Gobierno hace un desastre de la reforma agraria

El gobierno de Horacio Cartes a través del Presidente del INDERT Justo Cárdenas ha fijado los precios de las tierras adjudicadas a las familias campesinas al mismo precio que dicha entidad ha pagado, tanto por las tierras compradas a los propietarios y a los dueños de propiedades expropiadas, más un recargo del 10 % en concepto de gastos administrativos. Esto implica que los precios que los campesinos adjudicados deben pagar son precios de mercado, con el recargo del 10 % encima de dicho precio.

En el asentamiento Unión Agrícola del distrito de Yuty ha fijado en principio un precio de 8.522.000 guaraníes la hectárea, pero luego de que las familias perjudicadas y su organización reclamaran que había un error en la operación de multiplicación, el responsable Carlos Soler, Gerente de Créditos admitió que cometió una “pequeña equivocación”, haciendo mal la operación de multiplicación, teniendo  que corregir fijando el precio de 2.920.000 guaraníes la hectárea, que es  la suma del precio que el INDERT pagó  hace varios años, más un recargo del 10 %. En el asentamiento Suizo Cué del distrito de Curuguaty, ha fijado un precio de 5.500.000 guaraníes, en el asentamiento Tembiapó rá 5.500.000 guaraníes la hectárea, en el asentamiento Palmital del distrito de Carlos A. López 21 millones de guaraníes la hectárea, y así sucesivamente en varios asentamientos. Esta política está generando el reclamo y rechazo generalizado de familias de decenas de asentamientos.

Esta desubicada y desatinada decisión de la presidencia actual del INDERT viola el objetivo central de la reforma agraria, que es el de facilitar y dotar de tierra a las familias campesinas en extrema pobreza, para que tengan trabajo, alimentos, vivienda, salud y educación entre otros derechos. Con dichos precios imposibilita que los campesinos pobres puedan tener acceso a la tierra, sencillamente porque no están capacitados para pagar por las mismas. Si tuvieran el dinero que les pide el INDERT por las tierras, no hubieran sido campesinos sin tierra, ni estarían en situación de indigencia o padeciendo de hambre. Si tuvieran ese dinero, hubieran comprado del mercado de tierras, y no hubieran ocupado tierras ociosas, sufrido penurias de años bajo carpas, padecidoS encarcelamientos, torturas, asesinatos y humillaciones de todo tipo en los largos años de lucha y de trámite.

Si el jefe de una finca campesina sólo logra obtener cerca de 400 mil guaraníes mensuales por lo producido en la chacra,  como estiman algunos,  en un año habrá ganado 4.800.000 guaraníes, dinero que destinará a la compra de alimentos que no puede producir en la chacra, gastos varios del hogar, al pago de energía eléctrica, costear los gastos de salud, educación, vestimenta, recreación. Dicho monto ya es insuficiente para cubrir todos esos gastos, por lo que están por debajo del umbral de pobreza.

Considerando uno de los casos, el Indert  pide a las familias campesinas de Palmital, Itapúa, 21 millones de guaraníes la hectárea, lo que por 10 hectáreas  deberán pagar 210 millones de guaraníes. Dividido en diez anualidades que es la facilidad brindada por el Estatuto Agrario, dichas familias deberán pagar 21 millones de guaraníes al año. ¿No es esto un disparate? Ni aunque quisieran no podrían pagarla.

En el año 2003, la administración colorada del INDERT de Antonio Ibáñez ha establecido una escala de precios de tierras adjudicadas a los beneficiarios en forma razonable, siguiendo los principios y objetivos de una política estatal de reforma agraria. En efecto, dicha resolución había establecido un precio teniendo en cuenta dos factores: la calidad y ubicación de la tierra adjudicada y la capacidad de pago del agricultor. Ese siempre fue el criterio del estado, desde 1936 cuando se dictó la primera ley de reforma agraria denominada Estatuto Agrario. Con el objetivo de facilitar la tierra a las familias en extrema pobreza, establecía un precio, gran parte del cual  estaba subsidiado por el estado y una parte menor pagada por el beneficiario. Sin embargo, el gobierno de Horacio Cartes, pulveriza dichos criterios y principios, haciendo imposible que los agricultores en extrema pobreza tengan acceso a la tierra, cargando todo el precio de la tierra a los campesinos más un recargo del 10 % sobre el monto del precio para mantener a toda la estructura del INDERT.

Y esta política del INDERT, además de convertir en una inmobiliaria al INDERT y al estado paraguayo, comete una flagrante violación de los derechos humanos de las cientos de miles de familias que se ven impedidas de acceder a la tierra, y  a través de ella, en forma directa  a sus derechos humanos a la vida, a la alimentación, a la propiedad y al trabajo, y en forma indirecta a sus derechos a la salud, a la educación y al desarrollo.

El nombre del programa de lucha contra la pobreza del gobierno “sembrando oportunidades” debe ser cambiado por el de “cerrando oportunidades”. La política estatal que a través de la redistribución de la tierra, daba trabajo, alimentación y vivienda a aproximadamente 1.800 a 2.000 familias por año, ahora terminó, ya no hay reforma agraria, ya no hay redistribución de tierra, ya no hay lucha contra la pobreza. Es urgente que el Presidente Horacio Cartes destituya al actual Presidente del INDERT Justo Cárdenas o si por el contrario comparte lo que está haciendo éste, es necesario que Cartes de vaya y lo más rápido posible.

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