Coronavirus, propuestas para la asistencia social

Por Olga Paredes, Bruno Martínez y Stella García[1]

Las políticas públicas de Paraguay atendieron los efectos de “la cuestión social”, en el siglo pasado y el presente, abarcando focos poblacionales, que tipificaron políticas sociales nada universales, al contrario, fueron residuales y compensatorias.

La protección social, según nuestro marco interpretativo abarca a) la seguridad social, b) la salud, c) la asistencia y su enfoque (cualquiera fuere) en este caso es el residual y compensatorio, se corresponde no solo con las medidas sociales adoptadas, sino también con las económicas.

La economía paraguaya tiene principal base en la agro exportación (Es el 5º mayor exportador de la soja en el mundo), ganadería (10º mayor exportador de carne en el mundo) electricidad (2ºcon más energía renovable) a lo que le siguen la manufactura, la construcción y el comercio, etc.[2]., pero con modelo tributario inequitativo.

Esta estructura arrastra las prácticas en reproducir desigualdad en las políticas económicas, subordinando a las políticas sociales a acciones residuales; proceso que, podría estar constituyéndose en el actual contexto; en causa y consecuencia (al mismo tiempo); de la expansión del COVID19.

En adelante, apuntamos algunos elementos de problematización y propuesta:

Medidas asistenciales: Basarse en aprendizajes del pasado

La historia de la asistencia a poblaciones consideradas en vulnerabilidad y pobreza, mostró que invertir en procesos de híper selectividad insumen gran tiempo material, alto costo económico, operativo y tecnológico para el Estado[3], y no asegura el “mérito” que los diseños de políticas plantean al referir que; los asistidos deben mostrar ser portadores de necesidades económicas extremas.  Sobre todo; esto se vuelve inconsistente; si el monto a otorgarse en atributo de asistencia o subsidio, no se ciñe a rigores de medición, alusivas a la canasta básica estipulada por los órganos económicos oficiales, medición siempre disponible, ya que en ello se basa el establecimiento del salario mínimo.

El gran protagonismo y las congruentes medidas de prevención ante el COVID19 provienen del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), cuya disposición pública asumida por el gobierno tuvo acompañamiento (fundamentalmente de castigo, más que educativo) por las medidas del orden de seguridad (policías y militares) en lugares públicos, a lo que se suman locuciones que en los reportes diarios expresaban los/as ministros/as de Emergencia Nacional, de Industria-Comercio, la del Trabajo, Empleo – Seguridad Social y la Dirección General de Migraciones; estando ausentes instancias estatales claves, que deberían no solo poner voz, sino ofrecer propuestas técnicas y fortalecer o complementar las medidas actuales.

Nos referimos a la Secretaría Técnica de Planificación (STP), al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), al Ministerio de la Mujer y al Gabinete Social. Si bien son muchas las razones por las que la Asistencia y la Protección Social involucra a todas estas instituciones, mencionamos especialmente a la STP, por ser la responsable de acompañar, ofrecer recursos técnicos y difundir las mediciones de la Canasta Básica de Alimentos y la Canasta Básica de Consumo, a través de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), insumo sobre el cual debería basarse el diseño de la medida asistencial de emergencia en el contexto del Covid19.

La propuesta de Asistencia resumida por el Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (principal portavoz de la medida asistencial) muestra inconsistencias técnicas importantes respecto a; 1º.) el criterio de establecimiento del monto, 2º.) el perfil del destinatario y 3º.) la cantidad de destinatarios de la Asistencia coyuntural en el marco de la cuarentena para prevenir el COVID19.

Son igualmente inconsistentes 1º.) el mecanismo de selectividad, 2º.) las instancias que seleccionan y las que fiscalizan, 3º.) los criterios de selección y exclusión, 4º.) los períodos y mecanismos de reclamos (lo cual es clave en términos de transparencia en la gestión pública). Es de relevancia, lo que podría responderse desde otros ministerios, entes y actores públicos de acuerdo al rol que cumplirían las diversas políticas públicas, mostrando aplicación e integralidad en las acciones, transversalizando así el abordaje al Covid19.

