Argentina no logra acuerdo con los “Fondos buitre”

El conflicto de los “Fondos buitre” se remonta a 2001, año en que la Argentina firmó la suspensión de pagos con una deuda de 102.000 millones de dólares (76.1155 millones de euros), el mayor «default» de la historia. Argentina logró reestructurar un gran porcentaje de esa deuda en 2005 y en 2010, con una quita del 65% por parte del 93 % de sus acreedores, pero los fondos buitre, que habían comprado parte de esos bonos no aceptaron el trato. Su pulso con el Gobierno ha llevado a una batalla en los tribunales que sigue abierta hasta la actualidad. Ahora, el juez Thomas Grielsa reclama a Argentina que pague a todos por igual. También a aquellos que no aceptaron la reestructuración en su momento, poniendo al país en situación de impago.

Los fondos buitres son conocidos en inglés como «holdouts», «los que se quedan fueran», como alusión al hábito de estos acreedores de mantenerse al margen de las reestructuraciones de deuda con la intención de cobrarse por el valor total. El problema es que su negativa puede llevar a un conflicto cíclico: un nuevo impago del país y en su caso una nueva reestructuración de deuda. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en Argentina.

Negociaciones

Las negociaciones contrarreloj entre Argentina y los fondos de inversión especulativos se han cerrado sin acuerdo y con un halo de confusión sobre su resultado en relación a la suspensión de pagos. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, compareció en Nueva York para anunciar el fracaso de las negociaciones y defender, sin embargo, que éste no supone el impago: «Argentina ha tenido una dolorosa situación de ‘default’ en 2001» pero en esta ocasión lo que sucede «no es relativo a la solvencia ni a la voluntad de pagar de la República Argentina».

En su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno, Capitanich se refirió a la falta de acuerdo con los fondos buitre y señaló que «hemos notado una marcada incompetencia del special master», en referencia al negociador designado por el juez Griesa, Daniel Pollack, por «desconocer cuestiones elementales de esta negociación».

Debido a que Griesa se negó a suspender la sentencia de pago a los fondos litigantes, Argentina debía dialogar con ellos a través de un mediador. Las negociaciones fracasaron en Nueva York.

Según analistas, al fracasar las negociaciones el magistrado podría aplicar su sentencia original y ordenar que se reparta, entre los bonistas de los canjes y los litigantes, el pago que no se hizo efectivo tras el congelamiento de los fondos depositados por Argentina en un banco de Nueva York. También podría autorizar embargos contra Argentina para pagar a los «fondos buitre».

“Default técnico es una patraña absoluta»

Capitanich ratificó el reclamo de la Argentina de avanzar en una reapertura del canje o en la instalación de un stay (medida cautelar), ya que «la cláusula Rufo podría disparar una multiplicidad de juicios contra la Argentina», y además «la justicia de Estados Unidos no es confiable».

El jefe de Gabinete dejó en claro que «la Argentina pagó, y por lo tanto los tenedores tienen que exigir su pago, deben exigir al juez los fondos depositados por la Argentina».

«La Argentina pagó, y por lo tanto los tenedores tienen que exigir su pago, deben exigir al juez los fondos depositados por la Argentina»

Por lo expuesto, enfatizó que «aquellos que pretenden decir que Argentina está en default técnico es una patraña absoluta».

Capitanich cuestionó «toda esta campaña mediática que pretende endilgar la responsabilidad al gobierno argentino», y aseguró que «la estrategia del gobierno fue coherente».

Criticó que la sentencia del juez Griesa «ha sido convalidada por todas las instancias del Poder Judicial de Estados Unidos», y agregó: «que no vengan con que es independiente, es independiente de la racionalidad, no es independiente de los fondos buitre».

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, también descartó que el país se encuentre en default porque «la Argentina pagó y el juez (Thomas Griesa) está haciendo la retención de un pago y está perjudicando a terceros, que son los bonistas que no son parte de este juicio».

El funcionario señaló que el país «no puede negociar» con los fondos buitre «porque tiene contratos firmados y está la cláusula Rufo, que haría extensivo los pagos al resto de los acreedores».

Para Vanoli, el juez Griesa «ha inclinado la cancha absolutamente, y ya está en una situación metajurídica, invadiendo jurisdicción extranjera, restringiendo cobros».

El titular de la CNV consideró que «la ultraderecha financiera en Estados Unidos tiene una importancia muy grande, y está tratando de tirar abajo un acuerdo con gran parte de bonistas de todo el mundo».

Objeciones de la Argentina

Argentina ha dejado en claro sus objeciones a pagarle a grupos que se benefician de la especulación financiera (a los que llama «caranchos»), que, según su visión, quisieron aprovecharse de la peor crisis económica en la historia de Argentina para enriquecerse a costa de los habitantes del país.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner aseguró que su país es «una víctima serial de las leyes no escritas de los lobbystas, de las calificadoras (de riesgo) y de los fondos buitre».

La frase no fue casual: en su fallo adverso en agosto pasado la Cámara de Apelaciones de Nueva York había definido a Argentina como un «deudor recalcitrante».

«Más que un deudor recalcitrante el país es un pagador serial», respondió Fernández.

Según la mandataria, el país no puede ceder a las presiones de los fondos de inversiones, que representan apenas el 0,45% del total de sus acreedores.

«Según la ley de quiebra en nuestro país basta con que el 66% de los acreedores esté de acuerdo para que el juez apruebe la quiebra (…), una cifra similar a la que existe en los Estados Unidos”, dijo la jefa de Estado durante un discurso, para justificar su decisión de no atender el reclamo de los «fondos buitre» cuando el 93% de los bonistas ya acordó con el gobierno.

Además, Argentina se opone a pagarle a estos fondos el 100% de lo que reclaman, bajo el argumento de que ellos compraron sus bonos a un precio muy reducido luego del default de 2001.

Precedente

«Que alguien me explique la racionalidad de que el 0,45% de una masa de acreedores que compró bonos a US$40 millones en el 2008, cuando ya estaban defaulteados, quiera ahora, sobre el 93% de los que sí acordaron, cobrar US$1.300 o US$1.700 millones con una ganancia neta en dólares de más de 1.300%. La verdad que no resiste ningún análisis, no es ideología, es simplemente sentido común», se quejó Fernández ante la ONU.

Más allá de los reparos morales, los analistas coinciden en que la principal objeción de Argentina de aceptar la deuda total que exigen los «fondos buitre» es el precedente que sentaría para el resto de los holdouts.

Aparte de los grupos que iniciaron el litigio, hay un 6,5% de acreedores que aún no cerraron un acuerdo con el gobierno tras quedar fuera de los dos canjes de deuda.

Según un informe elaborado por el estudio jurídico argentino Cabanellas Etchebarne Kelly, si se suma lo total adeudado por Argentina a estos holdouts, la cifra asciende a US$20.000 millones.

Fuentes: Mundo/BBC/ Telam

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