Elecciones ya

Por Julio Benegas Vidallet

En el 2023 se deberá renegociar el tratado de Itaipú. En el 2023 también se deberán pagar los 1.000 millones de dólares a los bancos de Nueva York por los «bonos soberanos». La deuda con los bancos yanquis es a 10, 20 y 30 años. A estas alturas, son aproximadamente 4.000 millones de dólares. Estas deudas tienen la particularidad de que antes de se cumplan los plazos no podés pagar si no sus intereses. Una trampa mortal. Te pasás pagando intereses de una deuda que nunca bajará. Una deuda que debés pagar enterita cuando lleguen los plazos.
El Estado paraguayo empezó a contraer estas deudas a meses de aquel golpe al gobierno de Fernando Lugo. Y lo hizo y lo hace sin fuentes de financiamiento. Es decir, se endeuda sin saber ni decir de dónde se sacará la plata para devolverla. Esta situación ha hecho que de todas las ùltimas deudas contraídas con los bancos de Nueva York, buena parte ya sea utilizada para pagar los intereses.
Las fuentes de financiamiento podrían estar a la vista de todos: impuestos a la exportación en bruto de los granos transgénicos y a la exportación de la carne, canon por el uso industrial del agua en las industrias de cervezas y gaseosas y también al cigarrillo, pero, ya sabéis, esta perspectiva puede explorarse con un gobierno de gran respaldo popular e institucional, cosa que, por ahora, no se avizora. Pero no son solo las deudas.
El Estado paraguayo se ha desfinanciado para inversiones de envergadura, imprescindibles ya: trenes, nuevos caminos, escuelas, hospitales.
Aunque hay nichos presupuestarios que se pueden reorientar, como el dinero del seguro privado de trabajadores estatales o las becas de estudios en el sistema privado (el Estado en este país banca seguro privado y becas en universidades privadas), los cargos y las asesorías y las concejerías de empresas estatales y binacionales, el dinero que el Estado necesita para las obras de gran envergadura y para bajar el nivel de tensión social generando algo de economía redistributiva es grande.
Ubicar al país con cierta armonía con las demandas de viviendas, salud, educación, transportes, impone intervenir con fuerza y decisión en la administración de los recursos energéticos y en el establecimiento de los impuestos directos.
En la actualidad, el gobierno ha quedado expuesto a una extrema debilidad, fruto, entre otras cosas, de su ilegitimidad de origen: solo el 25 por ciento de la población electoral lo votó, y, fruto también, claro está, de no haber figurado una respuesta concreta a las demandas sociales.
No es tampoco mucho lo que se le puede exigir a un gobierno cuya única propuesta que se le recuerde bien fue que los jóvenes vuelvan a los cuarteles.
Las conversaciones con Brasil las empezamos muy mal. Empezamos con un acuerdo de gallos y media noche y con indicadores de que nuestros representantes buscan tajadas de nuevos negocios con la energía producida.
Las resoluciones han dejado al gobierno de Mario Benítez atado a múltiples intereses corporativos, entre ellos a los del Grupo Cartes, que se juega grandes negocios con el cigarrillo y otras áreas, y cuenta con una bancada abigarrada en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Para salir de este escenario con cierta dignidad patriótica, se debe convocar a nuevas elecciones en la búsqueda de cierta legitimidad para buscar acuerdos con Brasil e imaginarse discutir los impuestos directos.

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