Por otra parte, se ve como relevante el aumento del uso de recursos tecnológicos – virtuales para algunas atenciones referidas a la salud, el desarrollo educativo de contenidos, etc.

Si intervinieran técnicos especializados – autoridad estatal de la STP o del Ministerio de Desarrollo Social; probablemente no ocurriría lo visto en los últimos días a través de los medios de comunicación; y es que han cambiado el monto y la modalidad del subsidio de asistencia cuatro veces; la primera vez se difundió la entrega de kit de alimentos, la segunda vez, se reemplazó por un subsidio mensual de Gs. 230.000 durante 2 meses, la tercera vez el monto ascendió a Gs. 345.000 y la cuarta a Gs. 500.000.

La no utilización de parte de técnicos, de alguna medición oficial da cuenta de una improvisación en el diseño de la asistencia (subsidio monetario) en el marco del COVID 19. Al no disponer nuestro país de un censo nacional, desde hace más de una década, se puede recurrir a informaciones masivas de carácter nacional, en este caso la Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2018) que muestra resultados de pobreza y distribución de ingresos.

Sugerimos que la Canasta Básica de Alimentos y la Canasta Básica de Consumo, se constituya en el criterio técnico para definir el monto del subsidio. Cabe recordar que; dicha canasta se establece por el equipo económico nacional conformado por órganos como Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda (MH), que corrientemente se reúne utilizando criterios técnicos para resolver todo tipo de problemáticas comerciales, aduaneras, etc. Lo social requiere igual soporte técnico e incluso mayor rigurosidad.

Dicho equipo determina ambas canastas mediante valores que constituyen las líneas de pobreza extrema y total, miden los niveles de consumo de los hogares correspondientes a productos alimenticios y no alimenticios, la caracterización de las condiciones de vida de la población en cuanto a salud, educación, migración, estructura por edad y sexo, caracterización del mercado laboral disponible para establecer la estructura de los ingresos y evaluar el acceso posible a diversos tipos de servicios básicos[4].

De no precisar dicha medición (el monto que el régimen de asistencia emergencial e incluso permanente requiere) existirá el riesgo de que el mismo no genere el impacto social que llevó a instaurar la medida de asistencia.

Se considera pasible de bajo impacto social un monto mensual que no asegure compensar al menos un alimento elaborado o cocinado al día para cada individuo o familia durante todo el mes, lo que en promedio requeriría un subsidio del 80 % del salario mínimo (considerando los costos de la canasta básica estipulada antes de la pandemia).

Dicho de otro modo, esto que en principio está pensado para una familia tipo (integrada por tres a cuatro personas según la EPH-DGEEC, 2018), podría considerar inclusive que en algunos casos se otorgue a más de un miembro de la familia si el subsidio se reduce a 40 o 50% del salario mínimo legal.

Es pertinente entonces, otorgar asistencia de aproximadamente 50% del salario mínimo legal a todo aquel ciudadano/a que porte cédula de identidad y no se encuentre en registros de sistemas informáticos de medianos y grandes contribuyentes, ni en el Sistema Nacional de Registros que abarca a todos los funcionarios públicos (SINARD), ni sistemas de los programas focalizados del Estado (los que igualmente requieren otros complementos de asistencia en la actualidad como Tekopora, Abrazo, Pensión del Adulto Mayor, etc.)  ni en otro sistema de registros similares oficiales y sumado a esto, un control desde los órganos ciudadanos participantes del gobierno local.

Por lo expuesto, el monto mensual debería respetar periodicidad y en caso de pronosticarse dificultades técnicas en el ciclo operativo del mismo, otorgar pago por dos meses de una sola vez. Posteriormente, se pueden implementar desde el Gobierno Nacional y locales, espacios y mecanismos de monitoreo virtuales para el seguimiento comunitario. Esto, considerando la necesidad de instituir dispositivos tecnológico-asociativos, que lejos de naturalizar el “control social” punitivo (que en los últimos tiempos se observó en varios programas asistenciales de protección social y son pre-existentes al COVID19[5]), pueden ofrecer un semblante dignificador, a la medida asistencial.

