Altos funcionarios del gobierno procesados y otros en la mira

La Fiscalía avanza en el procesamiento de altos funcionarios del gobierno de Fernando Lugo. El fiscal Arnaldo Giuzzio imputó el pasado miércoles al Ministro-Secretario de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camio Soares. Giuzzio presume que Soares perjudicó al Estado Paraguayo por un valor aproximado de 4 mil millones de guaraníes y mediante supuestas sobrefacturaciones y falsificación de documentos. Soares acudió ayer a la sede del Poder Judicial a declarar ante el juez que atiende el caso, informando que no recusará al fiscal.

Ayer, el fiscal Martín Cabrera también firmó una resolución por la cual imputa al presidente de Petroleos Paraguayos (Petropar), Luis González Meyer. Lo acusa de, presuntamente, haber cometido daños contra el patrimonio del Estado por un valor de 260 mil dólares mediante una condonación a PDVSA (petrolera venezolana) del pago por alquiler de tres tanques de Petropar cuyos combustibles luego fueron vendidos a Bolivia.

En la mira de la Fiscalía está el Ministro- Secretario de la Secretaría de Información y comunicación (Sicom), Augusto Dos Santos. El diputado oviedista Oscar Tuma había denunciado primero ante el pleno de la Cámara de Diputados a Dos Santos porque supuesto acto de ilegalidad al gestionar para que Itaipu y Yacyreta otorgaran comunicación educativa pagadas por éstas a radios comunitarias no autorizadas a funcionar, para luego pedir que éste cuerpo legislativo solicite a la Fiscalia que investigue al ministro de la Sicom. Al no prosperar su planteamiento, Tuma hizo personalmente la denuncia ante la Fiscalía. Y ya fue desigando un fiscal para el caso.

Según fuentes judiciales, el otro que estaría en la mira para un eventual procesamiento judicial es el ministro de Defensa Luis Bareiro Spaini por supuesto manejo irregular del presupuesto de su ministerio.

Los procesamientos judiciales de los altos funcionarios del gobierno se inician con publicaciones periodísticas en medios locales, luego pasan por las denuncias políticas en el Congreso hechas por legisladores de partidos opositores al gobierno; finalmente se presentan formalmente las denuncias ante la Fiscalía y los fiscales investigan y resuelven las imputaciones ante los juzgados.

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