Afirman que Paraguay ha retrocedido en materia de derechos humanos

Los abogados Maximiliano Mendieta e Ireneo Téllez, de la organización Tierra Viva, señalaron en una entrevista con radio Fe y Alegría que desde el golpe parlamentario del 22 de junio de 2012 Paraguay ha retrocedido en materia de derechos humanos, especialmente en la protección de los grupos más vulnerables como los indígenas.

Al ser expulsados de sus tierras, los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa vivieron más de 20 años sobre la ruta. Foto: Fernando Valdovinos (@blackespejo).

“Desde esa fecha se ha estado violando el principio sostenido por el sistema interamericano, que se llama el principio de progresividad y no regresividad, es decir que en materia de derechos y legislación no se puede ir hacia atrás”, expresó Mendieta.

Entre estos retrocesos a nivel institucional mencionó que un derecho social básico desde las políticas públicas como fue la Dirección de Salud Indígena pasó de ser una dirección a un programa.

Otro aspecto mencionado fue la violación del estatuto de comunidades indígenas de parte del gobierno de Federico Franco al nombrar como titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) a Rubén Quesnel, una persona sin competencia ni preparación para tal cargo.

Entre las actuaciones de Quesnel citó la violación flagrante de derechos humanos en el acceso a territorio cuando 15 de noviembre de 2012, como presidente del Indi,  vende 25.000 hectáreas de la comunidad Cuyabia, del pueblo Ayoreo, a Julia Beatriz Vargas Meza, una particular relacionada con la empresa Agrofield.

Por este caso, además de Quesnel y Vargas Meza, está imputada la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro, que autorizó la venta a sabiendas de que las tierras están fuera de comercio, señaló Mendieta. “Estas tres personas se asociaron ilícitamente para cometer este hecho punible, que se puede sintetizar en dos. Por un lado, la lesión de confianza, que afecta el patrimonio de la comunidad Cuyabia y, por otro lado, el abandono”, precisó.

El abogado detalló que dicha operación, además ameritar una sanción penal, viola la propia Constitución, que en su artículo 64 establece que las tierras de los indígenas son intransferibles, además del convenio 168 de la OIT, según el cual no se puede realizar ningún proyecto que afecte a los indígenas sin consulta previa.

“El solo hecho de vender una tierra indígena, con 19 familias viviendo en ella, es un hecho que no solo se subsume en la ley penal, sino que son claras violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Sabemos la importancia y la conexión fundamental que existe para los indígenas entre la tierra y la supervivencia”, aseveró.

El abogado explicó que por eso la imputación incluye el cargo de abandono, ya que se ha vulnerado la integridad física y la vida, dejando a estas familias en estado de desamparo. A esto se suma el ingreso de topadoras para desmontar el lugar cuando que los territorios indígenas no pueden ser deforestados.

Mendieta apuntó que es grave que el Colegio de Escribanos haya sacado un comunicado en apoyo a la escribana Esteche Bareiro, ya que de este modo el gremio de los notarios asume que se puede violar la Constitución, que se pueden violar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, inclusive la vida, la tierra y el territorio.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado había dictaminado en 2009 en contra de la expropiación para restituir sus tierras ancestrales a la comunidad Yakye Axa. Foto: Amnistía Internacional.

Ante la consulta sobre si Quesnel actuó por cuenta propia o si respondía a órdenes superiores, Téllez recordó que en su declaración Quesnel mencionó a Federico Franco como responsable de haber dado la orden de retirar los más de 3.000 millones de guaraníes del Banco Nacional de Fomento (BNF), dinero que debía ser destinado a programas de desarrollo de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa.

Condenas internacionales

Téllez refirió las tres condenas internacionales que tiene el Estado paraguayo que lo obligan a restituir sus territorios ancestrales a las comunidades indígenas. La primera de ellas fue dictada a favor de la comunidad Yakye Axa en 2005 obligando al Estado a devolver parte de las tierras ancestrales, unas 14.000 hectáreas, que actualmente están en poder de la familia Domínguez Dibb. En 2006 sale otra sentencia para otra comunidad del pueblo enxet, Sawhoyamaxa, que reclama tierras que están en manos del ciudadano alemán Heribert Roeder, que solo en ese lugar tiene más de 60.000 hectáreas de tierra. Al ser expulsados, los miembros de esta comunidad vivieron más de 20 años sobre la ruta.

En tanto, en 2010, la comunidad Xákmok Kásek, del pueblo Sanapaná, obtuvo una sentencia en el año 2010 para devolver a la comunidad unas 10.000 hectáreas que están en poder del norteamericano Robert Eaton.

Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio un plazo de tres años para que el Estado dé cumplimiento pleno a la sentencia y transfiera esas tierras a favor de los indígenas, ya sea por la vía de la compra directa o la expropiación. En el caso de la comunidad Yakye Axa, como la familia Domínguez Dibb se negó a vender, en 2009 se trató la expropiación, que fue rechazada casi por unanimidad alegando que las tierras estaban “racionalmente explotadas”.

La nota resaltante del episodio fue que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida entonces por Ana María Mendoza de Acha, del Partido Patria Querida (PPQ), fue la que dictaminó en contra de la expropiación rechazando de este modo que el Estado cumpla con la sentencia de un tribunal supranacional.

Mendieta señaló que en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa se está estudiando la expropiación e incluso hay un dictamen favorable de la comisión de cuentas y control financiero del Estado, pero que este avance se dio por la larga lucha de los indígenas y de las organizaciones de derechos humanos que siguieron los distintos casos y, sobre todo, por la acción ejemplar de la comunidad de reocupar sus tierras.

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