Bolivia: Victoria popular que debe ser vigilada

Por Coco Arce

1.- La abultada victoria de Luis Arce, del MAS en Bolivia, demuestra que el “fraude electoral del dictador Morales” fue una insidiosa campaña de la OEA comandada por Luis Almagro y secundada por la ultraderecha boliviana, campaña ordenada por el gobierno de Estados Unidos, para recuperar el poder en Bolivia y proceder al saqueo inescrupuloso.

En las elecciones de 2019, al suspenderse la transmisión rápida de resultados y habiéndose contado el 83,76 % de los votos, Evo Morales tenía el 47 % y Carlos Mesa, el 36 %. No es que haya habido menos voto para el MAS. Faltó por contar poco más del 16 % de los votos y en los comicios del domingo 18 de octubre se vio con claridad cómo la cantidad de votos del MAS aumenta en la medida en que van llegando las actas de los lugares más retirados. Al final de la jornada, el MAS aumenta su caudal de votos y los otros disminuyen.

Demuestra también que Evo Morales y el MAS, a pesar de acumular un desgaste creciente durante los 13 años de su gobierno, siguen siendo los principales referentes políticos para los estratos populares, indígenas, campesinos y la clase trabajadora boliviana, pese a la implacable persecución por parte del gobierno encabezado por Janine Áñez.

2.- La apabullante victoria evidencia, asimismo, el rechazo al bloque ultraderechista, racista, represivo y asesino que asumió tras el golpe de Estado en noviembre del año pasado, realizado por partidos políticamente minoritarios, apoyados en el descontento de un sector también minoritario de la población, que se pudo llevar a cabo sola y exclusivamente por la participación de la Policía y el Ejército. El golpe dejó como saldo unos 40 muertos, alrededor de 1,000 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados.  Aún quedan en las retinas las imágenes de la masacre de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

3.- El golpe de Estado fue resistido por los movimientos sociales. El golpe fue diseñado, acompañado y apoyado por la OEA, el gobierno de los Estados Unidos y el “Grupo de Lima”. A lo largo de los 11 meses el movimiento popular no paró de manifestar su repudio. La resistencia ya no era solo contra el golpe de Estado y su Gobierno, las protestas eran contra la crisis económica, que se agudizó por la pandemia, y la ausencia de una política sanitaria. El golpismo no pudo ni supo desarrollar una acción planificada y ordenada en el manejo de la pandemia.

4.- El 3 de mayo debía realizarse las elecciones, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) las pospuso para 6 de septiembre  “por la pandemia”. El mismo día en que se anunció el aplazamiento de las elecciones la presidenta de facto aprobó el confinamiento de la población por 14 días, una cuarentena debido a la epidemia. El hambre llevó a miles de bolivianos y bolivianas a violar la cuarentena para salir a las calles, organizando cacerolazos y marchas espontáneas en distintas regiones. La respuesta del gobierno fue represión y persecución política, apuntando al Movimiento al Socialismo (MAS) como promotor de las movilizaciones, y a Evo Morales como cabeza de un supuesto complot.

5.- Ya en mayo, el régimen encabezado por Jeanine Añez estaba desgastado por sus equivocadas e insensatas acciones, tanto desde el punto de vista económico como social, político y sanitario. Según el diario “El País” de España (https://elpais.com/internacional/2020-03-21/bolivia-aplaza-las-elecciones-presidenciales-de-mayo-por-la-epidemia.html), el MAS encabezaba las encuestas de intención de voto, con posibilidades de ganar en la primera vuelta electoral, esto es, de obtener más del 40% de los votos y diez puntos porcentuales por encima de su inmediato seguidor.

6.- En julio de este año, El Tribunal Superior Electoral volvió a aplazar las elecciones para el 18 de octubre, lo que causó graves conflictos sociales, y tras unos 10 días de protestas y unos 75 puntos de bloqueos, las manifestaciones, que comenzaron con la bandera de “elecciones ya”, terminaron pidiendo la renuncia de la presidenta del Gobierno, Jeanine Áñez. La Asamblea Legislativa aprobó una Ley que ratificaba el 18 de octubre como fecha improrrogable de las elecciones y la presidenta de facto promulgó la ley, aplacando las protestas.

