Amonestan a abogada por criticar a ministra de la Corte

La abogada Julia Cabello, de la organización Tierraviva, recibió una amonestación y advertencia de parte del consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por haber criticado una resolución de la ministra Gloria Bareiro de Módica, quien había admitido en 2014 una segunda acción de inconstitucionalidad presentada por el terrateniente alemán Heribert Roedel contra la expropiación de 14.404 hectáreas a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa en el Chaco paraguayo, específicamente el artículo referente al monto de la indemnización. Esto luego de que una primera acción ya hubiera sido rechazada por haberse considerado que el trámite de expropiación se ajustó plenamente a los procedimientos legales.

Ante esta situación, la organización Tierra Viva emitió un comunicado, firmado por la abogada Cabello, en que advertía que el actuar de la magistrada atentaba contra la seguridad jurídica de la República, pues sentaba un nefasto precedente en el sentido de que una cosa juzgada pueda ser reabierta provocando que los litigios no tengan fin. La abogada sostiene que dicha acción debía ser rechazada incluso sin previo análisis, pero la ministra dio trámite a la acción actuando de manera totalmente contraria a los principios del derecho, dijo en contacto con el programa de la Revista Acción, trasmitido por la 1300 AM. En el pronunciamiento incluso se advertía que Bareiro de Módica era pasible de un juicio político en el Parlamento por mal desempeño de funciones, afirmación que habría desatado la ira de la ministra.

La amonestación se dio a pesar de que el juez sumariante, el superintendente Rafael Monzón Sosa, había recomendado la absolución. El ministro Antonio Fretes fue el preopinante y manifestó que correspondía la amonestación, voto al cual adhirieron Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo, quien incluso señaló que en el caso ameritaba la pena de cárcel. La resolución es del pasado 9 de diciembre.

Cabello detalló que las implicancias de la sanción es la anotación de antecedentes en su legajo profesional, siendo un claro perjuicio en caso de que decida postularse a concursos públicos. También repudió la medida como un claro atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho a la crítica a los funcionarios públicos.

Sin embargo, consideró que el verdadero trasfondo de la medida es un ataque contra la comunidad indígena, siendo el primer caso en la era democrática en que un pueblo originario logra la recuperación de parte de su territorio ancestral, por lo que la medida «disciplinaria» en su contra sería en verdad un mensaje de que no se permitirá que estos hechos se hagan constantes. Anunció, asimismo, que ya presentaron un recurso de consideración y que no aceptarán este atentado contra las garantías democráticas.

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