Advierten sobre vacío legal de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna

Entre otros puntos, se cercenan las funciones de la fiscalía en la persecución de actividades ilícitas.

Los doctores José Casañas Levi y Daniel Mendonca.

El pasado miércoles se realizó en el aula magna de la Universidad Católica de Asunción un panel debate sobre la modificación de la Ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que faculta al presidente Horacio Cartes a utilizar las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Participaron como expositores los doctores Daniel Mendonca y José Casañas Levi.

En primer lugar Mendonca explicó la modificación realizada a la ley y señaló que tiene graves omisiones que la convierten en inconstitucional, como la referente al plazo que durará esa situación de anomalía. También apuntó a que se presta a usos discrecionales cuando señala que el empleo de las Fuerzas Armadas contra supuestas amenazas terroristas puede extenderse a otros departamentos donde eventualmente dichas actividades criminales podrían realizarse. Sobre este punto dijo que la ley es vaga en cuanto a tiempo y espacio, por lo que puede prestarse a que se militarice todo el país por tiempo indefinido.

Mendonca puso como ejemplo que incluso el estado de excepción, que supone una situación más grave de conmoción interna, contempla el plazo de 60 días prorrogables. El expositor finalizó su intervención señalando algunas interrogantes sobre el vacío legal que supone la actuación de los militares en la persecución penal de delitos comunes. “¿Pueden las FF.AA. detener personas, allanar domicilios, realizar operaciones de combate en el territorio nacional cuando que no hay una fuerza que esté combatiendo de manera permanente contra los militares, sino un grupo que realiza hechos criminales esporádicos”, se preguntó.

Posteriormente, Casañas Levi inició su intervención señalando los niveles de agresión enorme que deben soportar quienes discrepan con el otorgamiento de esos poderes excesivos al mandatario. Entre otros puntos, advirtió que mediante la ley todas las fuerzas quedan subordinadas al presidente. En este sentido explicó que el artículo 52 de Código Procesal Penal establece que en los procedimientos la policía está subordinada al Ministerio Público, es decir al agente fiscal encargado de investigar tal o cual hecho punible.

Respecto a este punto adujo que, en lugar de efectivizar la persecución de actividades ilícitas, lo que más bien se logra es paralizar la acción del Estado, cuyas fuerzas de seguridad quedan centralizadas a la autorización o no del Presidente. También llamó la atención que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) esté incluida en el decreto y quede, asimismo, bajo órdenes directas del presidente, quien queda con la atribución de dar una orden de intervenir o desistir en casos de tráfico de drogas. Como antecedente señaló que antes de la firma del decreto había caído un gran cargamento de droga en el departamento de Concepción, precisamente una de las zonas afectadas por la militarización.

Asimismo, apuntó a vacíos de la ley en cuanto al sistema de equilibrio de poderes, ya que establece que el Congreso puede ordenar la cesación del empleo de las fuerzas militares, pero no establece los mecanismos ni las causales necesarias para tomar esa decisión.  Otro aspecto que atenta contra el sistema de equilibrio de poderes es que la ley modificada habla de que el Ejecutivo debe “dar cuenta” de su decisión al Congreso en un plazo de 48 horas, pero en el decreto respectivo el Ejecutivo solo comunica que hará uso de esas atribuciones sin haber rendido cuentas a nadie hasta ahora. En este punto el Congreso incluso se está desentendiendo de sus funciones, apuntó.

Otro aspecto grave es que los mecanismos procesales no mencionan a los militares, por lo que no existen instancias de control y medidas reparatorias previstas en casos de abusos o que resultan víctimas personas inocentes. “Cuando se legisla no se deja una atribución librada a la buena fe de un poder. Al contrario, se legisla previendo un posible uso arbitrario de esas atribuciones. El Código Procesal Penal directamente no menciona a las Fuerzas Armadas”, afirmó Casañas.

Antes de pasar a la ronda de preguntas, el expositor cerró su intervención con algunas preguntas tales como “qué consecuencia tendría para el presidente un procedimiento fallido con víctimas inocentes por parte de las Fuerzas Armadas, cuáles son las consecuencias de la falta de informe del Ejecutivo al Legislativo”, entre otras.

Los participantes discurrieron sobre todo en qué pasaría si se presenta un recurso de inconstitucionalidad y frente al desentendimiento de la Corte que podría alegar que se “trata de una cuestión política no justiciable”.

“Nadie sabe cómo resolverá esta Corte”, concluyeron los expositores.  Asimismo, se abordaron las dimensiones políticas de las modificación de la ley mediante la cual el Congreso se desliga de sus responsabilidades y deja todo a cargo del presidente en una especie de “tomá y vete vos”.

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