Los programas de asistencia focalizada del Estado (Tekopora, Abrazo, Pensión del Adulto Mayor, etc.) también adolecen de algunas dificultades que hoy profundizan la desigualdad. Por citar dos ejemplos;

A más de ser insuficientes o estar desfasados en el cálculo monetario del subsidio; Tekopora entrega el monto de manera bimensual, a lo que se suman los retrasos (informados vía medios de comunicación pública) en la actualidad. Dicho programa (en el diseño) dice estar destinado a población en extrema pobreza, sin embargo, a más de una década de su implementación, hasta hoy no abarca al 50% de la población en extrema pobreza a nivel nacional.

Por su parte; la Pensión del Adulto Mayor no estaría cumpliendo a cabalidad en su cometido fundamental de protección. Esto, porque hay un desfasaje (desactualización) en el cálculo del monto estipulado y el necesario según objetivo del programa y a más de ello, no se dispone en Paraguay de complementos básicos en salud geriátrica, como provisión gratuita de medicamentos y atención médica universal, que incluya vigilancia especializada para la tercera edad y fácil acceso de adultos mayores a la salud pública en todas las regiones geográficas del país. La cantidad de adultos mayores a los que está destinada la pensión, según diseño de la política y a los que abarca (al aproximarse una década de su implementación), al igual que Tekopora, alcanzaa poco más de la mitad de la población a la que está destinada.

Lo Asistencia además de compensatoria, puede ofrecer elementos promocionales, sin embargo, las indicaciones antes mencionadas llevan a suponer la reproducción de desigualdad que, al estar muy vinculada a lo socioeconómico, solo busca compensar o paliar el déficit material[6].

La insuficiencia de medidas promocionales respecto a las políticas públicas estructurales requiere cimientos claves como la disponibilidad de salud pública universal, que incluye ampliación de coberturas y gratuidad.

Asimismo, la educación pública también debe ampliarse y ser gratuita en todos los niveles, que no se ciña sólo a la educación básica (asumiendo que hasta esa franja escolar se han logrado avances en las últimas 2 décadas: que involucran la provisión de kits escolares, almuerzo y merienda escolar), y abarque hasta la educación superior.

La desigualdad en su dimensión más esencial; se refiere a las limitaciones de hombres y mujeres para generar ingresos y adquirir bienes y servicios que permitan su bienestar. Entonces, hay una desigualdad creada por el mercado, pero a su vez hay un Estado que a más de ser fiel al mercado; la reproduce al imponer medidas dispares en la distribución, el consumo y las capacidades de acumulación[7].

La desigualdad reproducida consiste en que una comunidad o colectivo humano, es tratado por las políticas públicas de manera diferente a otros de su entorno nacional o local.  Por una parte, por el carácter compensatorio a la población en pobreza e indigencia y por otra, la fuente para la asistencia ofrecida en el contexto del COVID19; se basa fundamentalmente en créditos otorgados por organismos económicos internacionales y sus respectivos condicionamientos. Esto;manteniendo privilegios a sectores de poder, tales como:

  1. a) Los vinculados a las jerarquías en los tres poderes del Estado y las dos binacionales (por ejemplo, al no reducir sus ingresos para amplificar la asistencia);
  2. b) Los privilegios al sector agroexportador (no imputando tributos a la producción de tabaco y la sojaque corresponde comparativamente a la región);
  3. c) Al sector empresarial, que recibe millonarios subsidios;por citar el Gobierno aumentó el monto del subsidio a los empresarios del transporte; aaproximadamente US$ 14 millones en el 2019, que duplica el monto registrado en el año anterior[8].

En conclusión, la respuesta a esta crisis emergencial del Covid19 muestra escaso rigor técnico en el diseño de la asistencia y se condice con una estructura de distribución desigual de la riqueza que responde a un modelo de producción excluyente, en consecuencia,reproducedesigualdaddesde la política pública.

Por lo tanto, vale conjeturar que, necesitamos un Estado más fortalecido que el visto hoy en contexto de crisis por el COVID19, y urgen señales de superación de sus inconsistencias históricas.

 

2º.) COMBINAR DIVERSAS MODALIDADES DE ASISTENCIA

En este apartado, planteamos la necesaria articulación de la medida propuesta por el gobierno con las medidas asistenciales preexistentes basadas en demandas concretas, como ser la provisión de insumos médicos para operaciones quirúrgicas, insumos para la producción rural, entre otros.

