Cuidado con lo que le pasó a  Argentina y a Uruguay

El pasado 8 de abril del corriente año, el CIADI condenó a la Argentina a pagar 405 millones de dólares a la empresa Suez, de origen francés y a la empresa española Aguas de Barcelona. Las empresas demandantes alegaron violaciones de los Tratados Bilaterales de Protección a las Inversiones (TBIS), firmados entre Argentina y los estados a los cuales pertenecen los demandantes. A esto hay que agregar que  la Argentina ha sido demandada y condenada por el CIADI a pagar en total a empresas extranjeras prestatarias de agua potable, gas y energía eléctrica, 1.580 millones de dólares por todas las demandas, de la cual consiguió una quita mediante negociaciones de 917 millones de dólares. La última condena del CIADI del pasado 8 de abril a la Argentina fue porque el gobierno se había negado a subir las tarifas de agua y cloacas que las empresas extranjeras exigieron al gobierno en el 2006. El gobierno alegó que no había motivos para el aumento, pues tenía un pésimo servicio y daba agua contaminada a 800 mil personas. Por otro lado, los pedidos hechos por el  gobierno a las empresas, a  realizar las inversiones que habían prometido para mejorar la infraestructura y la ampliación de las redes de agua y cloacas, fueron desoídas negándose a cumplirlas, mientras 3 millones de personas reclamaban agua potable y unos 4,5 millones reclamaban cloacas al estado, motivos que  ocasionaron que el gobierno rescindiera el contrato con dichas empresas.

Uruguay por su parte, fue demandada en el 2010 ante el CIADI por la empresa tabacalera Philip Morris , de capital Suizo, el cual reclamaba un pago de 2 mil millones de dólares, alegando que merecen una compensación por los perjuicios que le ha significado las medidas legislativas y gubernamentales para combatir el consumo de cigarrillo, que en el 2005 causaba la muerte de 5 mil personas al año en dicho país.  “Philip Morris discute dos medidas, la exigencia de retirar del mercado 7 de sus 12 productos y la obligación de aumentar a 80 % la superficie de los paquetes de cigarrillos dedicada a los mensajes sobre los riesgos del tabaco para la salud”, indicó Anne Edwards, directora de comunicación de Philip Morris, y, “no nos queda más que litigar”, completó Morgan Rees, director general de la mencionada firma.

Esta situación que atraviesa  Argentina y Uruguay, debe prevenirnos, en relación a las concesiones y adjudicaciones que pudiera realizar el Paraguay a empresas extranjeras.  No se trata de rechazar las inversiones extranjeras, sino de que las mismas sean en beneficio del país, de que se sometan a la jurisdicción del estado paraguayo, de sus instituciones y de sus leyes. El Paraguay,  ha firmado 28 Tratados bilaterales de Protección a las Inversiones (TBIS), iguales a los firmados por Argentina, de los cuales 22 fueron suscritos a partir de 1990, y sólo con  Francia tenía firmado el Paraguay un tratado, antes de ese año, en 1978. El 50 % de los mismos se firmaron con los países desarrollados. Los mencionados Tratados firmados por Paraguay  tienen la misma naturaleza y el mismo contenido, y los mismos no varían en los demás países. Paraguay ya había sido condenado el año pasado por el CIADI a pagar a la firma francesa Bureau Veritas (Bivac B.V.) y a la firma Suiza Societé Genérale de Surveillance (S.G.S) 62.500.000 dólares, en concepto de indemnización por incumplimiento de contrato. Paraguay había rescindido los contratos con dichas empresas porque no hicieron el trabajo que se había pactado, pese a los reiterados pedidos del gobierno de Raúl Cubas y aún así,  seguían cobrando millonarias sumas.

Los 28 TBis firmados por Paraguay tienen contenidos muy perjudiciales y peligrosos para nuestro país, entre los que podemos citar:

