Amotocodie denuncia persecusión política

En un comunicado difundido a través de su página web, denuncia al Fiscal José Luis Brusquetti. 

Brusquetti inició una investigación a Iniciativa Amotocodie sobre delitos que hasta hoy no están especificados y que están caratulados genéricamente como: “Simulación de un hecho punible”, “Omisión de aviso de hecho punible”, y “Lesión de confianza”, a partir de una denuncia presentada por la Directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, María José Irrazabal. Tras la denuncia de la misma a la Unidad Fiscal Número 2 de Filadelfia se habría registrado un allanamiento violento el 1 de diciembre de 2010.

Ayoreo, Amotocdie, Chaco, persecusión

Selvícolas del pueblo Ayoreo, en el Chaco paraguayo, con los que trabaja Iniciativa Amotocodie

Pedido de imputación

El Fiscal solicitó la imputación contra 4 de los 5 miembros del equipo operativo de la institución, por lesión a la misma institución, además pide medidas alternativas a la prisión. Uno de los mismos, Benno Glauser, se encuentra actualmente de viaje fuera del país, por este hecho también se solicitó que se lo declare “en rebeldía”.

Según sigue la denuncia, el pedido de imputación, sin embargo, no está basado en las causas caratuladas inicialmente, mas bien, según declaraciones del fiscal, se trata de una ampliación de la investigación. Brusquetti afirma que las acusaciones iniciales están descartadas, pero que al investigar encontraron evidencias de otros delitos que deben ser investigados. Mencionó que la institución recibió miles de millones de guaraníes en los últimos años y pese a todo los Ayoreo continúan pobres.

Intereses en juego

Según los afectados, la acusación sigue siendo genérica y antojadiza, presumiblemente, según algunas fuentes, el Fiscal solicitaría que no se acerquen a la institución violentada, que no toquen las cosas de sus oficinas, que no utilicen los fondos, que no viajen al exterior, “en síntesis, que no trabajemos, para no alterar las pruebas, las mismas que nos devolvieron incompletas y muchas que todavía obran en poder de ellos”, afirman.

Los mismos dicen que hay motivos para apartarlos del camino. La organización se enfrenta a numerosos grupos de poder en la zona que pujan por territorios ancestrales de los ayoreos, terratenientes, ganaderos, empresarios menonitas, entre otros.

“Esta manera de proceder debe detenerse”

Finaliza el comunicado, “Nosotros como institución, desde el principio y hasta ahora estamos colaborando con la investigación. Responsablemente nos sometimos siempre al marco jurídico nacional asumiendo derechos y obligaciones. Estamos legalmente constituidos, cumplimos con todas las normas establecidas, y nos entendemos pasibles de investigación como cualquier ente. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar que nos preocupa el evidente abuso hacia nuestra institución, por la manera en que se desarrollan los hechos.

Esta manera de proceder debe detenerse, y ojalá no se realicen persecuciones e intentos de criminalización a ninguna institución que defienda Derechos Humanos Universales”.

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