Siendo la asistencia uno de los pilares fundamentales de la Protección Social, junto a la salud y la seguridad social, deberían combinarse todas; con diversas acciones y estrategias que se implementan en base a demandas sociales de la población.

Lo tratado aquí, se diferencia de los programas focalizados mencionados en el apartado anterior en qué; implican atender demandas o necesidades concretas que los ciudadanos presentan ante instituciones específicas, como por ej.; la Dirección de Beneficencia Nacional (DIBEN), la Secretaría Nacional para personas con Discapacidad (SENADIS), el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINA), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Nacional del Indígena (INDI), los Programas para la Agricultura Familiar Campesina del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los hogares y centros diurnos – Centro de Beneficencia de la Infancia y la Familia (CEBINFA) a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), entre otros.

Cabe mencionar que; son más de veinte las instituciones estatales que brindan asistencia en base a demandas y sin embargo el nivel de insatisfacción del/a ciudadano/a que cotidianamente se muestra como desasistido/a, deja presuponer que existe baja cobertura o es insuficiente presupuesto público disponible, entre otras dificultades que pudieran existir.

Este modelo de asistencia en base a demandas se puede constituir en un complemento fundamental a necesidades que emerjan en el contexto actual en el queel Estado, estaría proveyendo un subsidio para alimentación a individuos y familias sin ingresos suficientes en el contexto del COVID19.

Nos parece necesario no solo la implementación de esta asistencia (subsidio) por parte del Estado a las trescientos treinta mil familias anunciadas por los medios masivos de comunicación, sino a los casi tres millones de paraguayos/as que lo requieren, al encontrarse en el mercado informal laboral, expuestos especialmente al contagio del Covid19.

Algunos análisis económicos muestran que; ya en el 2017[9]; algo menos de dos millones de ciudadanos/as trabajaban en condición informal y sobrevivían con un millón de guaraníes. Hoy, dos años más tarde y en contexto de pandemia; se ofrece una asistencia, a menos de la cuarta parte de la población afectada y se pretende que sobrevivan con aproximadamente menos de la mitad del monto del 2017.

Es necesario que el Estado aproveche este contexto de crisis para reconfigurar su respuesta tanto a la coyuntura de hoy como a la crisis estructural, asumiendo la necesidad de un Sistema que unifique la Asistencia (al menos en información y coordinación) de respuestas estatales. En un segundo momento también incluir en este sistema a asistencias provenientes del sector privado, lo que, cruzado con los últimos datos poblacionales y socioeconómicos, mostrará una gran cantidad de paraguayos/as desasistido/as.

Los/as migrantes que radican en Paraguay en condición de vulnerabilidad deberían visibilizarse cuando se construya el Sistema Nacional (o sistema unificado) de Protección Social, al igual que los/as paraguayos/as residentes en otros países, para lo cual el pilar Asistencial es un sostén fundamental.

Esto implica que las instituciones mencionadas y otras más, cuenten con lineamientos específicos de políticas asistenciales y recursos acordes a las necesidades, un sistema de coordinación y conexión que supere los actuales compartimentos estancos y sobre todo; complementen a las medidas estructurales y permanentes otorgadas desde la política pública, ante necesidades sanitarias; como el actual contexto crítico por el COVID19, también el dengue y otras crisis que en el futuro provengan del modelo económico, ambiental y sanitario vigente.

Es imperioso asumir que el modus operandi actual es ineficaz, dado que las respuestas institucionales en base a demandas concretas están deconexas y son de bajo impacto, aún a modo de hipótesis y sin desconocer su enorme importancia y actual contribución. Esto obliga al mismo tiempo a observar las limitaciones en cuanto a la monumental distancia que existe entre la universalidad en materia de Protección Social y realidad actual en Paraguay, lo que precisa reconducción.

Es imprescindible trabajar para ello en un diagnóstico con cierto nivel de problematización, que no escatime revelar dificultades, detallarlas en un desglose minucioso y posteriormente jerarquizar los problemas, con miras a revertirlos.

