Gremios empresariales se oponen a investigación fiscal por evasión de impuesto

Los principales gremios empresariales como la Unión Industrial Paraguaya y la Feprinco se oponen al proyecto de ley del Ministerio de Hacienda que pretende eliminar la prejudicialidadadministrativa en los casos de evasión impositiva. El Proyecto de ley está siendo estudiado en las Comisiones Asesoras de la Cámara de Senadores y es apoyado e impulsado por el gobierno y el Ministerio Público porque según los mismos, facilitará la persecución y castigo a la evasión. Por otro lado, sostienen que la prejudicialidad de la evasión constituye un obstáculo legal para castigar la evasión fiscal, pues la fiscalía no puede intervenir mientras que ésta no se finiquite en el ámbito administrativo. El Ministerio Público sostiene también que la prejudicialidad es un impedimento para ejercer su rol constitucional. Para garantizar la seguridad y responsabilidad, el proyecto dispone que una investigación penal sólo pueda ser iniciada por denuncia de la autoridad administrativa o del Ministerio Público.

La prejudicialidad administrativa fue incluida en la ley en el 2012 con la implantación del Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP) y establece que para la investigación y sanción del delito de evasión, es un requisito esencial que el mismo haya sido determinado y finiquitado previamente por la autoridad administrativa. Esto significa que el proceso debe iniciarse y finiquitarse dentro de la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET). El contribuyente investigado puede recurrir la resolución dictada por el Ministerio de Hacienda en lo contencioso administrativo ante el Tribunal de Cuentas y por último puede recurrir hasta la Corte Suprema de Justicia. Recién después de finiquitado en todos estas instancias, tiene acción el Ministerio Público.

El hecho que ha precipitado el mencionado proyecto de ley es la investigación de un posible megafraude descubierto en junio de este año que generó un perjuicio al fisco de 336.815 millones de guaraníes e involucra a 270 empresas. Ante requerimientos de la Cámara de Diputados al Ministerio Público y a la SET, de que la investigación era muy lenta, Federico Espinoza, fiscal adjunto contra delitos económicos y funcionarios del Ministerio de Hacienda, respondieron que la prejudicialidad es la traba principal.

Sin embargo, los gremios empresariales se oponen al proyecto de ley que pretende eliminar la prejudicialidad con diversos argumentos. Eduardo Felippo Presidente de la UIP dijo que la pretensión del Ministerio de Hacienda puede someter al escarnio público a los empresarios investigados por la fiscalía. Dijo también que los empresarios podrían ser víctimas de chantajes y extorsiones de parte de funcionarios corruptos. Sus abogados sostienen que el proyecto es inconstitucional porque transgrede la garantía constitucional de la presunción de inocencia, entre otros argumentos. Qué tendría de inconstitucional que el ministerio público investigue un supuesto delito de evasión de impuesto?

Las razones esgrimidas por estos gremios empresariales y sus abogados no son razonables porque se oponen a que el estado cuente con mecanismos legales que faciliten la investigación y castigo a la evasión de impuestos. Es una contradicción en la que incurren, porque cuando el estado impulsa proyectos de ley de creación del impuesto a la tierra o a la exportación de granos, se oponen a ellos diciendo que no hay necesidad de crear nuevos impuestos, y que lo que el estado debe hacer es controlar y castigar la evasión impositiva para recaudar más. Pero ahora que el estado pretende investigar y sancionar la evasión también se oponen a ello.

El gobierno y la Cámara de Senadores no deben ceder a la presión de estos grupos corporativos porque no hay razón que justifique el retiro del mencionado proyecto de ley. La legalidad y el interés general del país están por encima de las pretensiones de los mismos.

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