Frenar el genocidio de la agricultura familiar campesina

Por Perla Álvarez*

No hay un día en que no amanezcamos con alguna noticia sobre la criminalización de la lucha campesina e indígena en el mundo, pero en América Latina hay una concentración sobre estos temas que no sólo nos desayunamos, sino que hay días en que nos almorzamos y nos cenamos lo mismo.

Las luchas territoriales son criminalizadas de manera brutal a través delas más diversas formas: asesinato de dirigentes comunitarios (en Colombia se cansa una de contar los muertos [1]; en Paraguay y Brasil pasamos masacres; en Argentina, caso Cristian Ferreira [2], en Honduras, caso Berta Cáceres [3], y muchísimos más).

La estigmatización, la judicialización por causas prefabricadas, encarcelamiento: el caso de los seis campesinos presos políticos [4] y el caso Genaro Meza de Paraguay; caso Milagro Sala en Argentina; caso de comunidades enteras imputadas por oponerse a las fumigaciones en plantaciones de soja incumpliendo normas ambientales.

Y hasta la persecución de quienes nos defienden en estos casos o de autoridades que, haciendo su tarea son perseguidos políticos. Por el ejemplo, en Paraguay, el caso del juez Gustavo Bonzi, destituido por liberar a los 14 campesinos y  falsamente acusados de participar en un secuestro; y el de  los magistrados del tribunal enjuiciados por liberar a los campesinos de Curuguaty. Estos casos no son visibilizados en los medios masivos o si aparecen lo hacen de manera marginal.

Pero en los últimos tiempos, la forma más frecuente de criminalización es la persecución penal, poniendo a las fiscalías a tal efecto. Con ello se trata de frenar la lucha, atándonos a largos y tediosos procesos judiciales, retrasando importantes avances en los procesos organizativos, dividiendo nuestras fuerzas por atender estos casos y haciendo que incluso nos fragmentemos, mientras que los diversos agronegocios penetran incesantes en nuestros territorios expulsándonos, envenenándonos y matándonos.

Las empresas siguen extrayendo bienes naturales poniendo en riesgo la vida en el planeta.

Todos estos casos están vinculados a la lucha por el derecho a la tierra, al territorio, por la defensa del territorio, por el derecho a organizarse y a defenderse. Y esto sucede porque los gobiernos y los Estados no garantizan, no protege estos derechos. No sólo no garantizan y ni protegen, sino que además no los promueve y dejan que otros actores -como las empresas y una diversidad de actores armados- actúen en estos territorios persiguiendo, amedrentando, hiriendo, matando a la gente.

Para nosotros y nosotras, constituye otra forma de criminalizarnos, de no considerarnos sujetos de derechos. La violencia que se vive en las comunidades campesinas e indígenas adquiere una dimensión de emergencia y requiere una rápida acción de los Estados.

Por eso desde la CLOC-Vía Campesina venimos desde hace 17 años luchando por la Declaración de los Derechos Campesinos, en el que se nos reconozca como sujetos colectivos de derechos a nuestra forma de ser, de estar y de relacionarnos en el territorio y el derecho a seguir produciendo alimentos sanos para todo el mundo.

Es hora de frenar este genocidio, la humanidad necesita del campesinado.

¡Por una Declaración de los Derechos Campesinos, ya!

*Dirigente de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri)

Notas 

[1] https://elpais.com/internacional/2017/07/22/colombia/1500705579_551845.html

[2] https://seniales.blogspot.com/2011/11/caso-cristian-ferreyra-hay-cosas-que.html

[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_honduras_berta_caceres_am

[4] http://ea.com.py/los-seis-campesinos-fueron-condenados-por-un-delito-que-no-cometieron/

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