Campesinos asesinados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez: Las balas no solucionan el infortunio de la tierra

Por Abel Irala y Lis García*

El asesinato de dirigentes campesinos que luchan por el acceso a la tierra, ha sido una constante desde la apertura democrática en el Paraguay. Entre 1989 y 2013 el Informe Chokokué[1] de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) denunció 115 asesinatos, bajo diferentes gobiernos y en diferentes circunstancias. Durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) se registraron siete asesinatos de dirigentes campesinos[2] de los Departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú.

Los asesinatos forman parte de las estrategias de criminalización de la lucha social, en este caso la campesina, que va acompañada de desalojos violentos, robos, incendio de pertenencias, atentados, hostigamientos, amenazas de muertes, agresiones sexuales, difamación, falsas denuncias, entre otras, con el objetivo fundamental de crear miedo, de inmovilizar, para que las personas terminen por abandonar la lucha que iniciaron.

Por otro lado, las ocupaciones de tierra son acciones colectivas de familias campesinas que ante la inacción estatal, deciden ocupar tierras sin titulación o con títulos de dudosa procedencia, para exigir sus derechos y que el gobierno pueda tomar las medidas legales e institucionales correspondientes. Una ocupación de tierra es una acción de resistencia comunitaria ante un problema estructural, complejo e histórico.

Este Informe presenta los asesinatos de dos dirigentes campesinos en el marco de la lucha por la tierra en el Paraguay, ocurridos en los años 2019 y 2020, en los Departamentos de Canindeyú y Amambay, respectivamente. Estos hechos se dan en los dos primeros años de gobierno de Mario Abdo Benítez, quien inició su mandato en agosto de 2018.

Se presenta aquí un breve relato de lo sucedido en ambos casos. Para el relevamiento de los datos se acudió a fuentes periodísticas y entrevistas con personas que forman parte de las organizaciones campesinas distritales con conocimiento de los hechos ocurridos. Por cuestiones de seguridad no se dan nombres de las/os entrevistadas y entrevistados.

Edilson Mercado, semilla de futuro

Edilson Mercado era un campesino sin tierra de 38 años, oriundo de Pindó, Yasy Cañy. Se sumó con sus padres, pareja e hija a una ocupación de tierra en la Colonia Tacuapí ubicada en el Distrito Yasy Cañy del Departamento de Canindeyú, resistiendo a través de la organización, al avasallamiento producido por el agronegocio en su territorio.

Esta ocupación se inició el 16 de abril de 2019 con alrededor de 200 familias campesinas sin tierra, entre las que se encontraba la de Edilson. El asentamiento se ubicó en tierras que pertenecieron a la Industrial Paraguaya S.A, reivindicando la necesidad de declarar la nulidad del título dado de manera irregular a la familia Sanabria, y la entrega de las mismas a los y las verdaderos/as sujetos/as de la reforma agraria, tal como dicta el Código Agrario Nacional. De acuerdo a entrevistas realizadas a dirigentes campesinos de la zona, el territorio en conflicto aparecía con la identificación “Finca N° 8” de esta empresa.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la familia Sanabria se benefició durante más de 20 años de la renta de estas tierras pertenecientes al Estado. Deforestó los bosques nativos para la puesta en marcha de producción de carbón en primer lugar, seguido por el monocultivo de soja transgénica posteriormente. En el año 2008, a través de la figura de usucapión, Gladys Estela López de Sanabria se apropió de 445 hectáreas de tierra, pagando tan solo 100 millones de guaraníes al INDERT; mientras que su esposo, Gerónimo Sanabria Abente se apropió de otras cientas de hectáreas de tierras a través de la misma modalidad irregular.

Muestra de represión y acorralamiento a campesinos del Asentamiento Edilson Mercado de la comunidad campesina Tacuapi del distrito de Yasy Kañy del departamento de Canindeyú, en enero de 2020. Fuente: RTV

En este marco, la ocupación era atacada sistemáticamente por civiles armados contratados por la familia Sanabria, con la complicidad de la policía nacional y el sistema de justicia en su conjunto. La violencia ejercida para resguardar los intereses de los latifundistas, segó la vida del joven Edilson Mercado, el martes 11 de junio del año 2019, a tan solo dos meses del inicio de la ocupación que significaba para él, como para miles de compatriotas, esperanza de futuro.

Los responsables materiales de los siete proyectiles -de escopeta calibre 12- que pusieron fin a la vida de Edilson fueron, Ismael Bogado Britos y Marcelo Giménez Martínez, civiles armados contratados como guardias de seguridad por la familia Sanabria, a través de la empresa privada de seguridad perteneciente a César González. En la carpeta fiscal también aparece como involucrado, el hijo del señor Sanabria, quien se encontraba en el lugar del hecho la noche del suceso.

