni se opone a ellas, sino que dispone que dichas concesiones deben ser hechas por quien la Constitución dice que debe hacerlas, el Congreso Nacional.

Por qué la Constitución exige que sea el Congreso el que autorice dichas concesiones de obras? Porque nuestro país es una República, y en una república el poder del estado es compartido, de tal forma que mediante la división y el equilibrio de los podres del estado, los representantes  del pueblo, se controlen unos a otros y garanticen el cuidado y la defensa de sus intereses  y derechos. De ahí que un proyecto del poder ejecutivo que,  va a tener repercusión sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, deba ser revisado y autorizado por el Congreso, de tal forma a controlar su honestidad, conveniencia y transparencia. Y  se puede agarrar la Constitución, arrugarla y tirarla al basurero para hacer las cosas cómo se les antoje, con el argumento de que “upeicha ipya eveta”. Esta no es la forma de ser de una República, de un país serio, donde  rige la ley, la constitución y el estado social de derecho, sino es la forma de una degradada  república en la que manda es el apuro, el atajo y las componendas grupales. Este tipo de país es el que ahuyenta a la inversión extranjera seria y beneficiosa para el país: oi la ley ha la Constitución, pero ñandé yayapota ñande gusta haicha, ñande estilo pe”. Ni las comisiones pro empedrado ya funcionan de esta forma. Y los que quieren que nuestro país funcione así, son los retrógrados, los tramposos, los antidemocráticos e irresponsables. Grupos corporativos empresariales también manifestaron su oposición a la modificación de la ley. Son los mismos  que suelen quejarse de la falta de transparencia en la administración pública y de la corrupción. Doble discurso, doble moral, falta de principios. Cuáles son los parámetros utilizados por éstos grupos para medir la conveniencia o no para el país? Las tajadas que puedan obtener de las licitaciones amañadas, porque no tienen competitividad ni productividad, por lo que deben suplir dicha falencia con “estar bien” con el gobierno. No todos los industriales ni empresarios son así, obviamente. Si no son los que quieren estar al frente de estos gremios, porque desde ese puesto pueden conseguir mayores ventajas y privilegios, muchas veces en perjuicio de la mayoría de los industriales y empresarios a quienes dicen representar.

Si las obras de infraestructura que proyecta el Presidente de la República son honestas, transparentes y beneficiosas para el país como dice, ¿por qué teme al control del Congreso Nacional? Porqué pretende impedir que la ciudadanía también se entere y participe a través de los estudios que haga este poder del estado? Porqué quiere realizar concesiones y ventas de la ANDE, de la ESSAP, de los servicios de salud, de la educación, entre gallos y media noche? Acaso el pueblo no tiene derecho a participar si le conviene o no le conviene que de un día para otro, el abono o la provisión de la energía eléctrica,  del agua potable, o el hospital donde suele recurrir o la escuela donde van sus hijos, deben comprar a una empresa privada extranjera?  La salud,  la educación, el acceso al agua, a los servicios públicos básicos, son mercaderías que el pueblo debe comprar del mercado o son derechos que el estado debe garantizarle? Estas son las cosas que el gobierno quiere esconder del pueblo, y vender y concesionar  sin su conocimiento, consulta y autorización servicios básicos que usa diariamente.

El Ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite manifestó en España que “nuestra historia nos enseñó que las joyas de la abuela son las últimas en venderse”, refiriéndose a las empresas del estado. Pero si no las quiere vender ¿por qué pide autorización al Congreso para venderlas? El Presidente Cartes también juró y rrejuró que no vendería las empresas públicas, pero pide autorización al Congreso para venderlas. ¿Cuánto vale la palabra de Cartes? El Congreso no debe abdicar de las funciones y deberes que nosotros, el pueblo le hemos conferido, no está autorizado para ella, y no debe dejarse amilanar por presiones del gobierno ni de grupos de poder económico que sólo buscan algunas ganancias ilegítimas mediante favores y adjudicaciones amañadas.

Pero el gobierno y sus apologistas sólo se refieren a las obras de infraestructura, pero esconden y callan el otro objetivo mayor de la ley, que es la privatizar la ANDE, la ESSAP, la salud y la educación. La privatización tardía en Paraguay. Cuando la mayoría de los países latinoamericanos ya experimentaron el fracaso de las privatizaciones con sus graves secuelas de pobreza y corrupción, y están regresando de ellas, el gobierno y sus acólitos nos cantan los mismos repertorios que cantaron esos gobiernos privatistas neoliberales. No aprendieron de esos fracasos? O es que el fracaso no les importa, sino que la pretensión es hacer los mismos negociados que aquellos gobiernos realizaron? El acceso a la salud, a la educación, al agua potable, a la energía eléctrica, son derechos humanos de los ciudadanos, y las empresas privadas no están para satisfacer  ni cumplir con esos derechos, sino para ganar dinero, objetivo muy legítimo, al final para eso existen, pero ya se ha visto que no  pueden explotar  servicios  en los que  estén vinculados  los derechos de los ciudadanos porque no cumplieron, y cuando los gobiernos les exigió que cumplan sus compromisos, se han negado. Y cuando los gobiernos rescindieron las concesiones y contratos con los mismos en resguardo de los derechos de la población, fueron a parar en Washington ante el CIADI, un tribunal arbitral privado, en carácter de demandados, debiendo pagar a dichas empresas extranjeras millonarias sumas en concepto de “indemnización”.

Uno de los caracteres de los derechos humanos es  su aspecto Absoluto: no en sentido inmutable e invariable, sino en el sentido de que su importancia es de carácter absoluto, total, radical, urgente e intransigente. No se puede justificar su violación y tiene que ser satisfecho sin excepción, dado el grado de exigencia intransigente; puede ser oponible frente a todos y prevalece sobre cualquier tipo de decisión política y norma jurídica. Por eso es que la educación, la salud, el agua, la energía eléctrica entre otros, deben estar en manos del estado. Se ha visto que las empresas privadas no pudieron cumplir con esos servicios. Por todos estos motivos  es que la Cámara de Senadores debe ratificarse en la modificación introducida, de tal forma  que las concesiones sean estudiadas y autorizadas por el Congreso. En cuanto a la autorización para privatizar el agua, la salud, la educación, la energía eléctrica entre otros, debe ser derogada, porque es un rol intransferible e irrenunciable del estado.

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