El Gobierno debe volver a invertir en la lucha contra el hambre y la extrema pobreza rural

Por Alberto Alderete

La reforma agraria, con todas sus falencias, ha sacado del hambre y de la extrema pobreza a decenas de miles de agricultores campesinos. Hoy, el nulo presupuesto que el gobierno proyecta asignar al INDERT para la compra de tierras, amenaza con terminar la única política que tiene el estado para superar la extrema pobreza rural. Con el INDERT pasa lo que pasa con el IPS. De ésta sólo escuchamos sus faltas y falencias de todo tipo, pero poco escuchamos que salva miles de vidas todos los días. Lo mismo con el INDERT, del cual sólo se visibilizan sus fracasos, no así sus logros.

Según registros del INDERT, de 2009 a 2020 el estado ha adquirido 149.316 hectáreas de tierra por un costo total de 943 mil millones de guaraníes, beneficiando a 15.814 familias compuestas por 71.163 personas, con lotes de diez hectáreas cada una, en asentamientos o colonias que cuentan con caminos, escuelas, puestos de salud, energía eléctrica, espacios recreativos, áreas de reserva y algunos con agua potable. Estas familias cuentan con viviendas y chacras en las que cultivan variedades de rubros de auto consumo y algunos de renta con los que generan pequeños ingresos financieros, crían cerdos, gallinas y en pocas medidas, vacas. Mediante la reforma agraria estas familias han realizado, en forma directa, sus derechos humanos a la alimentación y al trabajo, y en forma indirecta han tenido acceso a la educación escolar básica, a la vivienda y a la salud.

Salieron de la exclusión política y social para convertirse en ciudadanos, con auto estima, que participan en la vida de sus comunidades ejerciendo sus derechos civiles y políticos. En resumen, el derecho a la vida, en cuanto que bien de la personalidad prioritario y fundante de los demás bienes de la personalidad. ¿Qué otro plan estatal ha sacado del hambre y de la exclusión a tantas familias campesinas? Ninguno. Estos son, a pesar de las falencias, los logros de la reforma agraria, que permanecen escondidas de la opinión pública.

Sin embargo, en el Presupuesto General de Gastos para el 2021, el gobierno asigna sólo Gs 20 mil millones al INDERT para compra o pago por tierras, lo que servirá para pagar sólo el 3 % de los 710 mil millones de guaraníes por deudas antiguas de tierras, y ya no sobrará ni un guaraní para la compra o pago por nuevas tierras. Según documentos obrantes en el INDERT, desde el 2013 el gobierno viene recortando el presupuesto del INDERT, tanto para compra de tierras como para su funcionamiento, a la vez que el precio de las tierras ha ido aumentado de Gs 8 millones la hectárea en promedio en el 2009 a Gs 15 millones la hectárea en la actualidad, lo que se traduce en una menor capacidad de compra de tierras para su adjudicación.

En el 2013 el presupuesto del INDERT fue (en miles de millones) de Gs 445.399.875 del cual 285 mil millones era para compra de tierras; en el 2014 Gs 304.387.123 del cual 169 mil millones era para compra de tierras; en el 2015 Gs 430.052.844 del cual 110 mil millones era para compra de tierras; en el 2016 Gs 293.125.402 del cual 119 mil millones era para compra de tierras; en el 2017 Gs 293.125.402 del cual 66 mil millones para compra de tierras; en el 2018 Gs 184.979.664 del cual 66 mil millones era para compra de tierras; en el 2019 Gs 159.829.085 del cual 53 mil millones era para compra de tierras y en el 2020 Gs 146.164.753 del cual 32 mil millones era para compra de tierras. Para programas de arraigo, en el 2013 el FIDES tuvo un presupuesto de Gs 86.084.286.980 y en el presupuesto del 2021 Gs 7.630.725.000. Una evolución del presupuesto del gobierno asignado al INDERT entre los ejercicios fiscales del 2013 y el 2021 muestra un recorte del 76 % para gastos del INDERT, una disminución del 93 % para compra de tierras y un recorte de 91 % para el FIDES.

Como se observa, el mayor impacto en la compra y adjudicación de tierras se dio del 2009 al 2016 por la mayor disponibilidad de presupuesto, siendo a partir del 2017 que se produce una caída acelerada hasta niveles nulos en el 2021.

Esta es la dramática como inadmisible situación presupuestaria del INDERT, cuyos funcionarios están haciendo lobby con el Ministerio de hacienda y la comisión de hacienda del senado para una ampliación presupuestaria para compra de tierras de Gs 80 mil millones, que se sumarán a los Gs 20.887.707.095 ya presupuestados, con lo que se completarán Gs 100.887.707.095 con Fuente 20 denominada Recursos del Crédito Público.