Edilson estaba solo y desarmado. Había salido a comprar alimentos para su familia, como cualquier otra noche, a diferencia de lo comunicado a través de los medios hegemónicos de prensa que lo vincularon a actividades conflictivas en el lugar donde lo mataron. Los asesinos a sueldo lo dejaron tirado, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana siguiente en que unos vecinos de la zona lo encontraron y  lo llevaron al hospital. Sin embargo, Edilson ya no pudo resistir y falleció antes de encontrar atención médica. La declaración del médico forense, Floriano Irala, sobre la causa de su muerte fue, “hemorragia interna aguda”. Este asesinato se suma así a una larga lista de crímenes efectuados por personeros a sueldo de los dueños de latifundios en Paraguay.

Los asesinos de Edilson estuvieron en la cárcel apenas dos meses. Rápidamente obtuvieron la libertad condicional bajo el resguardo de sus jefes. El asentamiento llamado hoy “Edilson Mercado”, es permanentemente violentado, los guardias de seguridad contratados por la familia Sanabria disparan cotidianamente armas de fuego como método de amedrentamiento, sumado a violentos intentos de desalojo, imputaciones y encarcelamiento.

Asamblea comunitaria en Yasy Kañy en respaldo a los/as compesinos/as del Asentamiento Edilson Mercado, tras la represión y acorralamiento que sufrieron. Enero 2020. Fuente: RTV

A pesar de la violencia sistemática respaldada por las instituciones del Estado, la vida de Edilson Mercado es hoy  semilla de esperanza para la comunidad en la que vivió, sembrada para la construcción de un país con justicia social, a partir del fortalecimiento de la organización campesina que lucha por la tierra para una vida digna, no solamente para sus comunidades, sino para todos y todas.

Arnaldo Rodríguez, el grito de auxilio de miles de familias campesinas

Le disparó a quemarropa, dos impactos de bala lo dejaron tendido en el suelo, el autor de los disparos no permitió que nadie se acercara para auxiliar al herido. Se trataba del dirigente campesino Arnaldo Rodríguez de 40 años de edad, de la Comisión Sin Tierra “7 de Enero”, de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

Su victimario, Héctor Calonga, lo miraba mientras Rodríguez tendido en el suelo intentaba moverse, gritando para solicitar auxilio, empapado en la prepotencia que caracteriza a los terratenientes con arma en mano y custodiado por sus “capangas”. Calonga amenazaba que si alguien se acercaba, sufriría lo mismo. Ya no se trataba ni siquiera de la fingida defensa de la propiedad privada, sino de disfrutar de la agonía de la otra persona, a plena luz del día, con varias personas como testigos de lo que ocurría, frente a periodistas, frente a cámaras, se complacía en ver al dirigente suplicando por su vida; la policía, que había estado momentos antes en el lugar, tardó en reaparecer más de una hora, tiempo en que el dirigente campesino padeció e intentó salir arrastrado en busca de ayuda. Ese es el grado de violencia al que llega la lucha por la tierra en el Paraguay del siglo XXI.

Arnaldo Rodgríuez, presidente de comisión vecinal 7 de enero, asesinado el 8 de junio en Amambay.Fuente: Abc Color.

El conflicto por esas tierras es aproximadamente de tres años. Unas 30 familias campesinas ocupan alrededor de 300 hectáreas, Arnaldo Rodríguez tuvo el valor de asumir el liderazgo de la ocupación, convencido de que esas tierras pertenecen al Estado paraguayo y que debían ser entregadas a sujetos de la reforma agraria. Sin embargo el comerciante Héctor Calonga las reclama como suyas. Minutos antes de ser asesinado, Rodríguez se dirigió a Calonga: “si tenés el título, si me mostrás el título de la tierra ahora mismo salimos de aquí!”. Calonga solo exhibió su arma.

El lamentable episodio sucedió el 8 de junio de 2020, en la Colonia Vista Alegre de la ciudad mencionada más arriba. Según los datos recogidos en entrevistas con gente que estuvo en el lugar y medios periodísticos, Héctor Calonga, dos días antes del asesinato ya había quemado los ranchos de las familias campesinas, realizando disparos de armas de fuego y obligándolas a salir. En disputa por las tierras y convencidas de su lucha, las familias acamparon al costado de la propiedad en precarias carpas en donde por las siguientes 48 horas fueron amedrentadas, hasta el momento del fatal desenlace.

