El cuco de los funcionarios públicos en el país de los mitos

Por José Escauriza

La deficiente gestión pública y el manejo clientelar de los cargos por políticos corruptos genera un creciente descontento en la ciudadanía, es innegable que se deben tomar medidas, entonces, ¿cuáles medidas deben adoptarse y cómo deberíamos resolver este problema?

Algunos datos para derribar mitos

Se estima que más del 75% de los funcionarios públicos trabajan en rubros claves del país: educación, salud y seguridad; por tanto, una reducción del funcionariado estatal afectará gravemente estos derechos ciudadanos fundamentales, si se hace de manera masiva y no planificada.

Si bien no hay un censo minucioso actualizado, se cree que un porcentaje importante de este sector laboral paraguayo no tiene capacidad ni formación académica para el cargo y función que desempeña, otra parte no trabaja en aquello para lo que sí está capacitado y en otra proporción están funcionarios que en verdad no cumplen función alguna.

Paraguay es un país pobre y se cree erróneamente que tiene muchos funcionarios públicos, sin embargo, los países con mayor cantidad de funcionarios públicos en el mundo son justamente los que tienen el más alto nivel de vida y desarrollo. La lista encabeza Noruega, que en 2015 contaba con cerca del 30% de empleo de funcionarios públicos, respecto al empleo total. Le siguen Dinamarca (29,1%) y Suecia (28,6%). Paraguay está lejos de esas cifras, tiene 9,8% de empleo público respecto a la totalidad de empleo, lo cual no solo es un bajo porcentaje, sino que está 2,2% por debajo del promedio mundial que es de 12%, según datos de la OCDE. *

Si bien el porcentaje del gasto actual presupuestario en salarios es alto, esto obedece a una muy baja recaudación, principalmente por la configuración de una matriz impositiva que es deficiente y desigual y por la gran evasión impositiva que se encuentra en niveles extremadamente altos según informes de los propios entes de recaudación. Cabe destacar que, a pesar de esto, la inversión pública en Paraguay es comparativamente alta con respecto al PIB.*

La inversión del Paraguay alcanza el 3,4% del PIB*, siendo el segundo más grande de la región y por encima de los promedios de ALC (2,6%) y OCDE (3,2%). La inversión pública en Paraguay es impulsada por proyectos de infraestructura, principalmente carreteras. Este dato objetivo nos demuestra claramente donde está el problema de la falta de inversión: el estado necesita generar más recursos y usarlos de manera eficiente. En términos sencillos se puede decir que: Pocos fondos totales = pocos servicios y derechos no cumplidos.

El problema que debemos resolver

Es injusto e ilegal que una persona cobre sin trabajar, más aún con un Estado ineficiente que no logra cubrir los servicios básicos y hacer cumplir los derechos de la gente.  La problemática en el Paraguay pasa por el modo de ingreso al Estado, por la forma en que se nombra a los funcionarios, lo poco o nada que se los capacita y cómo se los utiliza políticamente, de manera clientelar, año tras año, elección tras elección.  Ante esta realidad, la estabilidad es una herramienta legal para combatir ese clientelismo y utilización perversa de los cargos.

Es necesario y urgente un estudio, censo y auditoría que permitan dilucidar la situación del funcionariado público, con datos precisos respecto a la capacidad, ubicación y funciones de cada uno, por institución pública.

También es necesario eliminar la discrecionalidad de los políticos de turno en la contratación de personal.

Consecuencias directas de un despido masivo

Un despido masivo de funcionarios, sin una racionalidad y justificación, causará que aumente la masa laboral pasiva, haciendo disminuir los salarios promedio del sector privado y generando una inmediata disminución del consumo, causando graves daños a la muy deteriorada economía paraguaya.

Si la masa laboral pasiva es mayor (entiéndase, mayor cantidad de desempleados) los salarios se reducirán, pues el desempleado en competencia con otro, se verá forzado a aceptar cualquier salario para conseguir trabajo y los mecanismos de control (Ministerio del Trabajo y otros) son absolutamente débiles e insuficientes.

Vayamos a un ejemplo práctico, si un empleador tiene 100 personas disponibles para un puesto, se quedará con el más capacitado, que pretenda el menor salario, en tanto, si tiene pocas personas a disposición para cubrir el cargo, deberá ofrecer mejor posibilidad de salario, porque la oferta de mano de obra disponible será menor, esto es básica oferta y demanda.

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ¿QUÉ HACER?

Algunas medidas para mejorar la eficiencia del funcionariado público y el gasto podrían ser:

1. Aplicar mecanismos de ingreso con criterios de capacidad, mérito, riesgo y responsabilidad.

2. Gestionar la ubicación y función de las personas en base a sus capacidades.

3. Mejorar la gestión de los recursos humanos con sistemas de control de asistencia y calidad del trabajo.

4. Ordenar la matriz salarial favoreciendo la formación académica, capacitación, el riesgo y la responsabilidad.

5. Implementar la carrera del funcionario público, con políticas de formación académica y capacitación permanente.

6. Mantener la estabilidad laboral como garantía fundamental contra las presiones de los políticos de turno.

7. Reducir la modalidad contractual a las necesidades temporales, con procesos simplificados, solo con las debidas justificaciones.

8. Simplificar los sumarios administrativos y la aplicación de sanciones para quienes cometan mal desempeño de funciones, faltas administrativas o acumulen ausencias injustificadas.

¿Qué no hacer?

1. Permitir el ingreso de funcionarios sin mecanismos de control de capacidad y mérito y en lugares en los que no se necesita.

2. Eliminar la estabilidad y equiparar al sector privado, teniendo en cuenta que los altos mandos en el sector público cambian cada 5 años y la supresión de este derecho laboral resultará, inexorablemente, en una mayor dependencia del político de turno, aumentando el clientelismo y la utilización indiscriminada de los cargos.

3. Mantener el desorden actual de la matriz salarial que permite las injusticias.

* https://www.oecd.org/gov/alc-paraguay.pdf

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