Abogado sostiene que el presidente del Indert falseó documentos para despedir a trabajadores no colorados

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, elaboró un documento de contenido falso para justificar el despido de 48 trabajadores alegando que no realizaron concurso, pero luego admitió que tal concurso fue realizado, acusó el abogado de los trabajadores.

Manifestación realizada por los trabajadores despedidos frente al Indert.

Juan José Bernis, asesor legal del Sindicato Yvytu Pyahu –que aglutina a trabajadores del Indert que fueron despedidos de la institución bajo el argumento de que ocupaban cargos de confianza y de que no realizaron concurso– sostuvo que con el reconocimiento de las autoridades del organismo rural de la existencia de concurso interno para los nombramientos, “contradicen lo que alegaron para despedir a los trabajadores” y dejan en evidencia la utilización de un argumento carente de verdad en los documentos de desvinculación.

“Las resoluciones de destitución firmadas por el presidente del Indert (Justo Cárdenas), además de ser totalmente nulas, arbitrarias e ilegales, son falsas, no dicen la verdad”, declaró este martes el asesor legal del Sindicato Yvytu Pyahu, Juan José Bernis, quien lleva adelante el proceso judicial por el reintegro de los trabajadores despedidos el pasado 4 de octubre. El abogado se refirió así al contenido de las resoluciones, donde se alega como uno de los motivos de destitución de 48 funcionarios la falta de concurso de méritos para el nombramiento. “Sin embargo –aseveró Bernis- hoy las autoridades del Indert se desdicen y reconocen que hubo un concurso, un concurso interno que, según su criterio, es ilegal. Y yo me pregunto si ellos (las autoridades del Indert) son competentes para determinar la ilegalidad de tal concurso. ¿Acaso han pedido a algún juez en lo laboral o al Tribunal de Cuentas que dictamine al respecto?”, inquirió el abogado laboralista.

Tomando en cuenta estos elementos, advirtió que “estamos ante la producción de documentos no auténticos, de contenido falso, un delito que está penado por ley”.

Para profundizar en el tema, advirtió que un ciudadano, cuando se presenta a un concurso y lo gana, porque obtiene las mejores calificaciones, “no puede ser responsabilizado de los defectos de forma que tenga. Y el Indert, si consideró que el concurso fue ilegal, por qué no abrió otro, en ese momento. Y, además, si existieron objeciones sobre el procedimiento, la Secretaría de la Función Pública debió expedirse en tiempo y forma, y no lo hizo, con lo cual lo avaló y hoy, también avala el despido ilegal de personas con estabilidad laboral y, lo que es más grave, con estabilidad sindical”.

De los afectados por la medida del titular del Instituto, once personas gozan de fueros sindicales, pues pertenecen a la comisión directiva del Sindicato, además de ser negociadores del contrato colectivo y del reglamento interno. “De ninguna manera estas personas pudieron haber sido despedidas”, aclaró Bernis, al tiempo de relatar que en la última reunión tripartita, el director de Relaciones Laborales de la Secretaría de la Función Pública, el abogado Juan Carlos Ramírez, “nos pidió copia de la demanda, y nos anticipó, claramente, que los trabajadores con estabilidad sindical no pueden ser cesados, sin importar el tiempo que lleven dentro de la institución”.

Agregó, asimismo, con relación a la antigüedad de los desvinculados, que éstos “han interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 4 y 5 de la Ley 1626, De la Función Pública, porque consideran que han sido víctimas de fraude laboral, y solicitan que se reconozca el período de contratación que han tenido antes de ser nombrados, pues todos suman más de dos años de servicios en el Indert y, en consecuencia, cumplen con el art. 47 de la Ley 1626. Esta acción está en trámite en la Corte”, informó.

Sobre las argumentaciones de los despidos, reiteró que son “falsas” y lamentó la falta de voluntad de las autoridades del ente agrario para lograr un acuerdo: “Por qué no se sientan a discutir, punto por punto, sobre los despidos que hicieron. Se las ha citado y no han venido. Y se exponen a pagar altas indemnizaciones por haber tomado una decisión arbitraria, ilegal. Pero parece que no les importa porque total las terminará pagando el Estado, es decir, el pueblo”. Anunció en ese sentido que “los afectados entablarán también una acción civil por daños y perjuicios contra el presidente del Indert y el ministro de la Función Pública, quienes deberán responder con su patrimonio por las acciones ilegales que han realizado”.

“Estamos –concluyó– ante una clara discriminación a trabajadores sindicalizados, persecución ideológica y violación de la libertad sindical. Y todo porque los responsables del Indert necesitan ahora poner a sus punteros políticos, a gente que les responda. Y me gustaría saber -y desafío a los periodistas, a la gente, a investigar- quiénes entraron en lugar de las personas que fueron sacadas, y si las que entraron hicieron concurso, tienen título y son idóneas”.

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