Aumento de la tarifa de los peajes abre vía a la privatización, afirma Canese

Empresas privadas que reciban en carácter de concesión las rutas nacionales serán las beneficiadas con las nuevas tarifas, que aumentaron hasta un 300%. Desde 2015 el peaje se cobrará en ambos sentidos.

Los camioneros consideran abusivo el aumento de las tarifas del peaje. Foto: 780 AM.

Los camioneros consideran abusivo el aumento de las tarifas del peaje. Foto: 780 AM.

El ingeniero Ricardo Canese señaló que el reciente aumento de las tarifas de los peajes es el preludio de la privatización de las rutas y otros servicios que planea el gobierno de Horacio Cartes en el marco de la Ley de Alianza Público-Privada (APP).

“La primera medida que toman los gobiernos en plan de privatización es elevar las tarifas de los servicios para darle mayor rentabilidad a las empresas, un aumento que es mucho mayor de lo que necesitaría el Estado para mantener el servicio público o mejorarlo”, dijo consultado respecto al recién concretado aumento.

Precisó que los manuales de privatización contemplan este tipo de aumentos exagerados, en este caso de hasta el 300%, a costa de los usuarios antes de iniciar la entrega de los servicios y recursos públicos al sector privado.

“No se suben las tarifas al concesionar, sino antes. El Estado sufre las protestas y el costo político, como la reciente manifestación de los camioneros, y los beneficios quedan para las empresas, que simplemente mantienen las tarifas ya aumentadas”, añadió.

Tras el aumento que empezó a regir desde el 1 de junio, los vehículos livianos, que pagaban G. 5.000, ahora pagan 10.000; camiones y ómnibus con dos ejes que tributaban G. 7.000,  pagan G. 20.000. Igualmente pagan G. 20.000 camiones con tres ejes y camiones con más de tres ejes, que estaban pagando 15.000 guaraníes, ahora deben abonar 40.000 guaraníes. Asimismo, a partir de 2015 el peaje deberá ser abonado en ambas direcciones, es decir tanto al ingresar como al salir de las ciudades.

Si bien el gobierno de Horacio Cartes sostiene que la ley de APP no es privatista, ya que los bienes y servicios públicos no son transferidos de manera definitiva a las empresas, en cambio sí contempla concesionarlos por plazos de hasta 40 años sin que el Estado reciba los pagos que corresponderían en caso de que se tratase de una venta. Por el contrario, el Estado se compromete a pagar a las empresas en caso de estas no obtengan los márgenes de beneficios esperados.

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