Se enmarca en un acuerdo de cooperación bilateral que se firmó durante la dictadura.
San Pedro y Concepción están militarizados. Supuestamente fueron allí para dar seguridad a la población cerca de mil efectivos militares y otros cientos policiales. Varios fiscales y asistentes fiscales fueron también para garantizar la regularidad de las actuaciones. Conozco a dos de los comisionados: Ninfa Aguilar y Joel Paredes, ambos de Santa Rosa del Aguaray, en cuyas unidades fiscales envejecen «sin novedad alguna» denuncias de campesinos por torturas, detenciones ilegales, e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, son bastante ágiles a la hora de procesar, detener y encarcelar a campesinos que reivindican derechos tan fundamentales como el ambiente sano o el acceso a la tierra.