Apuestan a la barbarie y van por más sangre

«La matanza en Curuguaty nos recuerda el centro histórico de la disputa política en este país: la tierra.»

"El gobierno ubica en el Ministerio del Interior a Rubén Candia Amarilla, un tipo que conoce al dedillo cómo funciona el sistema policial stronista y la fiscalía que únicamente actúa en favor de los Blas N. Riquelme, de los Pappalardo, de los Zucolillo, de los Cartes." Fotografía: Facebook (imagen compartida desde varias páginas, como "Dictadura nunca más").

La matanza en Curuguaty nos recuerda el centro histórico de la disputa política en este país: la tierra. Es el precio que paga el pueblo paraguayo por haberse convertido en el primer país de América con tierras para todos. Esa sagrada idea que heredamos de las comunidades originarias que nos educaron en el idioma que resistió la embestida colonial y los intereses criollos. Es el calvario de un pueblo sobreviviente sin educación pública, sin hospitales, recreándose con sabiduría popular por territorios tanineros y yerbateros en manos de compañías afincadas en Buenos Aires y Brasil, como la Industrial Paraguaya, Puerto Casado, Mate Larangeira, entre otros.

Mucho tiempo después, la dictadura stronista convertiría el país en enclave del tráfico de todo tipo de mercaderías y también regalaría nuevas tierras para la extensión del capital agroexportador de Brasil y para la consolidación del latifundio. Ganado, soja y reexportación de productos importados cerrarían el cuadro de conformación de nuestro estado moderno. Uniformidad marcial, ramplona y caricaturesca se impondría como forma de obediencia de la sociedad al nuevo modelo de acumulación.

Nuestras fuerzas productivas reales, las que dan de comer a sus familias y nos dan de comer a nosotros, los que malvivimos en las ciudades, serían atacadas profundamente con la extensión del modelo ganadero en grandes estancias y el modelo sojero, principalmente en la veta transgénica, hasta quedar concentradas las tierras en un 80 por ciento en manos del 2 por ciento de la población, según el último censo agropecuario. Ese censo nos cuenta que en estas últimas décadas fueron las fincas de 20 a 50 hectáreas las que desaparecieron para incorporarse al latifundio sojero y ganadero.

Durante la dictadura stronista esta forma de extracción de nuestras fuerzas productivas y de nuestros recursos naturales se consolida, sobre la base, principalmente, del regalo de las tierras a los socios del régimen (Blas N. Riquelme, entre ellos) y la entrega de extensas tierras del Alto Paraná y Canindeyu a los facendeiros brasileros, talvez como contrapartida no declarada del acuerdo firmado para la construcción de Itaipú. Un modelo de acumulación sobre la persecución de las comunidades asentadas durante siglos, que en su gran mayoría no contaban con papeles, herencia de las formas antiguas de asentamiento respetadas por el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López. La tierra es de las familias que las ocupa.

Por allí también habría que buscar el origen en nuestro país del extendido derecho de usurcapión al que hoy quiere echar manos Blas N. Riquelme, que, claro está, no vive en esas tierras. Las tierras fiscales fueron entregadas a amigos, socios, compañías extranjeras. Y fueron desalentadas, desterradas, con presiones, amenazas, ejecuciones a las familias campesinas, indígenas o paraguayas y desarticuladas mortalmente las organizaciones que buscaban formas autónomas de producción como las ligas agrarias.

El Estado stronista logra construir toda la institucionalidad política sobre la base de la enajenación de nuestras fuerzas productivas y nuestros recursos naturales. Esta institucionalidad no ha sufrido transformación alguna durante la llamada transición. Es más se ha extendido sobremanera la agricultura empresarial que no incorpora a la gente en la producción y que, por ende, provoca, también en las últimas décadas la masiva migración del campo a las ciudades metropolitanas, cuadro que tan bien describiera el maestro Tomás Palau.

