Gobierno despoja del grado de Mariscal a López, lo califica de tirano y confisca sus bienes

La ley que “Declara bien cultural y parte del Patrimonio de la nación el inmueble denominado Palacio de López”se fundamenta en la ley dictada por el Congreso Legislativo, el 10 de julio de 1871 que aprueba el Decreto del 4 de mayo de 1870, dictado por el gobierno provisorio. Así fundamentó la Escribana Mayor de Gobierno Marta Narvaja al defender el proyecto de ley. El Decreto aprobado por dicha ley establecía “Que los bienes del ex mariscal López eran propiedad de la nación” y “que los bienes que han sido adjudicados, bajo cualquiera razón o pretexto a Elisa Lynch por el tirano y los que éste llamaba suyos …se declaran provisoriamente embargados…”.

Con esta argumentación se aclara porqué el gobierno y el Congreso no recurrieron a la ley de expropiación o a una sentencia judicial como manda la Constitución Nacional para apropiarse del Palacio de López. Es porque a juicio de los mismos, el terreno y el Palacio ya son del Estado, por disposición de aquella ley que aprobaba el decreto del gobierno provisorio.

He aquí dos cuestiones de consecuencias incalculables para el gobierno. Primero que dicho decreto y la ley que lo aprobaba fueron derogados el 1° de marzo de 1936 por el Presidente Rafael Franco por Decreto Ley N° 66 que establecía en su artículo 1° que “Quedan cancelados para siempre de los archivos nacionales reputándolas como inexistentes todos los decretos-libelos dictados contra el Mariscal Francisco Solano López, por los primeros gobiernos establecidos en la República a raíz de la conclusión de la guerra de 1865”. En su artículo 2° establecía que “Declárase Héroe Nacional sin ejemplar al Mariscal Francisco Solano López, inmolado en representación del idealismo paraguayo con sus últimos soldados en la batalla de Cerro Corá, el 1° de marzo de 1870”.

Desde esa fecha Francisco Solano López recupera su grado de Mariscal, vuelve a tener plenos derechos sobre los bienes que le han sido confiscados y deja de ser considerado por el estado paraguayo como tirano de su patria para ser considerado Héroe Nacional del Paraguay. Es por eso que cuando nos referimos a López le llamamos por su grado de Mariscal y no de ex mariscal. Por eso es que sus restos están depositados en el Panteón Nacional de los Héroes y los paraguayos y paraguayas le rendimos honores y le consideramos como el ideal del patriotismo y de los valores de nuestra nación.

De ahí entonces el desatino mayor del gobierno y del Congreso Nacional al dictar la ley que declara patrimonio nacional al Palacio de López, fundado en una ley derogada; derogada por ser contraria a los valores de nuestra nación y arbitraria, al confiscar los bienes del Mariscal por razones políticas.

Si nos colocásemos en la lógica del gobierno y del Congreso, aún está vigente la ley de 1871 que aprobaba el decreto del gobierno provisorio, y por lo tanto el Mariscal López ya no tendría dicha jerarquía, y debería llamársele ex mariscal. Así mismo, ya no sería el Héroe nacional sino un tirano que no merecería estar en el Panteón donde descansan nuestros héroes.

Pero la cosa no termina ahí. La Escribana Mayor de Gobierno ya inscribió la “Declaración” de Patrimonio Nacional del Palacio en la Dirección General de los Registros Públicos, y muy alegre anuncia que “el Palacio de gobierno ya tiene título” en el entendimiento de que el terreno y el edificio ya le pertenecen al estado por haber sido confiscada por aquella ley, derogada. De esta forma, el mismísimo palacio de gobierno encabeza la lista de los inmuebles que tienen títulos de dos pisos, el primero, que es el del Mariscal López que consta en el testamento que recibió de Lázaro Rojas que obra en el Archivo Nacional, y el título que acaban de inventar la Escribana Mayor de Gobierno, el Congreso y el Presidente Cartes. La otra pregunta que surge es ¿Cómo la Directora General de los Registros Públicos inscribió la “Declaración”, si la misma no es una sentencia judicial ni una ley de expropiación ni un contrato de compra-venta? La única explicación es que la Escribana Mayor de Gobierno acompañó la escritura con la ley de 1871, derogada e infame. Por otro lado, con esta operación, va en franco aumento la superficie total del Paraguay. Aún no es muy tarde. La ley de “Declaración” no es ni chicha ni limonada, es decir, no produce efectos jurídicos. Por lo que sin derogarla, el Congreso puede dictar una ley de expropiación, pidiéndole disculpas a los descendientes del Mariscal López y solicitando su consentimiento. Luego la Escribana Mayor de Gobierno debe remitir la ley de expropiación a la Dirección de Registros Públicos para su inscripción. Recién entonces la propiedad del Mariscal López se extinguirá para nacer una nueva propiedad, a nombre del Estado Paraguayo.

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