El principio de la doble negación

Entre los significados y los significantes puede abrirse un abismo tal que hasta el nombre de las cosas está bajo sospecha.

Por Paulo César López

Hacia los años 2006 o 2007, cuando el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos intentaba introducir la reelección a través de la enmienda, un legislador oficialista –quizá luego de hojear sus viejas fotocopias de Lógica– planteó que el texto constitucional, al emplear un doble negativo, habilitaba a los mandatarios en ejercicio a pugnar por otro periodo. El enunciado “El presidente y el vicepresidente (…) no podrán ser reelectos en ningún caso es un doble negativo. El doble negativo es una proposición afirmativa. Luego, el presidente y el vicepresidente podrán ser reelectos”. Este era –palabras más, palabras menos– su razonamiento.

Si la proscripción constitucional parecía inexpugnable ante los artificios de los más versados u ocurrentes exégetas, el terreno se ha tornado más movedizo y hasta los más convencidos se han puesto a vacilar. El artículo 290 de la Constitución Nacional, “De la enmienda”, señala que “no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado”.

Entre los argumentos a favor de la enmienda se ha esgrimido que la reelección no afecta la duración del mandato, que se mantiene en cinco años. En caso de que “el pueblo decida”, el mandato de cinco años permanecería invariable con el solo agregado de la posibilidad de prórroga. Pensemos, pues, en el hipotético caso de que el presidente actual –en contra de todos los sondeos, según la tendencia en boga–resulte ganador en los comicios de 2018.

Esta es una probabilidad que no debe ser minimizada, tal como lo demuestran las últimas “sorpresas” a nivel internacional como el Brexit, el triunfo del “No” en el referendo colombiano y la victoria de Donald Trump en EEUU. Sin embargo, en gran parte el resultado de estas votaciones han sido expresión del malestar contra los gobiernos en ejercicio, lo cual será el principal elemento que jugará en contra de una eventual candidatura de Horacio Cartes.

Por tanto, ¿la duración del mandato de Cartes no variaría aunque permanezca en el cargo durante diez años? Esto, a su vez, dependería de cómo quede fijado el límite de postulaciones, ya sean consecutivas, alternadas o, dado el caso, indefinidas. (Aquí me permito la digresión de citar a prodigios electorales como el presidente de Turkmenistán, Gurbangulí Berdimujamédov, quien en febrero pasado fue reelecto para un tercer mandato con el 98% de los votos).

Ahora bien, el artículo 229 de la Carta Magna, “De la duración del mandato”, expresa que “el Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones. De lo anterior se colige que la improrrogabilidad –o, en su defecto, la prórroga– es indisociable de la duración del mandato y, por tanto, está sujeta a modificación vía reforma.

Cabe enfatizar, además, que todo texto tiene un contexto, que hace parte esencial de su sentido. Tras los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, el espíritu de la Carta Magna fue precisamente imponer requisitos más estrictos, como la reforma en lugar de la enmienda, ante futuras modificaciones que puedan plantearse en lo relativo a la duración del mandato presidencial. Ese momento ha llegado y no parece haber mayor desacuerdo respecto al levantamiento de la prohibición.

Todo marco legal está sujeto a modificaciones ante un orden siempre cambiante y dinámico. No obstante, si por un lado la ley debe representar la voluntad del poder soberano que –en teoría– reside en el pueblo, el voto popular tampoco puede blandirse como instrumento para validar, por ejemplo, la pena de muerte.

A manera de cierre se hace la puntualización de que no es competencia de este artículo discutir sobre cuál mecanismo es más participativo y democrático (la enmienda o la reforma) ni hacer juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de tal o cual candidato. Tampoco pretende inmiscuirse en disquisiciones leguleyas, ni sostener dogmatismos legalistas ni mucho menos erigirse en guardián de la Constitución. Esto es solo un breve ejercicio de interpretación textual.

 

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