La redistribución de la tierra a los agricultores campesinos, aunque mínima, ha tenido una importante contribución para que los campesinos se queden en el campo, disminuyendo la migración campo-ciudad. Según datos publicados en el 2010 por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), la reducción o pérdida total de la superficie de la agricultura familiar entre 1991 y 2008 que abarca el último Censo Agropecuario Nacional, puede calcularse en 366.593 hectáreas, equivalente a la mitad del total de tierras adquiridas para reforma agraria en casi igual período de tiempo. Es decir que 366.593 hectáreas de la agricultura familiar han desaparecido pasando a engrosar el estrato de los medianos agricultores. Pero al mismo tiempo aproximadamente 733 mil hectáreas pasaron a engrosar el estrato de la agricultura familiar mediante la reforma agraria del gobierno.

Si se compara la redistribución de la tierra a las familias en extrema pobreza en los 18 años entre 1991 al 2008 (733 mil has) y en los 11 años, del 2009 al 2020 (149.316 has), se ve que hubo una disminución de la redistribución de la tierra del 40 % aproximadamente en 10 años. Esta disminución se explica por cuatro motivos: a) la coyuntura política y social determinada por la caída de la dictadura y las aspiraciones democráticas de los campesinos sin tierra, que se tradujeron en una explosión social por la tierra que obligó al estado a darle respuesta; b) el precio aún bajo de las tierras, lo que permitió comprar o pagar por mayor cantidad de tierra; c) la disminución de la movilización campesina por la tierra en los últimos 11 años comparada con el periodo post dictadura, que aflojó la presión sobre el estado que redujo el presupuesto del INDERT, y, d) el aumento de los precios de la tierra en los últimos 11 años.

Ya se han expuesto los logros de la reforma agraria, que no han tenido la misma visibilidad que sus fracasos, los cuales ya son harto conocidos, pero que son mejor comprendidos si están corroborados por datos relevados en los asentamientos, que son deficiencias que han impedido un mayor desarrollo económico y social de los beneficiarios de la reforma agraria. El INDERT-SIRT concluyó en el 2015 un relevamiento de 96.937 lotes existentes en 333 colonias del INDERT, del total de 993 colonias existentes, cuyos datos se citan a continuación: de 96.937 lotes sólo 11.381 lotes tienen títulos de propiedad (11,7 %); 83.007 lotes (85,60%) tienen viviendas; Sólo 2.368 lotes (3,6 %) han recibido asistencia técnica, 79 % pública y 21 % privada; sólo 4.499 lotes (4,6 %) han recibido asistencia crediticia pública (CAH 42,9 %, BNF 6,4 % y Fondo Ganadero 0,6 %) y 4.509 lotes (4,7 %) han recibido asistencia crediticia privada (financiera 31,9 %, Cooperativa 8,1 %, acopiador 1,8 %, comerciantes 8,2 %).

Por otro lado, de 73.190 viviendas, 24.468 (33,4 %) tienen agua potable proveídas por SENASA, 28 % tiene agua de pozo común con y sin bombas, 6,6 % tiene pozo común comunitario y 13,6 % tiene fuentes de agua no identificadas.

Así mismo, de 73.190 viviendas, 24,3 % tienen letrina de hoyo seco; 31,1 % tienen letrina común sin techo ni puerta; 1,7 % tienen letrina ventilada de hoyo seco; 10,5 % tienen baño con arrastre de agua, con cámara séptica y pozo ciego; 20 % tienen baño con arrastre de agua con pozo ciego y 0,1 % tienen baños conectados con alcantarillado sanitario.

En cuanto a la situación de la mujer con respecto al lote, de 2.855 titulares, 2.345 son varones y 510 mujeres; de 1.260 solicitantes no titulados 920 son varones y 340 mujeres; de 45.165 ocupantes en posesión por el INDERT, 31.466 son varones y 13.699 mujeres; de 158 que alquilan del titular, 104 son varones y 54 mujeres.

La reforma agraria con sus logros y sus fracasos sigue siendo una estrategia absolutamente válida e inexcusable para el combate al hambre y a la extrema pobreza rural. Tanto el presidente Mario Abdo Benítez como la Cámara de Senadores, no pueden negar este pedido de ampliación presupuestaria, así como que debe reponer el presupuesto que tuvo en años anteriores, so pena de ser responsables de negar el derecho a alimentarse a miles de familias que padecen de hambre, así como de arruinar la única estrategia del gobierno para la lucha contra el hambre y la extrema pobreza rural.

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