Afirman que Plan de Derechos Humanos de Franco es una “estafa” y fue decretada a los apurones

«Para cumplir» con organismos internacionales. Organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado trabajaron desde 2011 una propuesta que fue “mutilada” para ser decretada días antes del informe al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Entre otras cosas, con los recortes impiden a las trabajadoras domésticas obtener un rango laboral igualitario, también niegan la existencia de discriminación hacia homosexuales y lesbianas.

Lanzamiento del «Plan Nacional de Derechos Humanos» de Franco.

El  Plan Nacional de Derechos Humanos fue “mutilado” aseguran diversas organizaciones de Derechos Humanos que denuncian que el Poder Ejecutivo dejó de lado las propuestas de la sociedad civil para el Plan Nacional de Derechos Humanos.

A mediados de marzo, el gobierno de Franco, representado por la Ministra de Justicia y Trabajo María Lorena Segovia fue hasta Ginebra, y luego a Washington, para defender el informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay frente al Comité de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), respectivamente. Como el Estado había asumido el compromiso de establecer un Plan Nacional de Derechos Humanos, días antes, el 6 de marzo, Federico Franco firma el decreto N° 10.747 “Por el cual se aprueban las políticas públicas en materia de Derechos Humanos y se pone en fase de implementación el Plan Nacional de Derechos Humanos”.

Estafa

El Plan es una “estafa” indica Mirta Moragas de la Red contra toda forma de discriminación. Su organización, así como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y la Red Paraguaya de Afrodescendientes, fueron convocadas en el 2011 para conformar el Comité Coordinador que elaboraría el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Trabajaron conjuntamente con el Estado y universidades. Tras seis meses de trabajo culminaron la propuesta, que establecía como temas centrales la igualdad y la no discriminación.

Además del proyecto, se adjuntó una lista de estrategias prioritarias a ser aplicadas. También se emitió una matriz que establecía los plazos y las instituciones responsables para el cumplimiento de las estrategias en esta materia. Según denuncian las organizaciones, el gobierno de Franco además de cercenar la propuesta en la que trabajaron con mucho rigor, las dos últimas documentaciones no fueron tenidas en cuenta. Por lo tanto no establece las formas de aplicación.

“En la práctica es una declaración vacía”, asegura Moragas. “Firmó el decreto a los apurones, para cumplir con la CIDH, es vacío en contenido. Es para nosotros es una estafa porque nosotros trabajamos en un documento que no es ese, no tiene esa integralidad. Es una farsa”, sentencia la activista de derechos humanos.

Cercenados

Las organizaciones mencionadas, denuncian que fueron cercenadas propuestas básicas como las de equiparar salarialmente y en condiciones de trabajo a las trabajadoras domésticas, actualmente discriminadas por la misma ley que permite que ganen menos de sueldo mínimo. El gobierno modificó la propuesta y agregó términos más flexibles y ambiguos como los de “mejorar las condiciones”.

En materia de discriminación niega la discriminación por orientación sexual (lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersex). La propuesta establecía que las personas no heterosexuales, sufrían discriminación por su orientación sexual e identidad de género. Esto fue eliminado.

Excluyeron recomendaciones y estándares específicas sobre igualdad y sobre no discriminación, derechos humanos en materias como cultura, memoria histórica, formación del funcionariado público y derechos sexuales y reproductivos. También flexibilizaron el estándar de legislación con relación al control de productos fitosanitarios de uso agrícola. Y numerosos puntos más.

Denuncia ante comité de la ONU

Las organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar al Comité de Derechos Humanos de la ONU la denuncia. Afirman que “con la suma de estas modificaciones se pierde el trabajo que hemos realizado durante el año 2011 y se logra que el Estado paraguayo hoy se jacte de contar con un Plan que en realidad es una declaración vacía de contenido, mutilada, sin posibilidades reales de operatividad y carente de la integralidad con la que deben ser abordadas las políticas públicas en materia de derechos”.

Mirta Moragas afirma que la mayoría de las organizaciones mantienen una postura de no sentarse con ellos a conciliar. “No tenemos nada que hablar con ellos. Ellos deben aprobar los documentos que hicimos no hay negociación posible”, expresó.

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