“Nosotros no somos personas peligrosas, nosotros solo queremos para nuestro hogar, queremos un lugar, poder sembrar para dar de comer a nuestros hijos, y esas tierras no son de Héctor” explica una de las mujeres ocupantes, que también fue violentada además de su marido, que recibió un balazo en la pierna.

Minutos antes del asesinato, policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) estuvo en el lugar, pero decidieron retirarse a pesar de que observaron que Calonga y sus capangas se encontraban armados y amenazando a los campesinos y campesinas. En palabras del periodista Firmino Benítez “la policía decide retirarse del lugar, en el momento más tenso. Cuando se retiran los efectivos policiales, se inician los disparos, dos de ellos al cuerpo del presidente de la Comisión sin Tierra. Calonga y sus capangas no permitían a nadie que ayude a la persona que se encontraba herida: “yo me acerqué y me presenté como periodista, le dije voy a dejar mi cámara y voy a ayudar a esa persona, él me dijo: no quiero saber nada -me apuntó y disparó al aire […]- vengan a auxiliarle a su amigo a ver si no caen uno a uno”, relató Benítez, quien dijo que llamó a la Comisaría, llamó al sistema 911 pero nadie atendía. Su objetivo era auxiliar cuanto antes al dirigente que se encontraba herido en el suelo, que estuvo por más de una hora sin recibir ayuda, “murió desangrado”[3], lamentó.

Héctor Calonga (de rojo) y un efectivo policial el día del asesinato. Fuente: Abc Color

El trabajador de prensa fue tajante al calificar el trabajo de la policía, “fueron inoperantes e hicieron caso omiso de la situación, no fueron capaces de garantizar la integridad física de las personas”.

El único detenido fue Héctor Calonga, no así las demás personas que portaban armas, tampoco se conoce que exista un sumario al comisario y a los policías intervinientes por su mal desempeño, que por omisión una vez más esta institución es cómplice del asesinato de un dirigente campesino.

Arnaldo Rodríguez es el segundo campesino asesinado en el marco de la lucha por la tierra  durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Con él son 124 campesinos muertos desde 1989 en busca de acceso a la tierra y la reforma agraria.

El pedido de auxilio de Rodríguez que no obtuvo respuesta y probablemente no obtendrá justicia, representa el grito de miles de familias campesinas humilladas, excluidas de sus tierras, de sus campos, de sus territorios.

El latifundio desangra al Paraguay

Entre los años 2008 y 2019 se han registrado 106 ocupaciones de tierras, solo el 9% de éstas ha logrado su reclamo de acceder a las mismas, mientras que el 58% ha recibido el desalojo como respuesta estatal y el 20% se encuentra sin respuesta efectiva por parte de las instituciones estatales[4]. Para el campesinado que ha sido despojado de sus territorios, acceder a tierras o recuperarlas es vital para poder obtener alimentos, de ello depende su producción, su trabajo, sus relaciones; sin embargo “para algunos sectores empresariales, terratenientes, latifundistas, actores armados y élites políticas, la tierra es simplemente un capital comercial, generador de riqueza, poder y ventaja militar”[5].

Para las comunidades campesinas, luchar por el derecho a la tierra les permite pensar en el ejercicio y disfrute de otros derechos, es decir, la tierra es fundamental para ampliar los derechos de las personas campesinas, como vivir en un ambiente sano, el derecho a la vivienda, al trabajo y otros. Por lo tanto el Estado debe promover la protección de estas personas y no criminalizarlas, debe garantizar el derecho a la vida, e impartir justicia, no ser cómplice ni autor de asesinatos y persecución a campesinos y campesinas que luchan por la tierra.

*Investigadores, publicado originalmente en el sitio web de Base de Investigaciones Sociales (Base IS)

[1]Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay  2014  Informe Chokokué 1989-2013.  (Asunción: CODEHUPY).

[2]Irala, A. 2019 “Campesinos/as e indígenas criminalizados por un modelo excluyente”, en Palau, M  (coord.) 2019 Con la Soja al Cuello 2019. Informe sobre Agronegocios en Paraguay (BASE-IS: Asunción).

[3]SNT Paraguay, 8 de junio 2020 nota periodística disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Zq08I-KvW7I

[4]Kretschmer, Irala y Palau 2019 Ocupaciones de Tierra. Marcas del Conflicto Rural 1990-2019. (BASE-IS: Asunción).

[5]Protection Desk Colombia 2016 Manual para prevenir la criminalización de defensores del derecho a la tierra y el territorio. Bogotá, Colombia.

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