Al menos 14 radios comunitarias fueron cerradas en 2014

VOCES PARAGUAY, Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay, se dirige a la opinión pública, nacional e internacional, para expresar nuestra mas firme condena:

La organización de medios alternativos y radios comunitarias del Paraguay, Voces Paraguay, emitió un comunicado condenando diversos atentados a los derechos humanos y la democracia en Paraguay durante el 2014.

“Al asesinato de compañeros y compañeras periodistas llevadas por bandas criminales vinculadas al narcotráfico, fuerzas públicas, funcionarios de gobierno”, que en 2014 sumaron los nombres de Fausto Gabriel Alcaraz (16 de mayo 2014), Edgar Fernández (19 de junio 2014), Pablo Medina y su asistente Antonia Almada (16 de octubre 2014), “se suman a los casi ciento cincuenta dirigentes campesinos asesinados por el sistema de violencia y terror reinstalada en Paraguay pos dictadura”.

Voces señala que hubo “persecución, hostigamiento, apresamiento y criminalización judicial de luchadores y luchadoras sociales de nuestro país”. Recordaron en ese sentido el caso del 3 de enero de 2014, cuando agentes policiales de la comisaria tercera de Asunción agreden brutalmente, detienen y encierran en un calabozo al periodista Paulo López del Periódico digital E’a, despojándolo de su agenda y cámara fotográfica.

También la represión policial llegó a trabajadores de prensa del Canal 13 y de Unicanal que cubrían manifestación del movimiento a favor de los derechos de los grupos Lesbi, Gay, Trans, Bi e Intersex (LGTBI),  frente a la sede de la Conmebol, en Luque, durante la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En agosto 2014 el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, y de la corresponsalía del canal Telesur en Paraguay, junto a Carlos Benítez del diario Ultima Hora, y Mario Palacios de la televisora Telesur, fueron golpeados con cortes en la cabeza por agentes policiales durante la movilización de docentes.

Durante manifestación de la población bañadense (zona baja y ribereña al rio Paraguay en Asunción) frente a la Municipalidad de Asunción, periodistas de Radio TV Nuevo Paraguay y otros trabajadores de medios fueron afectados por la represión policial.

Cierre de radios comunitarias

Intervención, desmantelamiento, criminalización y penalización de dirigentes de radios comunitarias en todo el país se produjo a lo largo del año a través del Ministerio Publico, la Policía Nacional, el ente CONATEL, incautación y secuestro de equipos propiedad de organizaciones campesinas, ciudadanas, docentes, obreras; “además de constituir clara señal de censura y restricción al derecho a la libre expresión y de prensa”.

Ejemplos de ello son las radios FM Chacarita de Asunción; Kasike de Lambaré, Labrador y Ciudadana de San Lorenzo, Paloma Blanca y Kaakupemi de Capiata, en el departamento Central, Kuruguaty’y y Maracaná de Curuguaty, departamento de Kanindeju; Ovación de Campo 9, Tenonde de Cnel. Oviedo, Ko’ê Poty de Pastoreo y Tembiaporâ en el departamento de Caaguazú; Alto Vera en el departamento de  Itapúa, Sembrador de Villa Hayes departamento de Pte. Hayes. “El decomiso de equipos de radiocomunicación propiedad de organizaciones legales campesinas, ciudadanas, de trabajadores realizadas por organismos del Estado constituyen verdaderos atentados a la propiedad privadas y al estado de derecho”, aseguran.

Cuestionan además la Ley N° 4179/11 que modifica y amplia los artículos 57, 58, 70, 73 y 100 de la Ley No 642/95 de Telecomunicaciones, cercenando el alcance de las radios comunitarias, a la vez de prohibir el acceso a fondos de apoyo público-privada para el mantenimiento y operación de las emisoras comunitarias. De esta forma se ataca directamente al funcionamiento y sostenimiento de las radios alternativas no comerciales, al tiempo de privar a la audiencia el derecho de recibir mayor oferta comunicativa.

“Cada vez se vuelve más evidente la voluntad del gobierno del Presidente Horacio Cartes, autodenominado del ‘nuevo rumbo’, de mantener y fortalecer un régimen social y político arbitrario e injusto de larga data en la sociedad paraguaya”, indicaron. Remarcaron además, entre otros casos, la criminalización de las luchas sociales que se viene realizando mediante aplicación de leyes “que parecen retornarnos al tiempo de la dictadura stronista como ‘de perturbación de la paz pública’ como son los casos de luchadores como nuestro compañero de la radio comunitaria Tetagua Sapukai de Carayao (Caaguazú) y dirigente del gremio campesino Juan Cristóbal Jiménez, así como 11 pescadores”.

El gobierno debe garantizar derechos

Voces Paraguay reclama la obligación del Estado paraguayo, y este Gobierno en particular, de adoptar políticas públicas que asegure derechos constitucionales como el acceso en igualdad de oportunidades al espectro electromagnético (art. 30), garantice el pluralismo informativo y la protección de los derechos humanos (art. 27 y 30), el respeto a la dignidad y derechos de las Radios Comunitarias, Educativas, Culturales, Indígenas por su contribución a la democratización de la palabra, la información y la comunicación.

“Proclamamos que la comunicación, la información, la expresión y la opinión son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional (artículos 25 al 31) así como normas internacionales obligatorias para el Estado paraguayo (Art. 19 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos entre otras). Los Poderes del Estado paraguayo tienen la obligación de adoptar mecanismos que remuevan históricas desigualdades y favorezcan la democratización del acceso y utilización del espectro radioeléctrico conforme al derecho internacional, como a la tendencia desarrollada en la región MERCOSUR y otras regiones del mundo”, expresaron.

Finalmente, concluyeron repudiando “la presencia e influencia del crimen organizado en los partidos políticos, instituciones públicas, la económica y diversos sectores de poder, bajo la denominación de NARCOPOLITICA, NARCOGANADERIA, NARCOINDUSTRIA Y COMERCIAL”.

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