Apelan confirmación de la jueza Yanine Ríos en el caso Curuguaty

La defensa de los acusados en el caso de la masacre de Curuguaty apelaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Salto del Guairá, que confirmó en la causa a la magistrada Yanine Ríos, quien había sido recusada por parcialidad manifiesta.

La jueza Yanine Ríos actuó como coadyuvante de la fiscalía, sostiene la defensa de los campesinos acusados.

Al apelar la confirmación los abogados Vicente Morales, Guillermo Ferreiro y María del Carmen Morales sostienen que “dicha magistrada, en todo momento ha obrado en forma parcial, nos ha rechazado todas y cada una de nuestras pretensiones en audiencia, y aunque conocemos cuáles y de qué modo operan los mecanismos recursivos en contra de esas decisiones, exponemos en este escrito, con el objetivo de poner a la luz de VV.EE. la conducta de dicha magistrada en la Audiencia Preliminar, y su actitud de parcialidad manifiesta en todo  momento; ella difiere (no sabemos para cuándo) todos los requerimientos solicitados por la defensa, si bien la Ley le permite resolver los incidentes conjuntamente con la decisión final de la audiencia, no le está permitido no sustanciar un incidente previo, como el de prejudicialidad planteado por nuestra parte”.

La prejudicialidad a la que hacen referencia los abogados es con respecto a la titularidad de las tierras de Marina Cue, que está pendiente de resolución. Si se llegara a determinar que las tierras del conflicto son del Estado, los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal quedarían sin sustento. Esto debido a que la hipótesis de la fiscalía se basa en que dichas tierras pertenecen a Campos Morombí y que los ocupantes formaron una organización estructurada y jerárquica para permanecer en el inmueble a sabiendas de que se trataba de una propiedad privada.

Asimismo, el procedimiento de desalojo, realizado con una simple orden de allanamiento, quedaría viciado de origen, por lo que debería investigarse la responsabilidad institucional de los homicidios que resultaron de su ejecución.

Sobre la supuesta falta de sustento probatorio que esgrime el juzgado de Salto del Guairá al atribuir la medida de la defensa a “motivos subjetivos y sin mayor argumentación”,  los abogados responden que “el agravio concreto consiste en que la Jueza ha admitido que se introdujeran pruebas ilegalmente obtenidas (pruebas ocultas, no individualizadas por el Ministerio Público), que pretenden ser incorporadas al proceso con serios vicios formales y con una fuerte sospecha de que algunas de ellas, ni siquiera corresponden a esta causa, y a pesar de las insistentes solicitudes de rechazo por nuestra parte, la Sra. Jueza ha rechazado nuestra pretensión”.

Esto en alusión a la escopeta que fuera encontrada 10 días después de la matanza en el patio de una parroquia de Curuguaty y fuera denunciada como robada 7 días después del 15 de junio del año pasado, por lo que estaría probado que no tiene ninguna vinculación con la causa, a pesar de lo cual la magistrada insiste en incluir tal elemento.

“La juez ha actuado como coadyuvante de la fiscalía, supliendo la labor de misma, al no ofrecer pruebas o hacerlo en forma negligente y al rechazar un recurso de reposición falseando los argumentos de la defensa”, agrega la presentación.

“La misma actuó en forma parcial durante la audiencia preliminar al tomar el lugar de la fiscalía y completar (extemporáneamente) el escrito de acusación con pruebas que ni se menciona en el mismo. A esto se suma que nuestra parte repuso la admisión de pruebas por que las mismas no fueron ofrecidas al momento de acusar, sin embargo la Jueza lo rechaza diciendo que alegamos que se plantaron pruebas”, precisa.

Uno de los principales puntos cuestionados por la defensa es que en el escrito de la acusación fiscal se hace referencia a tres cajas cerradas, pero en el juicio se abrieron nueve. Los abogados defensores alegan que nunca tuvieron acceso a dichos medios probatorios, lo cual viola el derecho de la defensa de conocer dichos elementos para contraponer las pruebas de descargo.

En tanto, la jueza Ríos, avalando esta irregularidad, argumentó que para la presentación en la audiencia dichas pruebas fueron distribuidas en una mayor cantidad de cajas por el deterioro de las mismas.

“Lo que la señora Jueza está haciendo es legitimar irregularidades y abusos por parte del Ministerio Público en cuanto a violaciones al proceso, el propio agente fiscal ha dicho al respecto en la audiencia: “la defensa tiene razón cuando se refiere a las cajas…” y luego responsabiliza al juzgado sobre la organización y disposición por razones “operativas” de convertir las 3 cajas en 9.  La señora Jueza confunde (intencionalmente) el concepto doctrinario de “depuración” de la causa en la audiencia preliminar, con la de “blanquear” lo que fue ilegalmente incluido. Depurar significa admitir lo que está bien incorporado, y rechazar lo que no; aceptar los elementos legalmente introducidos y excluir los que no.  Esto es depurar y/o subsanar, y no otra cosa”, dice el escrito de apelación.

“Depurar una cuestión formal puede significar, corregir un asunto que no causa agravio irreparable; por ejemplo que el fiscal haya olvidado firmar una hoja en algún documento, esto se “subsana” en la audiencia, no modifica la sustancia; pero no puede permitir introducir pruebas ilegalmente, pruebas innominadas, clasificadas con una sistema de listado alfanumérico, en tres cajas, que luego en la audiencia, a pesar de nuestras oposiciones, ordena abrirlas, y allí aparecen 6 más, porque supuestamente fueron reacomodadas; a esto, la jueza dijo que las cajas “estaban perfectamente lacradas” cuando las recibió, entonces se hizo la modificación del número de cajas porque “eran muy pesadas”,y se volvieron a lacrar.  Estas manifestaciones por parte de la jueza, si fueran ciertas (que no lo creemos), directamente constituye una participación concreta en la violación de los derechos de la defensa y el debido proceso y por sobre todo un accionar parcialista al tomar el rol de acusador”, precisa.

Una escopeta denunciada como robada 7 días después de la matanza es una de las pruebas arrimadas por la fiscalía.

La apelación también califica de perversa la posición de la jueza de rechazar las distintas objeciones bajo el supuesto de “Abuso excesivo del derecho a la defensa”, ya que los representantes de los acusados tienen el derecho de utilizar las garantías procesales frente a los actos que consideran ilegales, como la notoria acción de la jueza para remendar los vicios de la acusación fiscal. Asimismo sostienen que se trata de un peligroso precedente el intentar coartar la defensa bajo la calificación de meras estrategias dilatorias.  

“Resulta notorio el agravio que sufren nuestros defendidos al contar un una jueza que considera a la defensa como “Excesiva”. El derecho de nuestros defendidos de ser juzgados por magistrados independientes e imparciales se encuentra claramente establecido en el Artículo 16 de la CN. Su inobservancia conlleva la violación de los más elementales principios en materia Constitucional y de Derechos Humanos y acarrearan consecuencia en el ámbito de los tribunales internacionales, de gran envergadura”, asevera la defensa sobre los agravios que sustentan el pedido de recusación.

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