Resumiendo, todas las medidas asistenciales desplegadas hasta hoy, requieren continuidad y fortalecimiento a pesar de las dificultades descriptas, ya que esto se convierte en un mandato ineludible que hace a los basamentos del Estado Social de Derecho y el orden vigente.

Merece destaque que, si bien en la Políticas Sociales participan el Estado, el Mercado, la Familia /Comunidad, los Movimientos Sociales y Ciudadanos, en este documento hemos hecho detenimiento en el Estado y el rol actual del gobierno respecto a la Asistencia, frente a la Crisis por el COVID19.

En el siguiente documento[10]; nos referiremos al Modelo Económico que ha moldeado al Estadoen su función Asistencial.También hablaremos del rol que el Estado ha dado a la familia en las distintas modalidades y niveles de Asistencia implementadas en Paraguay. Nos detendremos en la familia ante demandas asistenciales concretas referidas a salud, alimentación, insumo para la producción, vivienda, etc., interpretando la concepción de familia y comunidad que el Estado construyó[11].

También analizaremos a las familias en los programas de transferencia monetaria considerado la función asignada de administrar los escasos ingresos económicos y controlar las pautas de vida de sus miembros, como condicionalidad para seguir recibiendo la transferencia monetaria.

Asumiremos una reflexión que proponga elementos a la Política Pública; tendientes a que el Estado promocione a la familia, que la reconozca en muy diversas modalidades y expresiones; que ejerza efectivamente el rol que le fue instaurado desde inicios de la modernidad como responsable de proveer los servicios públicos, asegurando las bases de supervivencia, convivencia y cohesión, en el marco delos Derechos Humanos.

Para ir cerrando y al asumir que la pandemia del COVID19, puso en relieve todas las carencias que la Política Social registra desde mucho antes en Paraguay; proponemos:

  • Que el Estado asuma la necesidad de revisar los errores históricos respecto a la Asistencia aquí descritos y los revierta.
  • Que esta crisis por la pandemia COVID19, deje de encararse binariamente como actos de buena voluntad individual, por un lado, y actos reversibles con castigos por el otro. Esto; aportará no solo al Estado sino también la Sociedad Civil, a trascender la concepción residual y compensatoria de lo asistencial.
  • Que desde el Estado, actores dirigenciales de la Política Publica revisen la relación contractual con la sociedad paraguaya en especial con los movimientos sociales y la población en situación de mayor vulnerabilidad, asumiendo que la Protección Social concretiza el grado regulador del Estado.
  • Que se instaure en la Agendade la Política Económica y Social, la necesidad de combinar diversos modelos de Protección Social; uno generalista y de disponibilidad universal y otro especializado, en base a necesidades de niños/as, adolescentes, adultos/as mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, campesinos/as, migrantes, personas con diversas orientaciones sexuales, entre otros. Finalmente, que la Sociedad paraguaya en este contexto de pandemia – COVID19, se oriente a defender políticas democráticas y arraigue la Asistencia, la Salud y la Seguridad Social; como derecho universal exigiendo garantías estatales.

BIBLIOGRAFÍA:

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MIOTO, R. C. T. (2008) Cuidados Sociais Dirigidos à Família e Segmentos SociaisVulneráveis. O trabalho do assistente social e as políticassociais, mod. 04. Brasília: UnB, CEAD, 2

Serafini V (2019) Crecimiento y endeudamiento: la desigualdad. en Boletín Economía y Sociedad No.66. http://www.cadep.org.py/economia-y-sociedad/

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YAZBEK, Maria Carmelita (2009) Classes subalternas e assistência social. São Paulo: Cortez.

5 Días (Periódico) disponible en

https://www.5dias.com.py/2018/06/gobierno-duplica-subsidio-al-transporte-publico/

 

[1]Docentes y técnicos/as de la FACSO /UNA, quienes, durante cuarentena por el COVID19, establecieron encuentros virtuales para lecturas, debates y propuestas respecto a la asistencia anunciada por el gobierno, en el marco de la crisis por la pandemia.