  • Adopta una definición muy amplia del término “Inversiones”, a tal punto que hasta los activos, bienes muebles e inmuebles, procesos tecnológicos, conocimientos, las sociedades, los bonos, las obligaciones y otras formas de intereses, los derechos contractuales, las propiedades intangibles como los arriendos, prendas e hipotecas,  los derechos de autor, los diseños industriales, las patentes sobre variedades vegetales, los secretos comerciales y los nombres comerciales entre otros, son considerados como inversiones.
  • Obliga al Paraguay a abdicar de su función jurisdiccional y legislativa a favor del CIADI,  restringiendo la soberanía del estado.
  • Se convierte en un régimen de privilegios que otorga inmunidad e impunidad al capital extranjero, frente a las políticas de desarrollo del país o de protección al medio ambiente o la salud de la población. Otorga al capital extranjero la preferencia de reemplazar el derecho del estado paraguayo, por un régimen unilateral de protección de sus inversiones y su capital que le garantiza el CIADI.
  • Los inversores y el CIADI interpretan como “expropiación indirecta u otras medidas que equivalgan a expropiación”, cuando un Estado adopta una medida que modifica las condiciones existentes al momento de efectuar su inversión y por ende modifica sus ganancias futuras.
  • Los TBIS tienen un efecto retroactivo y otro residual, de tal manera que afecta a inversiones anteriores a su entrada en vigencia y posteriores al término de su expiración. Los TBIS firmados por el Paraguay tienen vigencia desde antes de su suscripción,  hasta 10 años después de su expiración o denuncia (renuncia).
  • Las empresas extranjeras demandantes adquieren la categoría de estado, al extremo de que inclusive puede llevarle a un juicio ante paneles arbitrales internacionales.
  • Prohíben al Congreso Paraguayo la expropiación de tierras rurales inexplotadas o abandonadas, impidiéndole aplicar su propia constitución nacional.

El  Centro Internacional Para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), es una entidad de arbitraje internacional, donde empresas multinacionales pueden demandar a Estados que tomen medidas que afectan sus negocios en virtud de los Tratados mencionados. Fue creado en 1965, tiene su sede en Washington y es una de las cinco instituciones que conforman el Banco Mundial. El CIADI es supuestamente un árbitro internacional independiente, pero pertenece al funcionamiento del Banco Mundial y depende financieramente de él. Los laudos arbitrales dictados por el CIADI para la resolución de querellas internacionales relativas a inversiones, no son independientes, neutrales ni imparciales, porque el BM es juez y parte en estos procesos. Estos TBis y  el CIADI han generado el reclamo generalizado de los países perjudicados. Veamos algunos indicadores:

Del total de casos sometidos al arbitraje del CIADI,  el 70 %  termina a favor de las empresas multinacionales y en contra de los estados. Pero no en contra de cualquier estado, sino en contra de los estados pobres, quienes son los receptores de las “inversiones”. En el CIADI hay 439 casos de empresas extranjeras contra estados, de éstos, 159 casos pertenecen a países latinoamericanos; 99 a países africanos; 71 a países asiáticos y 84 a Estados Unidos y  países de Europa. Así tenemos que de 439  casos en el CIADI, 329 corresponden a países pobres. En Latinoamérica, la Argentina es el país con mayor caso de demanda con 50 casos. El Paraguay ha tenido tres casos, de los cuales perdió dos, que son los citados precedentemente.

Hasta principios de la década de los años de 1980 el marco jurídico para dirimir las controversias suscitadas en relación a las inversiones extranjeras era el conocido como la doctrina Calvo, llamada así por ser de autoría del diplomático argentino Carlos Calvo. Esta doctrina ha imperado en el Derecho Internacional en Latinoamérica hasta la firma de los TBIS y sostenía que los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados por lo que los inversores extranjeros no pueden pretender que sus controversias con él sean resueltas por la vía diplomática, de Estado a Estado, teniendo en cambio el derecho de recurrir ante las autoridades nacionales o los tribunales del Estado en que ha efectuado la inversión y que los extranjeros no debían gozar de privilegios.

Esta doctrina hacía inconcebible que una persona natural o jurídica pudiese demandar al conjunto del Estado por cuestiones relativas a inversiones como igual. Pero, la febril competencia por atraer la inversión extranjera directa a los países receptores pobres, motivó que los Estados Latinoamericanos suscriban en las siguientes dos décadas estos TBIS, sin detenerse probablemente a un estudio más riguroso de las implicancias del  contenido de sus cláusulas. Brasil y México sin embargo nunca firmaron y ello no fue obstáculo para que sean receptores de la inversión extranjera.

Paraguay debe prevenirse contra  las empresas multinacionales deshonestas y corruptas que se instalen en el país. La solución de fondo sería la modificación de los TBis o la denuncia al CIADI como ya la hicieron algunos países. Pero eso es posible en la actualidad? Es azas complicado porque “ña ne mbo firmama hikuai ñaimo´a rupi iporaha”. Pero alguna medida podría comenzar porque  el Congreso revise la abdicación de su potestad legislativa y de control hecha a favor del ejecutivo, en la ley de Alianza Público-Privada. Si no, quién o qué organismo defenderá los intereses de la población y del país en caso de errores o arbitrariedades del Poder Ejecutivo?

                                    

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