Amenaza de impunidad a 6 meses de la matanza de Curuguaty

La fiscalía que lleva el caso de la masacre de Marina Cue despliega estos días un acelerado trabajo para acortar los plazos para presentar las imputaciones que procedan de sus escritos conclusivos.

 

Fuente: agroclasi.com

El 10 de diciembre logró unificar (y reducir) los plazos de investigación de 3 de lxs 12 detenidxs por el caso, que habían sido detenidos en fechas posteriores al 15 de junio de 2012: Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Rubén Villalba.

Anteriormente la Fiscalía General del Estado ya daba como cerrado el caso «En lo que hace al caso Curuguaty, el Ministerio Público tiene ya de alguna manera cerrado el caso. Hay un grupo de cuatro fiscales que están trabajando. La próxima semana se presenta el requerimiento fiscal»*. Tanto el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón como el fiscal a cargo de la investigación Jalil Rachid aseveraron que no pedirían prórrogas para la investigación. Dejaron entrever además alguna posibilidad de sobreseimientos en la causa, sin afirmar con certeza. Todas estas declaraciones se produjeron a propósito de acciones directas noviolentas de mucha repercusión como la pancarta gigante levantada en la misa central de Caacupé, el 8 de diciembre, que preguntó al pueblo mariano y paraguayo en general «¿Qué pasa en Curuguaty?» y de la masiva marcha por los derechos humanos del 10 de diciembre, cuyo eje central era la libertad de lxs 12 presxs por el caso Curuguaty y el esclarecimiento del asesinato del dirigente campesino Vidal Vega, ambos casos estrechamente ligados.

El presidente de facto, F. Franco, también debió referirse al tema ante la petición del delegado de las NNUU en Paraguay,  Lorenzo Jiménez de Luis, quien en una ceremonia oficial pidió el esclarecimiento de la masacre de Curuguaty, vinculando ese hecho con el mantenimiento del estatus paraguayo en lo referido a Derechos Humanos. F. Franco respondió que tarde o temprano se resolvería la masacre de Curuguaty.

Parece ser que la opción es que esa resolución sea temprano. Esto, justo en las fechas que se definen las candidaturas coloradas y liberales a la presidencia. Extraño timing procesal. Por otra parte, y de acuerdo al comportamiento y declaraciones de fiscales, jueces y el mismo presidente de facto pretenden instalar definitivamente la idea de los campesinos ocupantes del terreno como emboscadores y asesinos de la policía. Ese ha sido el argumento inicial de la fiscalía (hasta el momento no hay ningún policía detenido por la muerte de 11 campesinos) y del presidente, quien incluso se refirió a uno de los presos políticos de Curuguaty como «asesino». No hay motivos para creer que la Fiscalía se saldrá de ese guión.

La aceleración de los plazos se debe, en buena parte, a las movilizaciones y acciones que se han hecho en procura de la libertad de lxs 12 detenidxs por el caso – la principal, obra de ellxs mismxs: la huelga de hambre que alcanzó los 60 días – y por el esclarecimiento del hecho, esclarecimiento que acumula a esta altura un par de investigaciones paralelas que han permitido mostrar la parcialidad e ineficiencia de la investigación oficial llevada adelante por la fiscalía.

La masacre de Curuguaty, que produjo como resultado el golpe de estado parlamentario se ha transformado en un problema político-jurídico para el gobierno golpista. No sólo se trata de la demanda popular por verdad y no impunidad en el caso, ni de la certeza social de que la versión oficial no es cierta, sino de que el golpe fraguado con esta matanza, que tiene su origen preliminar en maniobras de destacadas personalidades del coloradismo, como Blas N. Riquelme y Tuma, dejará su huella, si los tiempos procesales se aceleran, sólo en la imagen del liberalismo. El liberalismo en el gobierno quedará, entonces, signado no sólo como golpista, sino sostenedor de la impunidad y la injusticia. El coloradismo quedará libre de polvo y paja gracias a los liberales. La situación, para el liberalismo no es sólo compleja, sino políticamente suicida.