[2]Acuerdo UE – Mercosur: oportunidades y desafíos para el Paraguay http://www.cadep.org.py/publicaciones-2/Downloads/CADEP.%20Acuerdo%20UE- Mercosur.pdf

[3] Los autores considerados clásicos en materia de Protección Social, al estar citados en casi todas las investigaciones actuales; como por ejemplo Mesa Lago 2014 Reformas Estructurales y Re-reformas de Pensiones, y sus Efectos en el Bienestar Social, o Filgueira 2008 El desarrollo maniatiatado en A. Latina, Cantu R 2017 Depois das reformas: os regimes de proteção social latinoamericanos na década de 2000. Revista de Sociología E Política, 23(56), Cechini 2011 Protección social inclusiva en América Latina: Una mirada integral, un enfoque de derechos entre otros; observan la asistencia como una columna de la protección social, combinándose varios modelos que acaban abarcando diversas necesidades y demandas sociales. En Paraguay la Asistencia en al mostrar fragmentación y dispersión y baja cobertura; no se visualiza como pilar de la Protección Social, sobre todo las asistencias de 1ª generación o las otorgadas en base a demandas concretas, que no cuentan con sistematicidad o no se inscriben dentro de los programas de transferencias de rentas.

 

[4]Para más información referida a como se calcula la canasta básica de alimentos y de consumo, recurrir a la pág. web oficial de la DGEEC. www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/medicion_de_pobreza/METODOLOGIA.pdf

[5] Nos referimos a los controles minuciosos respecto a cuáles ingredientes de alimentos usan en una olla familiar, pautas de vida para adolescentes, etc. Además, lo referido al “control” por parte del Estado; no trata solo de la Protección Social, sino también observaciones ante denuncias ciudadanas por abusos que los órganos policiales y militares estarían realizando en medio de mecanismos públicos de seguridad, con argumentos de prevención del COVID 19.

 

[6] Martínez FJ (2008) ¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social y familias; disponibles en:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1179.dir/bienestar.pdf

 

[7] OXFAM I (2017) Desigualdad social: ejemplos en la vida cotidiana. https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-social-ejemplos-en-la-vida-cotidiana/

[8] Información disponible en; https://www.5dias.com.py/2018/06/gobierno-duplica-subsidio-al-transporte-publico/

[9] Las tasas de desempleo, subempleo visible, empleo informal, pobreza e ingresos no experimentaron cambios positivos y algunos de estos indicadores empeoraron en valores absolutos. El empleo informal, cuyo peso relativo se mantiene en alrededor del 64% de la población ocupada aumento, entre 2013 y 2018 ya que el mercado sumó 200.000 trabajadores más en condiciones de informalidad. La pobreza dejo de reducirse hasta en lo más mínimo entre 2013 y 2017, y la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza se mantuvo en alrededor de 1.800.000 en dicho periodo. El ingreso laboral promedio no mejoro con el crecimiento económico y los de menores ingresos sobreviven con alrededor de 1.000.000 (Un millón) de guaraníes. Serafini V (2019) Crecimiento y endeudamiento: la desigualdad. en Boletín Economía y Sociedad No.66. http://www.cadep.org.py/economia-y-sociedad/

[10] Al constituir las autoras un grupo de estudio y análisis de las Políticas Sociales actuales, se expondrá con sistematicidad un documento que revele dicho análisis, al igual que este, por tanto, se anuncia próximo tema a abordar y el enfoque que tendrá.

[11] Son muchos los estudios que tratan sobre el Familismo o el rol otorgado a las familias (sobre todo las que se encuentran en pobreza y mayor vulnerabilidad) por el Estado, a través de las medidas de asistencias, citamos MIOTO, R. C. T. Cuidados Sociais Dirigidos à Família e Segmentos SociaisVulneráveis. O trabalho do assistente social e as políticassociais, mod. 04. Brasília: UnB, CEAD, 2000, tambien a PEREIRA, P. A. DesafiosContemporâneos para a Sociedade e a Família. Serviço Social e Sociedade, n° 48. São Paulo: Cortez, 1995. a YAZBEK, Maria Carmelita. Política Social e Desenvolvimento:o novopadrão da depen-dência na América Latina e seus impactos na estrutura da desigualdade. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL, 13., 2012, Juiz de Fora. Anais, Juiz de Fora: Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, nov. 2012.

YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. São Paulo: Cortez, 2009.

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