América debe despenalizar el consumo personal de drogas

Se deben promover políticas para despenalizar el uso personal de drogas en las Américas, señaló la organización Human Rights Watch.

 

En Uruguay, el Gobierno busca regular el mercado de la marihuana.

Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal atentan contra derechos humanos fundamentales, señaló la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), en el marco de la 43ºAsamblea General de la OEA que se celebra en Guatemala desde ayer y hasta mañana jueves. El principal enfoque de la asamblea son las políticas sobre control de drogas en América.

A fin de disuadir el consumo nocivo de drogas, los gobiernos deberían aplicar, en cambio, políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal. Deberían además adoptar medidas destinadas a reducir las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas, observó Human Rights Watch. Uno de estos pasos debería ser reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley y evaluar alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas.

Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de las personas. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación.

Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad, indicó HRW.

Los gobiernos pueden recurrir a muchas alternativas que no tengan carácter penal para reducir el perjuicio sufrido por quienes consumen drogas, como por ejemplo ofrecer tratamiento en casos de abuso de sustancias nocivas y brindar asistencia social.

Las investigaciones efectuadas por Human Rights Watch en distintos lugares del mundo han comprobado que la criminalización del consumo de drogas ha operado en detrimento del derecho a la salud. El temor a ser objeto de sanciones penales disuade a quienes consumen drogas de utilizar servicios de salud y recibir tratamiento, e incrementa el riesgo de que se expongan a actos de violencia, discriminación y enfermedades graves.

Las prohibiciones penales también han obstaculizado el uso de drogas con fines legítimos de investigación médica, y no han permitido que pacientes accedan a drogas para cuidados paliativos y tratamiento del dolor.

Con respecto al consumo de drogas por menores de edad, los gobiernos tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas de índole legislativa, administrativa, social y educativa para protegerlos del uso ilícito de drogas. Los gobiernos no deberían imponer sanciones penales a los menores de edad por consumo o tenencia de drogas para uso personal, expresó HRW.

 

 

 

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