Por el lado de quienes persiguen la verdad y la justicia en el caso, la situación es trasparentemente trágica y se resume en la absoluta falta de confianza en los resultados de la investigación oficial y de cualquier juicio que resulte de él. Y si se ha llegado al punto actual, con 4 de lxs presxs en prisión domiciliaria, con cierta atención mediática y con una preocupación social por el tema es debido a la sostenida, permanente y creativa movilización social y ciudadana sobre el tema.

Por ello, el sostenimiento por parte de la Fiscalía de la teoría de la «emboscada», no es difícil de prever y la continuidad del proceso judicial tendrá para la fiscalía la motivación de declararlos y declararlas culpables oficiales para demostrar su historia. Para la fiscalía se reduce todo a un tema de números: descartada la policía cómo sujeto del hecho, instalada en la calidad de víctima, deberá buscarse el número suficiente de culpables entre lxs campesinxs para justificar el asesinato de 17 personas, o al menos de una cantidad apreciable de ellas.

Es muy probable entonces que la fiscalía afine su historia presentando a algunos de los imputados como mentes maquiavélicas que orquestaron todo, o a alguno de los fallecidos como una especie de «rambo» para justificar las muertes policiales, que son las muertes que tienen importancia para el gobierno y la fiscalía.

Frente a la injusticia que se monta, con resultados ofensivos a la inteligencia de la gente, con la certeza de que el escenario jurídico en este caso es altamente negativo para la causa de la verdad, por los intereses que se combinan contra ella, de lo que se ha hecho hasta hoy algunas estrategias podemos revisar para enfrentar una nueva etapa jurídica.

a) Nada se ha logrado sin movilizaciones ni acciones directas noviolentas. Las decisiones jurídicas han tenido en cuenta las presiones políticas que estas movilizaciones y acciones han creado. Se debe insistir en ellas.

b) La unidad en la acción: que en este tema, sectores que en otros ámbitos están divididos, como la izquierda paraguaya o el antigolpismo en general, es una fuerte herramienta para revertir el intento de impunidad en el caso. Lo ha sido con fuerza desde hace un mes más o menos, y lo debe seguir siendo.

c) La unidad de criterio y la solidaridad de las 12 personas presas entre si, que ha trasmitido esa solidaridad y fuerza hacia el exterior ha sido importantísima, y algo que se debe sostener, incluso si la acción judicial de la fiscalía pretende quebrar esa unidad y solidaridad mediante la vía de sobreseer a algunxs y culpabilizar a otrxs.

d) Que siga siendo un tema eminentemente público: la huelga de hambre posibilitó el quiebre del bloqueo mediático y ese quiebre debe sostenerse mediante el debate, la opinión, los comentarios. La visibilidad del tema es una herramienta para asegurar un cierto coto a la impunidad. No se trata de, en este caso, repetir consignas o copiar ideas, sino de que muchas formas de ver el asunto se hagan explícitas, nos hagan felices o no.

e) Cualquier resultado judicial que merezca ser mencionado como positivo (un sobreseimiento marginal, una baja petición de condena, solicitudes de arreglos por fuera del juicio oral) ha de ser considerada (por que lo será) como un triunfo parcial en camino de la lucha por la verdad y la justicia para Marina Cue.

d) Se trata de romper la lógica del número y de la «emboscada» de la fiscalía, mediante argumentaciones serias, movilizadoras y en todo caso solidarias con uno de los motivos centrales de la masacre de Curuguaty: la lucha por la tierra. Tener siempre en mente qué más allá y más acá del golpe de estado parlamentario surgido de esta masacre, lo que se intentó instalar fue un golpe contra la legítima lucha por la tierra.

f) la presión internacional tanto a nivel de derechos humanos y solidaria, cómo a nivel mediático. Esa presión debe sostenerse y demandarse con más fuerza aún.

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