Audiencia preliminar del caso Curuguaty se retoma hoy

En un proceso calificado de parcialista por organismos internacionales. La audiencia preliminar por la matanza de campesinos y policías ocurrida en junio de 2012 en Curuguaty, a 240 km. de Asunción, se desarrollará este lunes en el Palacio de Justicia de la capital, tras haber sido suspendida en varias ocasiones en los últimos cinco meses.

Una de las audiencias públicas suspendidas. Foto de Jorge González

El abogado defensor Vicente Morales confirmó que se mantienen las fechas de audiencia del 15 al 17 de julio notificadas por la jueza encargada de la causa, Yanine Ríos.

Once campesinos y seis policías murieron el 15 de junio de 2012 en una operación policial de desalojo de campesinos de Marina Kué, Curuguaty, tierras públicas que fueron usurpadas al Estado por el fallecido político colorado Blas N. Riquelme, quien se hizo de tierras y fortuna durante la dictadura según informes de la Comisión de Verdad y Justicia. La familia Riquelme busca manipular la figura jurídica de usucapión para quedarse con el inmueble. Se encuentran actualmente en disputa judicial con el Estado.

Investigación parcial

El fiscal de Curuguaty, Jalil Rachid, imputó a 12 campesinos por la matanza, con acusaciones genéricas contra los mismos. El comité de derechos humanos de las Naciones Unidas había llamado la atención respecto a la investigación oficial y exigió una investigación imparcial, ya que la fiscalía sigue una sola línea de investigación que apunta a los campesinos, aunque no puede comprobar quien mató  a quién según admitió el mismo Rachid. Federico Franco había calificado incluso de asesino a uno de los campesinos, sin pruebas y antes de que el mismo fuera sometido a juicio.

Audiencia suspendida

La audiencia fue suspendida el pasado 4 de junio, en su segundo día de celebración, después de que la jueza leyó las pruebas y Rachid pidió el enjuiciamiento de los 12 campesinos y el sobreseimiento de otros tres por falta de pruebas.

Morales dijo que la jueza no ha sido clara en su notificación sobre si la audiencia se reanuda mañana o vuelve a comenzar de cero, en cuyo caso Ríos tendría que haber anulado la anterior.

«Entendemos que la audiencia tiene que continuar, que fue un cuarto intermedio», observó el abogado de la defensa.

La defensa había pedido postergar la audiencia preliminar hasta que se aclarara el procedimiento civil paralelo para determinar quién es el propietario de las tierras donde ocurrió la matanza, pero Ríos resolvió continuar. Este es un punto fundamental debido a que varias de las acusaciones contra de los campesinos tienen que ver con la violación de la supuesta “propiedad privada” de los Riquelme, que en realidad fue usurpada por los mismos.

El tema de la propiedad también delata un hecho fundamental. El desalojo que culminó con la matanza fue obtenido de manera ilegal por medio de artimañas políticas, debido a que la familia Riquelme no cuenta con los títulos para obtener una orden a su favor.

Por otra parte, tras la matanza, se dieron a conocer gestiones políticas realizadas en el Congreso, para el desalojo ilegal, por parte del diputado colorado Oscar Tuma, correligionario de Blas N. Riquelme, y Efraín Alegre, del partido liberal. Ambos, y sus respectivos partidos, fueron los principales beneficiarios de lo que motivó posteriormente la masacre, el Golpe parlamentario realizado una semana después con la excusa de la tragedia cuya responsabilidad fue adjudicada, sin pruebas, al presidente Fernando Lugo.

Abusos contra campesinos

Paralelamente a la causa a cargo de Rachid, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación en octubre pasado para determinar si hubo abusos en la actuación de la Policía, como denunció la defensa de los campesinos.

El expresidente Fernando Lugo, actual senador, se reunió esta semana con el fiscal general, Javier Díaz Verón, para preguntarle por esa investigación del caso que fue uno de los motivos que lo llevó a enfrentar un juicio político y la posterior salida de la Presidencia de la República.

Verón le explicó que «ha iniciado nuevas líneas (de investigación) pero que, en conclusión, han llegado a la misma conclusión» con respecto a «los hoy imputados por el hecho de Curuguaty», dijo Lugo a la prensa.

El exmandatario y senador confió en que los fiscales «seguirán el proceso de investigación» y que tanto la ciudadanía, como los medios de comunicación y los actores políticos mantendrán un «esfuerzo común para que puedan esclarecerse satisfactoriamente» los sucesos de Curuguaty y se consiga «la tan ansiada justicia».

Lugo fue destituido una semana después de los hechos de Curuguaty, por medio de un golpe parlamentario realizado mediante un juicio político express, que lo consideró culpable de «mal desempeño».

Fuente: EFE

 

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