Graves retrocesos en el derecho humano a comunicar en Paraguay

El capítulo dedicado a la libertad de expresión del informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentado este diciembre denuncia un creciente patrón represivo contra los comunicadores, la concentración de medios, la precarización laboral, la persecución sindical y el ataque contra la sustentabilidad de las radios comunitarias.

Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 y la asunción de su antes estricto colaborador y consuegro Andrés Rodríguez, un militar colorado al igual que el dictador, no se han vivido niveles tan elevados de represión contra los comunicadores como los registrados desde la toma de mando del también colorado Horacio Cartes, hace un año y cuatro meses.  La represión contra los trabajadores de prensa es dirigida y planificada a tal punto que los “manifestantes comunes” que filman durante las protestas son objeto preferente de arrestos y agresiones de parte de la policía.

Un capítulo del informe “Derechos Humanos en Paraguay 2014” dedicado a la libertad de expresión y elaborado por Vicente Páez, del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), alerta que “el recrudecimiento de los crímenes y las amenazas contra los y las periodistas tuvo su pico en el 2014. Varios comunicadores y comunicadoras fueron acallados por las balas asesinas. La narcopolítica aparece con brutalidad. Torturas y agresiones de parte de agentes policiales se insertan en este cuadro. La precarización laboral, la agudización de la concentración de medios, la represión a las emisoras radiales comunitarias y el debilitamiento de medios públicos cierran el nefasto circuito”.

La narcopolítica

El caso más emblemático entre los crímenes contra periodistas fue el de Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero (departamento de Amambay) por sicarios al servicio de narcotraficantes que operan en la zona de la frontera paraguayo-brasileña. El crimen salpicó al mismo presidente Rodríguez,  quien fue señalado de mantener vínculos con el capomafioso Fahd Jamil, principal sospechoso de la autoría intelectual del asesinato del comunicador. Jamil también mantuvo negocios con el presidente Cartes mediante la casa de cambios del actual mandatario, cuyo esquema de lavado de activos del narco es registrado por información oficial de la inteligencia norteamericana y que fuera filtrada por WikiLeaks.

El pasado 16 de octubre de 2014 fue asesinado en la localidad rural de Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú, el periodista de ABC Color Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, de 19 años. El entonces intendente de Ypehú, Vilmar “Neneco” Acosta (oficialista), fue señalado como responsable de haber encargado el asesinato en represalia por las publicaciones periodísticas que lo comprometían con el narcotráfico. El político colorado es aliado cercano del presidente y según declaró el detenido chofer de Acosta la propia policía facilitó su huida al Brasil. Por el hallazgo de restos humanos en su domicilio Acosta se encontraba preso y fue liberado en marzo de 2011, dos días antes de las primarias de su partido supuestamente a instancias del mismo Cartes. Como hace 23 años, un jefe de gobierno vuelve a ser salpicado por el crimen de un periodista.

En total este 2014 fueron asesinados cuatro comunicadores en circunstancias que llevan a deducir que las motivaciones fueron las mismas. Fausto Alcaraz fue asesinado el 16 de mayo en Pedro Juan Caballero y Édgar Fernández el 19 de junio en Concepción, ambas regiones fronterizas con el Brasil y donde predominan las narcoestancias, establecimientos agropecuarios utilizados para disfrazar el tráfico de drogas.

Detenciones, apremios físicos y clausura de radios

En el periodo del informe se registraron, además de la tolerancia estatal hacia el acallamiento de las voces vía el asesinato, acciones en que el propio Estado fue el protagonista directo de las violaciones del derecho humano a comunicar. Durante varias movilizaciones periodistas fueron arrestados, agredidos, sus materiales de trabajo secuestrados y hasta procesados por registrar la intervención policial contra manifestaciones públicas convocadas contra diversas medidas del gobierno.

Así también se denunciaron amenazas contra periodistas por razones ligadas a su trabajo así como despidos injustificados en empresas privadas, la mayoría de las veces por reclamar mejores condiciones laborales a la patronal.

A esto se añade la vigencia de la ley 4179/11 que, entre otros puntos, inviabiliza el funcionamiento de las radios comunitarias reduciéndolas a una mínima potencia (pequeña cobertura hasta cincuenta watts y de mediana cobertura hasta trescientos watts). Comparativamente, la potencia permitida a las radios comerciales va de 1.000 a 50.000 watts. Asimismo, la normativa atenta contra la sustentabilidad de las estaciones al establecer que “no se podrán efectuar en ellos ni fuera de ellos, mención, publicidad o propaganda en ninguna de sus formas”. Además otorga amplias facultades al Ministerio Público y a la autoridad de aplicación de las telecomunicaciones para incautar los equipos, multar y procesar a los responsables de las radios comunitarias.

En este contexto, el 97% del espectro radioeléctrico es acaparado por empresas privadas frente a un 2% de radios comunitarias y 1% de medios públicos, que tras el golpe de 2012 fueron vaciados de contenido y de los cuales ni siquiera han quedado los nombres. En una clara muestra de aversión a lo público, el gobierno de Cartes transformó el sitio Información Pública Paraguay y la TV Pública en Agencia de Información Paraguaya y Paraguay TV HD Digital, respectivamente.

Como respuesta al alarmante retroceso en materia de derechos humanos acaecidos desde el golpe de Estado y la asunción de Cartes, ha emergido un frente en el que convergen organizaciones sociales y políticas que asumen que ante la clausura de las vías institucionales el único recurso que queda es la movilización. Así, las calles se han convertido en el escenario central en el cual las voces silenciadas dicen su palabra. Una palabra que no solo es decir, sino ser. Mientras haya palabras la llama seguirá encendida.

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