Arrancó seminario sobre alimentación con críticas a empresas agro-exportadoras y política impositiva

No solamente los legisladores esconden información a la ciudadanía, también los organismos del Estado que no quieren hablar sobre la cantidad de plaguicidas que entra al país, señalaron. Se desarrollan las exposiciones de semillas nativas de distintos departamentos de Paraguay y acaba de terminar el primer momento de conversatorios. El evento se realiza en la Manzana de la Rivera de Asunción.

Fuente de Imagen: Base Is

Un poco antes de las 9 de esta mañana empezó el seminario “En el día mundial de la alimentación, decimos no a Monsanto”. Se realiza en el patio central y la sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera de la capital.

Unos 200 participantes llenaron la sala de debates, que arrancó con cuatro panelistas en torno a “Transgénicos en Paraguay: avances y retrocesos”.

Silvia González, del Espacio Orgánico, señaló que desde 2004 a 2012 sólo se había aprobado un cultivo transgénico en el país.

Sin embargo, tras el quiebre democrático que puso a Federico Franco al frente del gobierno paraguayo, se aprobaron ocho nuevos cultivos genéticamente modificados. Muchos de ellos sin esperar los dictámenes de los ministerios de Salud y Medioambiente. Actualmente están liberadas dos semillas de soja, cuatro de maíz y tres de algodón, precisó.

Hebe González, de Alter Vida, señaló que el Estado paraguayo tiene recomendaciones de organismos como la FAO de revisar sus políticas de control en torno a plaguicidas. Dijo que a nivel mundial se está re-clasificando las sustancias químicas que se utilizan en la agricultura.

Ya no solamente de acuerdo a su grado de toxicidad de acuerdo a sus efectos agudos, sino también de acuerdo a sus efectos en el tiempo, de acuerdo a los daños ambientales, de acuerdo a los daños a insectos y abejas benéficas y a la soberanía genética de los países.

También habló de la necesidad mundial de que los Estados establezcan medidas para controlar el ciclo entero de vida de los plaguicidas, es decir, monitorear todo su circuito, desde su entrada al país hasta su utilización final.

Dijo que la institución estatal de Paraguay encargada de controlar estos temas, el SENAVE, tiene ls potestad de hacer estos controles. También que la ciudadanía debe exigir no solamente a los legisladores sobre informaciones de la esfera pública, sino también a los organismos que manejan información sobre la cantidad y el uso de plaguicidas.

Juan Martens, de Inecip, vinculó directamente las medidas represivas de criminalización hacia comunidades campesinas e indígenas con organismos del Estado y empresas agro-exportadoras. Además habló de las medidas coercitivas y legales de las empresas para presionar y obligar a los y las productores para que compren sus semillas y dependan de sus productos.

Luis Rojas, de la SEPPY, habló de la injusta política impositiva del país, que permitió que los grandes propietarios sean más grandes y los pobres más pobres. También permitió que los productores sojeros dupliquen la producción de la oleaginosa en 10 años.

“En Alto Paraná, la zona del país donde más caras son las tierras, los propietarios pagan 4mil guaraníes(un dólar) por hectárea (…)El Estado paraguayo estimula la concentración de tierras, al contrario de lo que establece la Constitución Nacional”, dijo el economista.

Recordó que si bien el sector agropecuario generó el 30% de las riquezas del país en los últimos años, sólo aporta el 2,5% de los impuestos que recauda el fisco. El estado obtuvo de ese sector unos 15 millones de dólares solamente en los últimos años.

En cambio, explicó que la empresa Monsanto, sólo por regalías, cobró en el último año 39 millones de dólares. “La empresa cobró más impuestos que el propio Estado”, dijo.

“Yo creía que las empresas agro-exportadoras pagaban bajos impuestos, hasta que me enteré que el Estado devuelve por concepto de iva, cada año, un monto grande a estas empresas. En los últimos cinco devolvió 33 millones de dólares a la empresa Cargill. No solo que no pagan impuestos, sino que el Estado les paga”, dijo.

Esta situación, agregó, se agudizará con la reciente aprobación de la nueva ley de impuestos agropecuarios-IRAGRO, que castigará a los medianos y pequeños productores y los consumidores paraguayos, y beneficiará con exenciones a los grandes productores. También porque liquidó dos de las más importantes fuentes de ingresos del Instituto de la Tierra-INDERT a través de uno de sus artículos.

Fuente: Base Is

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