Ayoreos frenaron topadora para defender sus tierras

El pasado martes, empleados de la firma alemana A. Brandenstein Agro Forest Investiment (BAFI) S.A, identificada como una de las importadoras de maquinaria pesada Cartepillar (CAT) en Paraguay, se hallaban realizando desmonte dentro del terreno adquirido por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y en proceso de titulación a favor de los Ayoreo Atetadiegosode.

El área violentada por las máquinas es parte de una mensura judicial patrocinada por el INDI sobre la cual pesan medidas de no innovar.

El sitio forma parte del territorio tradicional y en uso de los Ayoreo Atetadiegosode de Cuyabia, comunidad ubicada a 90 km al noroeste de la Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

Pese a que en reiteradas ocasiones los líderes de la comunidad, Unine Cutamorajna y Nicolás Etacore pidieron a los estancieros vecinos aguardar la definición de la mensura antes de realizar desmontes, nuevas hectáreas están siendo devastadas por los mismos.

“Estas personas no nos respetan, hace mucho tiempo hemos pedido a las autoridades que se acerquen hasta aquí para corroborar cómo se violentan las medidas cautelares, pero no hemos tenido respuestas. Nosotros estamos defendiendo esto para nuestra supervivencia, para la vida de nuestros hijos y nietos, de las mujeres, y de los ancianos y ancianas de la comunidad”, sostuvo Cutamorajna, quien además explicó que en la zona habitan grupos aislados, que también corren peligro ante la constante deforestación.

“Los aislados se asustan con las topadoras, estamos seguros que ahora fueron hacia el norte y no sabemos si estarán seguros allí”, comentó el líder de Cuyabia.

Dentro de las 25.000 hectáreas existen registros de la presencia de grupos Ayoreo aislados, los cuales guardan una profunda relación con su territorio tradicional, con el bosque, sus recursos vitales y sus lugares de referencia históricos y sagrados.

La máquina fue llevada a la comunidad, mientras los habitantes de Cuyabia aguardan la presencia de un agente del Ministerio Público para promover la acción penal pública en contra de la empresa ganadera responsable. Esta diligencia es urgente teniendo en cuenta las posibles represalias hacia la comunidad por frenar una topadora defendiendo sus derechos, indicaron desde la comunidad.

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