¿Cuáles son los intereses de Cartes en la Colonia Barbero?

El próximo 15 de junio debe realizarse la mensura judicial que hasta ahora ha sido sistemáticamente trabada por empresarios que ocupan ilegalmente fracciones de la Colonia Barbero.

Por Paulo López

El 14 de junio de 2012, un día antes de la masacre de Curuguaty –antesala del golpe parlamentario contra el gobierno de Fernando Lugo– el Gobierno italiano firmaba con la Cancillería Nacional un acuerdo de donación de las tierras de la Colonia Barbero, ubicadas en el distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, departamento de San Pedro.

La rúbrica del tratado tuvo por fin formalizar la posesión de las tierras de parte de los campesinos sujetos de la reforma agraria. Desde esa fecha hasta el presente se han realizado varias maniobras con el fin, primero, de retacear la superficie del inmueble y, posteriormente, evitar la realización de una mensura judicial que esclarezca los lindes de la propiedad.

El propio presidente Horacio Cartes intervino para frenar la medición que ya fue aprobada en el Poder Judicial. En una de las tantas fechas fijadas para la realización de la mensura, el 28 de diciembre de 2015, el coronel Alcides Cirilo Matto Arce remitió una nota a la jueza Rocío González Morel en la que señala que, con “anuencia del Señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación” (el presidente Horacio Cartes), se comunica que el nombrado perito agrimensor para realizar la mensura judicial, Santiago Teófilo Vera Duarte, no es autorizado a realizar la diligencia, pues ello “requiere dedicación de un tiempo indeterminado para intervenir en un juicio eminentemente de naturaleza civil que afectará el servicio, en razón de que el mismo ejerce el cargo de Sub Director del Servicio Geográfico Militar, relevante función que requiere una absoluta dedicación al mismo”. Al final de la nota se remarca que la comunicación se realiza “POR ORDEN DEL SEÑOR COMANDANTE EN JEFE”, es decir –reiteremos– el presidente Horacio Cartes.

Además de una planta de tabaco de su propiedad–La Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA– instalada en las tierras donadas para los campesinos, cuál sería el interés del presidente en trabar la mensura y que, por lo tanto, los límites de la propiedad sigan en la indefinición y que tampoco, por ende, pueda esclarecerse quiénes ocupan irregularmente la finca sin ser sujetos de la reforma agraria.

Pobladores de la zona de Choré, donde Cartes también opera una planta de procesamiento de tabaco, denunciaron que en las propiedades del presidente se están realizando trabajos de exploración petrolera y que el mandatario intenta sacar beneficios personales del yacimiento. En efecto, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, había confirmado en su momento que la empresa Amerisur, de origen británico, se encuentra en etapa preexploratoria de perforación de pozos en Choré. En la actualidad los pozos ya han sido perforados en las propiedades de Cartes que, según las denuncias, son tierras que fueron apropiadas de campesinos agobiados por deudas.

La apropiación ilegal de las tierras de la Colonia Barbero se suma a un esquema de despojo contra los campesinos dedicados al cultivo de tabaco. El sitio La Voz del Norte recoge en una publicación la denuncia de un esquema mediante el cual se realiza la venta de estufas a un precio de 40 millones de guaraníes –cuando el costo real sería apenas de 20 millones– para el secado de tabaco, que es acopiado posteriormente por las firmas del presidente.

A esto se añade que las empresas de Cartes también proveen de insumos y agroquímicos para el tratamiento de los cultivos a precios muy por encima de los valores de mercado. Con esta sobrefacturación los productores quedan con grandes deudas, teniendo que entregar sus tierras como parte de pago de este pasivo generado de manera fraudulenta, señala el reporte.

Así las cosas, para el próximo 15 de junio –cuando la atención mediática estará centrada en el cuarto aniversario de la masacre de Curuguaty y la presentación de los alegatos finales en el juicio contra los campesinos–, a las 15.00 horas, la jueza de paz de Nueva Germania, Graciela Stern Peralta, convoca al perito agrimensor para las operaciones técnicas de mensura en la finca 231 del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, más conocida como Colonia Barbero. Ahora solo resta esperar que una nueva “orden superior” no vuelva a bloquear la medición y que cuatro años después se pueda avanzar en la titulación de las tierras a nombre de sus genuinos propietarios.

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