Cuando el derecho se hace violencia

A Mariano Castro

El siglo XXI en América Latina tiene dos momentos acerbos y borrascosos: el golpe de Estado en Honduras (2009), al gobierno de Zelaya y en Paraguay (2012), al gobierno Lugo. Éste tuvo una razón pretextual: la masacre de Marina Kué (en Curuguaty) en la que murieron 11 campesinos y 6 policías. Según la acusación del fiscal Jalil Rachid –un personaje tenebroso de la Historia– los policías fueron emboscados por campesinos y esto derivó en un enfrentamiento armado que causó la muerte de 17 personas. Como potenciales culpables de la masacre son sindicados y ¿alguna vez serán juzgados? por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa acabada: Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Adalberto y Néstor Castro, Arnaldo Quintana y Luis Olmedo Paredes. Para Lucía Agüero, Fanny Olmedo y Dolores López la acusación es de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez son acusados de invasión de inmueble y asociación criminal. Felipe Nery Urbina es inculpado por frustración de la persecución penal. Una adolescente de 17 años en el momento de los hechos –Raquel– tiene los mismos cargos que las otras mujeres, pero bajo las normas de los procesos a personas menores de edad.

Esto es Curuguaty: superficialmente. Porque en realidad se trata de un conflicto mayor de la historia política reciente. ¿Qué sentido tienen esxs 13 campesinxs? ¿Qué sentido tienen para el Estado paraguayo? Cuyo Poder Judicial debería haber dictado ya una sentencia de nulidad si la Justicia no fuera injusta. Ahora digamos algo más en la lengua (pues es pura potencia de significar) acerca de las crueles consecuencias reales de Curuguaty.

Si el fin de la ciudad es vivir según el bien (individual y colectivo), el Estado paraguayo post golpe de 2012 –y no sólo en lo que concierne a Curuguaty– ha demostrado que el fin de la ciudad es vivir según el mal: el mal para muchos que es el bien de pocos. Entre los que ejercen el mal está Jalil Rachid. Y si por un lado tenemos la Comunidad de bien, del otro se sitúa la comunidad de mal. Que tienen sus complementos en justo e injusto, placentero y doloroso. La comunidad del bien está integrada por lxs 13 campesinxs y aún por los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales; por más que hayan sido apartados de la defensa y que a lo largo de tres años se ocuparon con pericia de sus defendidxs.

El Estado paraguayo post golpe ha demostrado el deseo –hecho carne– de relegar a lxs campesinxs de Curuguaty a la simple vida natural. Pero ellxs, en una serie que va desde Rubén Villalba en los calabozos de Tacumbú, hasta Fanny Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero con sus hijitos a cuestas, pasando por Raquel, están disputando al Estado una vida cualificada. Un modo de vida particular. Que tiene sentido político y que por eso interpela a la militancia, donde sea que ésta esté. El Estado paraguayo ha puesto en entredicho el ser viviente de lxs campesinxs. Y por eso habitan la intemperie de la vida. Ha suspendido sus derechos. Más: lxs 13 campesinxs que desde hace 3 años esperan un juicio cuya racionalidad es el aplazo –ya fue postergado cinco veces– encarnan un estado de excepción, ya que para ellxs el Estado ha suspendido la validez del orden jurídico (salvo el derecho penitenciario, que actúa sin haberse esclarecido su culpabilidad). Y si el orden jurídico puede entenderse como sanción de un hecho transgresor, aplazar el juicio puede significar sólo la suspensión de las decisiones jurídicas. En este sentido, lxs campesinxs son una exterioridad que/de espera.

En Paraguay el estado de excepción tiende a convertirse en regla para todas las subjetividades diversamente deseantes en tensión con el Estado: campesinxs, indígenas, travestis. Hay otrxs. Y precisamente por eso es posible enunciar sin resquemores –dado que hace sentido– “campesinx sin tierra” –que quiere decir “sin vida”: pues con la tierra el campesinado vive– porque el Estado concentra poderes que temen la vida. Lxs campesinxs de Curuguaty reivindican para sí –y para el campesinado sin tierra en conflicto con Estados negadores de derechos– una liberación que significa transformar la simple vida natural en una forma de vida que reclama libertad (y felicidad: vaya detalle) en esa localización fundamental en la que el Estado –por más desproporcionado que parezca– sitúa la servidumbre. Desde que existe.

* Universidad Nacional de General Sarmiento/ Conicet

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