Ascienden a jueza a fiscala que ejecutó desalojo en Marina Cue

La Corte Suprema de Justicia resolvió en una sesión plenaria realizada la semana pasada designar y confirmar a los magistrados que desempeñarán funciones en diferentes circunscripciones judiciales del país. De acuerdo a lo informado por el sitio oficial del Poder Judicial, el juramento se realizó este lunes en el Palacio de Justicia de Asunción.

Entre otros nombramientos, fue designada como jueza penal de la circunscripción judicial de San Pedro la abogada Ninfa Mercedes Aguilar Sánchez. El 15 de junio de 2012, Aguilar se desempeñaba como agente fiscal en Canindeyú y con una orden de allanamiento ordenó que se realice un desalojo, que desembocó en la muerte de 17 personas en unas tierras que habían sido donadas al Estado pero que hasta ahora son explotadas ilegalmente por la firma Campos Morombí, propiedad del Grupo Riquelme, del cual Aguilar fue abogada.

Aguilar realizó imputaciones masivas que alcanzaron hasta a personas que fallecieron en la masacre y que además de perder la vida fueron declaradas en rebeldía. La base de las imputaciones es un censo realizado por los campesinos para el reconocimiento de su comisión –un requisito administrativo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para entrar a los programas de adjudicación de tierras–, y que fue hallado en un cuaderno incautado en el campamento de los campesinos que reclamaban la recuperación de las tierras. En cambio, la lista posteriormente desapareció tras supuestamente haberse mojado con la lluvia.

Luis Paredes y De los Santos Agüero, fallecidos en la masacre, también fueron imputados y declarados en rebeldía por la fiscalía bajo los cargos de invasión de inmueble. De acuerdo al testimonio de los familiares, varios de los campesinos habrían sido ejecutados, pues luego de resultar heridos se comunicaron telefónicamente con sus allegados, pero posteriormente aparecieron muertos tras haberse entregado a la policía.

Aguilar además está citada como testigo del caso por el fiscal Jalil Rachid, quien acusó a trece campesinos por los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Sin embargo, ningún policía fue investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido contra labriegos que fueron detenidos tras ser heridos.

La ahora magistrada también imputó arbitrariamente Miguel Correa y Marcelo Trinidad, quienes concurrieron al Hospital de Curuguaty para averiguar si entre los muertos y heridos se encontraba algún familiar o persona conocida. Permanecieron durante más de un mes en la cárcel de Coronel Oviedo, donde según manifestaron sufrieron torturas y malos tratos, siendo luego sobreseídos al haberse comprobado que no estuvieron en el lugar de la masacre. La agente renunció a la causa por supuestas amenazas de muerte de los campesinos.

Comentarios

1 Comentario

  • Avatar
    gustavo garcía
    8 mayo, 2016

    Por mas que abunden los casos inexplicables como el que revela la noticia no deja de sorprendernos esta reiteración que mantiene la fama de país de riesgo y de inseguridad juridica que merecemos en el exterior. Interiormente la decepción de nuestros jueces computa como total !

Publicá tu comentario