7.- Es la movilización popular antigolpista la que ganó las elecciones. El aplastante triunfo electoral no es solo del MAS, es el triunfo de un pueblo que tiene una enorme tradición de lucha, es un triunfo de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, del pueblo pobre de Bolivia, cansados de las humillaciones, discriminaciones, las injusticias de todo tipo, los escándalos de corrupción, las cotidianas violaciones de los derechos de cualquiera que protestase, las frecuentes y usuales persecuciones y apresamientos, la profunda y dura crisis económica y el desastre producido por la carencia de una política sanitaria que haga frente a la pandemia de coronavirus.

8.- El triunfo electoral también es la expresión del sentimiento de emancipación de las etnias indígenas que componen la población boliviana, en su centenaria lucha contra el racista dominio blanco. El gobierno de Evo Morales significó, para las etnias indígenas, el inicio de la liberación de la condición de parias en su propia tierra. Pese a las diferencias que había con el gobierno de Evo, el voto indígena, mayoritariamente, fue en defensa del derecho a expresarse, a ser escuchado, a ser considerado alguien, a levantar con orgullo la wiphala que es mucho más importante que el crecimiento del PIB.

9.- La derrota de la derecha es la derrota de la coalición golpista representada en estas elecciones por Carlos Mesa y el neofascista Luis Fernando Camacho, derrota que  no es atribuible solamente al pésimo y execrable gobierno instalado tras el golpe de Estado y comandado por Janine Áñez, como sostienen algunos analistas. Es la derrota del atropello antidemocrático llevado a cabo los golpistas. Todos ellos deben ser juzgados por los crímenes cometidos, y condenados, de ser hallados culpables.

10.- Pero hay más derrotados: El secretario general de la OEA, Luis Almagro, principal artífice del golpe de Estado del año pasado; los medios de comunicación, que no solo en Bolivia sino en gran parte del mundo, le hicieron coro al “fraude electoral del dictador”; la jerarquía de las Iglesias; la Policía y un sector de las Fuerzas Armadas, pero, sobre todo, el gobierno de Estados Unidos, comandado por Donald Trump, y el abyecto “Grupo de Lima”.

11.- ¿Qué puede esperar ese pueblo que votó por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca? Esta es la pregunta que corresponde dilucidar ahora. Es conocido por todos que Arce y Choquehuanca son de la misma línea de Evo Morales. Lo más probable es que continúen sus huellas ya que durante muchos años, fueron parte de su gabinete como ministros de Economía y Relaciones Exteriores, respectivamente.

El gobierno que asumirá el próximo domingo 8 de noviembre tendrá que poner todo su empeño en la reactivación de la economía boliviana, golpeada por la pandemia y por una crisis económica que, si bien tiene ya unos años, se ha profundizado de manera descomunal. Arce, plantea una mayor industrialización del país, financiada por un alivio de la deuda externa por al menos dos años y la aplicación de un impuesto a la riqueza que permita el ingreso de unos 400 millones de dólares.

 

Si bien obtuvo el más amplio apoyo del movimiento social y popular, este debe ser crítico pues siempre está el peligro de que un gobierno “de reconciliación nacional”, como dijo Arce que sería el suyo, adopte medidas antipopulares, pues, para poder atender las demandas de las mayorías, será necesario anular las acciones e investigar las atrocidades del gobierno golpista.

De todas maneras, aunque Arce se vea inclinado u obligado a aplicar ajustes neoliberales, tendrá enfrente a un pueblo que derrotó el golpe de Estado y el régimen represivo que impuso. Los trabajadores, los campesinos, los indígenas y el pueblo en general, tendrán que estar atentos y organizados en forma independiente del gobierno del MAS para enfrentar cualquier intento de volver atrás y deberán exigir la aplicación de un plan económico que esté al servicio de los trabajadores, los campesinos, los indígenas y el pueblo pobre.

 

 

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