Afirman que reforma de Código Penal argentino desataría persecución contra migrantes 

Durante una jornada de radio abierta realizada el pasado fin de semana en la Villa 21 (Buenos Aires) por el programa Mandioca radioactiva, conducido por migrantes y descendientes de paraguayos que viven en Argentina, se plantearon algunas objeciones con respecto al proyecto de reforma del Código Procesal Penal. La normativa contempla, entre otros puntos, la expulsión y prohibición de ingreso al país por hasta 15 años de los extranjeros que supuestamente sean sorprendidos en flagrancia cometiendo delitos.

Uno de los participantes de la ronda fue Fernando Martínez, abogado e investigador paraguayo residente en Argentina, quien alertó sobre los peligros que

entraña para la comunidad migrante el proyecto presentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Martínez señaló la directa correlación del proyecto oficialista con los tiempos eleccionarios que se viven en la Argentina. En efecto, Sergio Berni, el secretario de Seguridad del Ejecutivo nacional y que había solicitado en reiteradas ocasiones la expulsión de los “delincuentes extranjeros”, había sido mencionado como posible candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo, aunque el funcionario negó sus intenciones de postularse al cargo.

En una campaña electoral en que –además de la inflación y el estancamiento económico– la inseguridad es uno de los blancos predilectos de la oposición para atacar al oficialismo, el peronismo gobernante estaría intentando de esta forma seducir a los sectores más conservadores, que relacionan el aumento de la delincuencia con la migración proveniente de los países limítrofes.

Sin embargo, Martínez apuntó que para un verdadero combate a la criminalidad es preciso realizar una profunda reforma al interior de las fuerzas de seguridad, a las que identificó como parte de la “cadena del delito”. Como ejemplo mencionó el caso del joven Luciano Arruga, quien habría sido detenido, torturado, asesinado y enterrado en una tumba NN por la propia policía, que opera una red extorsiva y de reclutamiento forzoso de jóvenes para delinquir.

–¿Qué puede implicar para los migrantes latinoamericanos, y de todo el mundo, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Gobierno argentino?

–Es bastante grave, sobre todo el artículo 35. Tiene varias dimensiones. Una es que partimos de una diferenciación entre las personas. Habla de que los extranjeros que estén en situación irregular y que cometan un delito que esté penado con una condena cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión serían pasibles de la expulsión. Hablemos de la dimensión sociopolítica que se liga a la cuestión legal. El supuesto objetivo del proyecto es combatir el delito. Primero, se está asociando extranjero con delito. Segundo, habla de que la persona en caso de ser sorprendida en flagrante delito que tenga una condena menor a tres años podrá optar por la suspensión del juicio a prueba a cambio de la expulsión. Es decir, a los ciudadanos argentinos el Estado les ofrece otra solución. Sin embargo, para el caso de los extranjeros tienen la opción de someterse al juicio o de ser deportado.

–¿Y qué pasa con la garantía constitucional de la presunción de inocencia? En este caso los extranjeros que sean supuestamente sorprendidos en flagrancia serían directamente deportados.

–Claro, este proyecto viola ese principio. La persona no estaría sometida a ese proceso en caso de que acepte esta suspensión a prueba. Pero sabemos que si se quiere combatir el delito, el crimen, el objetivo debe estar puesto en otro lado. Y ese lugar en que se expresa con mucha fuerza, especialmente contra la población empobrecida y los migrantes, es la policía. Si se quiere atacar el delito se debería reestructurar todas las fuerzas de seguridad. ¿Se está atacando realmente el delito o se está apañando algo que nadie quiere tocar que son las fuerzas de seguridad? Además reditúa electoralmente atacar al migrante. Sabemos que la cadena de delito, que la cadena del crimen, que la cadena del narcotráfico está ligada, apañada y promovida por las fuerzas de seguridad. En muchos casos obligan a las personas a participar en esa cadena de delitos.

Imagínense la situación en que pone el proyecto de reforma del Código Procesal Penal a las personas. En el territorio el que atraparía a los que supuestamente están cometiendo un delito es la policía. El policía sería el que encontraría en “flagrancia” a esta persona que supuestamente está cometiendo un delito. Esto le pone a la policía en una situación de poder sobre aquel que ya en el terreno de por sí está en una situación de vulnerabilidad. Ahora se les da una herramienta más para seguir sometiendo a las personas más vulnerables.

–Mencionabas también el componente electoral cuando en el país están muy próximas las elecciones presidenciales. ¿El Gobierno pretendería captar al electorado con tendencias xenófobas?

–No tengas dudas de que es así. Sergio Massa y Mauricio Macri (políticos opositores) funcionan así, Berni funciona así. Cuando el secretario de Seguridad hace su espectáculo de helicópteros al más puro estilo del Rambo de los años ochenta es un montaje mediático para desviar la atención de lo que no se quiere ver. Porque si hablamos de inseguridad esta no está en el migrante. Lo que pasa es que nadie se va a meter a reformar las fuerzas de seguridad.

Este proyecto de ley también entra en contradicción con la Ley de Migraciones. Si bien esta ley permite la expulsión de migrantes con antecedentes penales, esta considera que tiene que haber una condena, un procedimiento firme, y no una simple imputación como está estableciendo este proyecto de ley.

–Es decir que la persona que va a ser expulsada en estas condiciones ya está recibiendo una condena anticipada.

–Este proyecto trastoca el derecho migratorio. Acá se habla de flagrancia en hechos con penas cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión, o sea por hechos bagatelarios una persona puede ser expulsada. La persona podría perder el derecho a la defensa porque bien puede ser inocente. Y se pone a las personas prácticamente a expensas de la policía, que como habíamos dicho forma parte de la cadena de crímenes y delitos. Se pueden dar persecuciones contra los migrantes, que pueden quedar presos de esta relación corrupta que existe en las fuerzas policiales.

–De alguna forma se está buscando un chivo expiatorio para calmar los reclamos sobre el tema de la inseguridad con que tanto atacan los medios hegemónicos.

–¿Quieren reducir el crimen, quieren reducir el delito? Bueno, se están equivocando y no se están equivocando sin querer. Lo están haciendo a propósito dentro de un contexto eleccionario. Y quién se va a meter con las fuerzas de seguridad, que sabemos que usan a las personas para realizar delitos. Tenés ahí el caso Arruga. Esto implica dar a la fuerza policial una herramienta para perseguir a los migrantes.

Entrevista editada por Paulo López

Fernándo Martínez. Foto Gentileza.

Fernándo Martínez. Foto Gentileza.

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