El Banco de Fomento sigue siendo un banco para grandes cultivadores de soja, hacendados y agroexportadores en general. Las facultades siguen produciendo veterinarios para las haciendas y no para la agricultura familiar y la tecnología también se ha concentrado en esa explotación extensiva, dejándose a las familias campesinas en sus antiguos arados, sin medios de comunicación y locomoción y sin capital para comercializar sus productos, quedando presos de los acopiadores. Toda la institucionalidad del Estado paraguayo está organizada para ese modelo, convirtiendo al país en un extenso dominio sin Estado, sin población, sin ciudades pueblo, por donde pastan tiernos animalitos y crece esa semillita hermosa de la soja transgénica a costa de la completa deforestación y la contaminación de arroyos y familias campesinas aledañas.

Todo el poder económico de nuestro país está ligado a ese modelo. Es lamentable cómo los que se dicen industriales aparecen como tembiguai de los terratenientes en el país, el círculo más recesivo y medioeval. Es que la renta de sus empresas se convierte en patrimonio personal y este patrimonio se ostenta, entre otras cosas, mirado enormes territorios como propiedad privada por donde se trafica de todo. La tierra los cohesiona. Y la tierra, sin entendiéramos profundamente nuestras raíces y las formas posibles de superar nuestras miserias ancestrales, también debiera cohesionarnos a todas las personas que estamos hartas del poder infame de los terratenientes que se expresan en el conglomerado mediático, en las universidades, en las escuelas. Todos los días claman sangre de nuestros hermanos del campo y ahora van por más sangre. 140 campesinos muertos desde 1989. No les importa nada más que defender sus tierras usurpadas, su poder impune. Cuentan con el Parlamento, con grandes medios comerciales, con el Poder Judicial casi íntegro, y con un timorato Poder Ejecutivo que amaga para un lado y sale por otro, en un riesgoso juego de mantener el statu quo atizando cierta ilusión progresista. Ese poder es tan impune en nuestro país que se da el lujo de reprochar al gobierno por qué a ellos se les pide título de propiedad, como lo hiciera Néstor Tito Núñez en la inauguración de la expo del año pasado, una expo donde más del 90 por ciento de los productos expuestos son importados. Ese poder es tan impune que ni siquiera acepta la mensura administrativa, razón por la cual instauraron la enorme campaña contra Alberto Alderete, el primer titular del Indert, hasta destituirlo. Eso de medir la extensión de las propiedades, pedir documento de propiedad y cruzar los datos les molesta sobremanera a esta gente que se cree por encima de todo.

Es falso el escenario de arbitraje de este conflicto por parte del gobierno de Fernando Lugo. No sostuvo ninguna de las decisiones importantes como el decreto sobre uso de agrotóxicos, el subsidio para capitalizar a los productores agrícolas sesameros, la compra de las tierras de Texeira, entre tantas cosas a las que se renunció en nombre de la “gobernabilidadad”.  Es más, desde un primer momento desalentó brutalmente las grandes luchas, como la represión infame contra la movilización campesina del 21 de noviembre en reclamo de la renuncia Rubén Candia Amarilla o la declaración del dos estado de excepción.

Con la masacre de campesinos y policías, ese podercito mezquino al que, lamentablemente le tiene miedo cierta dirigencia que se hace llamar progresista, está más que contenta. Blas N. Riquelme tranqui no más. El nuevo ministro del Interior, por ejemplo, no pediría su desalojo de las tierras usurpadas ni ocuparía con policías ese territorio, pero, en relación con los campesinos, dirá, muy ilustrado este señor: la ley es la ley.

El gobierno cierra el juego de idas y vueltas por el lado conocido. Ubica en el Ministerio del Interior a Rubén Candia Amarilla, un tipo que conoce al dedillo cómo funciona el sistema policial stronista y la fiscalía que únicamente actúa en favor de los Blas N. Riquelme, de los Pappalardo, de los Zucolillo, de los Cartes. Es decir, cierra otorgando pleno poder a la antigua estructura de dominación para que haga lo que sabe hacer. Y lo que sabe hacer es meter palos a los pobres desterrados, desahuciados, y tranzar con nuestras penas, nuestras luchas y nuestras reivindicaciones. Es un juego perverso, una farsa de muy malos actores, y nosotros, en el centro de una disputa que no debemos perder de vista: la tierra. Si no disputamos la tierra, en este país nada serio se disputa.

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