Advierten que la justicia reclamará a Rachid y terminará la “joda jurídico procesal”

El diputado Ricardo González pidió al fiscal que «deje de ser un incapaz» y suspenda el juicio a los campesinos en huelga de hambre. Por su parte, Víctor Ríos, aseguró que el juicio de Curuguaty es una “Santa inquisición”.

"Entiendo la cuestión humanitaria, pero nosotros tenemos que hacer cumplir la ley", dijo hoy Rachid. Foto: La Cigarra.

«Entiendo la cuestión humanitaria, pero nosotros tenemos que hacer cumplir la ley», dijo hoy Rachid. Foto: La Cigarra.

El diputado Ricardo González, dijo hoy en la sesión de Cámara de diputados, haber trabajado por casi 20 años en el Indert, y tener la certeza de que las tierras de Marina Cué son del Estado. «Yo no puedo pasar por alto el tema de Marina Cué, conozco bien. Estamos en un despropósito total de la Fiscalía», acusó.

Pidió al fiscal acusador de los campesinos, Jalil Rachid, «que sea más hombre, que deje de ser un incapaz y que por lo menos suspenda este juicio».

Además solicitó que libere a los campesinos en huelga de hambre. Advirtió que la “justicia de los hombres y de dios” reclamarán a Rachid.

Rachid realiza acusaciones genéricas contra los campesinos ante la falta de pruebas que responsabilicen de la matanza de junio de 2012 a los presos.

El Tribunal del Guairá rechazó hoy el pedido de los presos en huelga de hambre, de darles prisión domiciliaria. Los campesinos también piden aclarar la titularidad de las tierras de Marina Cue antes que continúe el juicio, pues una de las acusaciones de Rachid es la de “invasión de propiedad privada”, siendo que las tierras públicas fueron usurpadas por la familia del fallecido político Blas N. Riquelme.

Santa inquisición

El diputado liberal Víctor Ríos, dijo que “esto que ha ocurrido es propio de la Santa inquisición”. Aseguró que los fundamentos de Rachid son una burla. Dijo al fislca que debe saber que procesos penales no solo se rigen por legislación procesal. “Existen normativas superiores, como la Convención interamericana de derechos humanos”, que están establecidos en la Constitución. Prohiben tratos inhumanos, crueles a personas investigadas por proceso penal, indicó. La prisión preventiva está para evitar que alguien se fugue, “a dónde van a ir personas con más de 50 días de huelga”, dijo. Esas son perlitas del Poder judicial, dijo respecto al caso. “No podemos admitir que esto continúe”.

“Ha expirado el tiempo de esta joda jurídico procesal en Paraguay”, finalizó.

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