Caso Curuguaty: un fallo perverso e instrumentado políticamente

Por Paulo López

Pasadas las 13.00 horas de este lunes, el Tribunal de Sentencia del caso Curuguaty –conformado por Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero– anunciaba la lectura de la parte resolutiva del veredicto final sobre los acusados y acusadas por la matanza del 15 de junio de 2012 ocurrida en las tierras de Marina Cue.

Las expresiones iniciales del presidente del tribunal, Trinidad Zelaya, ya anticipaban la condena en un proceso en que las cosas se fueron acomodando a un fallo previamente escrito. El flanco más débil de la acusación –el reconocimiento de parte del fiscal Jalil Rachid de que no podía determinar quién mató a quién, por lo que los cargos de homicidio fueron por tentativa– fue resuelto con una sencilla maniobra: Rachid fue llevado como ministro de Seguridad Interna y los nuevos fiscales del caso –Liliana Alcaraz, Leonardi Guerrero y Nelson Ruiz– intentaron enmendar el error cambiando la calificación a la de homicidio doloso consumado.

Centenares de personas aguardaban frente al Palacio de Justicia. Los antimotines y la montaba se aprestaban. Trinidad Zelaya habló de manipulaciones, tergiversaciones y falsedades supuestamente propagadas por organizaciones deportivas, eclesiales, políticas y oenegés. Aseguró que tras la finalización del juicio el órgano competente podía responder a la pregunta sobre ¿qué pasó en Curuguaty?, la inquietante interrogante inicial que interpeló la versión oficial de los hechos: unos 60 campesinos y campesinas con obsoletos instrumentos de caza prepararon una emboscada a más de 300 efectivos, entre ellos la policía militarizada, con apoyo de un helicóptero y tiradores con armas de guerra. Las mujeres cumplieron el papel de “señuelos” mostrándose con sus hijos en brazos para generar un ambiente de confianza y tomar desprevenidos a los policías. Un video que registra los momentos previos de la incursión, sin embargo, muestra que la orden era ir a “atropellar directamente”, como se lo escucha decir a Erven Lovera, jefe del operativo.

Ya en el año 2015 se abría otro intersticio que permitía vislumbrar la dirección de este fallo. El Estado paraguayo (propietario del inmueble) aceptó en donación las tierras en disputa de parte de Campos Morombí (firma que explotaba de manera irregular las tierras). De esta manera se reconocía los derechos de la empresa para formular la denuncia que terminó en el trágico desalojo y así como los cargos de invasión de inmueble. Vanamente el Ejecutivo intentó desentenderse dejando que la iniciativa tenga sanción ficta y excusándose de que el proyecto venía de otro poder del Estado (en este caso de un legislador de su misma línea política, Bernardo Villalba).

Por otro lado, aunque se trataba de una comisión legítimamente constituida y reconocida como tal por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), estas intervenciones “correctivas” ya cerraban el triángulo con la figura de la asociación criminal: la existencia de una supuesta estructura jerárquicamente organizada para llevar a cabo un plan previamente concebido para matar policías y hacerse a la fuerza de un inmueble privado.

El pedido de la fiscalía fue claro: una sentencia ejemplificadora que sirva de fuerza disuasiva a otras personas y organizaciones para desistir del empleo de este tipo de reclamos. El orden nebuloso de la tenencia de tierras en Paraguay no se discute. “Un fallo perverso, que nos demuestra hasta dónde el Poder Judicial y el Ministerio Público siguen siendo políticamente instrumentados para la persecución más espuria que uno pueda imaginar… y lo servil que a este propósito son algunos operadores de justicia, como los fiscales y jueces que hicieron tabla rasa de garantías procesales”, afirma Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

De hecho –refuerza– en el caso no estuvo en juego un mero proceso penal, sino la lucha (trágica en grandes pasajes) que sobrellevan las familias campesinas contra el latifundio y las tierras malhabidas. Una lucha desigual que enfrenta al emporio económico de las multinacionales del agronegocio y sus contrapartidas locales con una resistencia campesina cada vez más empobrecida.

La decisión previa de condenar a los campesinos y campesinas –por un hecho del cual las élites políticas y económicas sacaron gran provecho una semana después con la destitución de Fernando Lugo– hace que poco importen las formalidades inherentes a un proceso judicial.

“La falta de transparencia y el acento puesto únicamente en la investigación a los campesinos, existiendo evidencias sobre graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con la ejecución extrajudicial y tortura de al menos 7 de los 11 campesinos muertos, muestra por sí mismo lo parcial del juzgamiento, así como el sesgo ideológico que pesa sobre el caso Curuguaty, donde los campesinos y campesinas, y sus derechos, no cuentan para el sistema de justicia de nuestro país”, añade Ayala.

En la carpa de la plaza don Mariano y doña Elida se abrazan. Como ellos, hay varias familias enlutadas por la tragedia y la injusticia. Son padre y madre de Adolfo Castro Benítez –asesinado en la masacre– y de Adalberto y Néstor Castro Benítez –ahora condenados por la masacre–. Don Mariano ya lo venía venir, pero en el fondo de la caja de Pandora siempre queda algo que se resiste a abandonarnos.

Otro golpe más que se suma a la gran carga que ya llevan sobre las espaldas. Recuerda cómo durante el proceso el juzgado solo hacía lugar a los pedidos de la fiscalía y rechazaba la mayoría de las diligencias propuestas por la defensa para esclarecer las circunstancias en que se dieron las muertes. “Ko juicio ko’ãnga ojecocina ojecocina haguéicha la masacre”, dice con firmeza pero sin perder su habitual serenidad.

Rubén Villalba fue condenado a 30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad; Luis Olmedo, 20 años; Arnaldo Quintana, 18 años; Néstor Castro, 18 años; Fanny Olmedo, 6 años; Dolores López, 6 años; Lucia Agüero, 6 años; Felipe Benítez Balmori, 4 años; Alcides Ramírez, 4 años; Adalberto Castro, 4 años; Juan Carlos Tillería, 4 años. La actuaria judicial apuraba la lectura con la voz nerviosa mientras el escalofriante “por la condena” de cuatro años atrás se terminaba de consumar.

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