El extraño caso del fiscal Rachid

Por Paulo López

Como un crimen perpetrado a plena luz del día y a cara descubierta irrumpió en la tarde de este viernes la confirmación de que el fiscal del caso masacre de Curuguaty, Jalil Rachid, fue nombrado por el presidente Horacio Cartes como viceministro de Seguridad. La perplejidad y el asombro estallaron precisamente en momentos en que se está desarrollando el juicio a los campesinos acusados por la matanza.

Los principales cuestionamientos apuntan a su deficiente desempeño en la investigación del caso, donde solo están procesados los campesinos y no hay un solo policía investigado por la muerte de los once labriegos, a pesar de las denuncias formales radicadas en la Fiscalía de Derechos Humanos y los indicios de que habrían existido ejecuciones extrajudiciales de personas heridas y ya reducidas por la policía así como torturas para direccionar las declaraciones indagatorias. Además, los cargos son por homicidio doloso en grado de tentativa, pues el agente no puede determinar quién mató a quién, por lo que los campesinos se enfrentan a penas de cárcel de hasta 30 años sin que en la ya anunciada condena se pueda precisar la responsabilidad individual de cada uno.

Asimismo, la propia declaración de los policías que mencionan la existencia de ráfagas de armas automáticas así como la incertidumbre sobre cómo se iniciaron los disparos arrojan sombras sobre la tesis del Ministerio Público, que se reafirma en que los policías supuestamente ingresaron desarmados con el fin de “dialogar” y que allí fueron emboscados por los ocupantes.

Otra de las objeciones que pesan contra Rachid es el ocultamiento de pruebas en que habría incurrido, como la desaparición de la filmación del helicóptero que sobrevolaba el lugar y los casquillos de armas automáticas que le fueron entregados por el político colorado Julio Colmán, quien tras incitar en su programa radial a la realización del desalojo se constituyó en el lugar a intervenir sobre la escena. La defensa de los campesinos también cuestiona que una escopeta que fue robada días después de la masacre fue introducida de manera irregular como elemento de prueba contra los acusados.

El nombramiento de Rachid también corona el círculo que se inicia con la masacre, sigue con la destitución del presidente Fernando Lugo y el posterior retorno del Partido Colorado a la titularidad del Poder Ejecutivo, agrupación política a la cual está afiliado el fiscal. De esta forma, el agente encargado de formalizar judicialmente el libreto del golpe parlamentario pasa a ser un funcionario directo del principal beneficiado con la matanza, el gobierno que resultó electo el 21 de abril de 2013.

La administración Cartes, en efecto, ya había actuado de claro coadyuvante del libreto del fiscal Rachid al haber aceptado la “donación” de una fracción incompleta de las tierras de Marina Kue de parte de Campos Morombí, reconociendo de esa forma la titularidad de la propiedad a la firma privada y, por tanto, avalando los cargos por invasión de inmueble y asociación criminal así como el irregular desalojo llevado a cabo con una orden de allanamiento.

Al mismo tiempo, el nuevo cargo al que fue ungido coloca a Rachid como superior directo de los policías que están declarando como testigos en el juicio. Esta presión se suma a las muertes de testigos ocurridas en extrañas circunstancias, como la del piloto Marcos Agüero, quien estaba al mando del helicóptero que sobrevoló el lugar en el momento del tiroteo y que falleció en un “accidente” en agosto de 2015.

Por el contrario, otras muertes no ocurrieron de manera tan accidental, como la de Vidal Vega, ultimado por sicarios el 1 de diciembre de 2012 por causas que apuntan a su estrecha colaboración con investigaciones alternativas de la masacre.

En la tragedia de Hamlet, el criminal cae en evidencia por su nerviosismo y el raudo retiro de escena ante la representación de su crimen en una puesta teatral. ¿Qué sentirá Rachid al contemplarse a sí mismo vertiendo el veneno?

Comentarios

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1 Comentario
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    Adalberto Cano Arias
    Posted at 21:14h, 19 enero Responder

    La mayor evidencia es que este fiscal ha maquinado la más grande falsedad quizàs, en toda la historia de la «justicia» paraguaya para inculpar a los campesinos, con argumentos falaces hasta rìdìculos y risibles!Tantas otras evidencias ha presentado este fiscal una de las cuales, bien en claro que la ANR, partido al cual pertenece, como su padre, no es en absoluto un partido «agrarista, nacionalista Y campesinista» como tanto han discurseado sus lîderes y ha demostrado que ese partido histôricamente rematador de las tierras pûblicas ùltimamente enajenàndolas para brasileños y dejando al campesino paraguayo sin la heredad nacional,. también para favorecerles a los grandes mandamases de ese partido (Los Riquelme poseen mâs de 100 mil Has). Esta son algunas de las pruebas que ha presentado y no se en dònde estàn los proyectiles de las autopsias de los muertos y si esto se llevò a cabo que es por donde empieza la investigaciòn buscando el enclarecimiento de los hechos de esta laya. Como ciudaddano comùn y como mucho de mis congèneres me doy cuenta de todo esto como, que tambièn, no me extraña que los añejos medios de prensa, tal vez còmplices y encubridores, no se hacen la misma pregunta, no se escandalizan por todas las anormalidades de la actuaciòn de este fiscal y pr el contrario, parece ser partìcipe de esta comedia fiscalera. Es claro Asunciòn siempre ha sido una urdiembre de intereses creados polìticos economicos sin pausa y sin nombres. Dixi

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