Abogado de campesinos acusados afirma que el juicio debe anularse

La fiscala Ninfa Aguilar, quien estuvo a cargo del procedimiento que desembocó en la masacre, renunció al caso alegando amenazas.

La fiscala Ninfa Aguilar, quien estuvo a cargo del procedimiento que desembocó en la masacre, renunció al caso alegando amenazas.

El abogado Víctor Azuaga, defensor de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, señaló que las irregularidades en el proceso contra los labriegos amerita la nulidad de este juicio, que según sostuvo debe reiniciarse con una investigación independiente que esclarezca cada una de las muertes ocurridas y los responsables.

Fue en una comunicación con el programa Acción Radio del CEPAG, transmitido por Fe y Alegría 1300 AM. Entre los actores que están fuera del proceso y cuya eventual responsabilidad tendría que ser investigada, mencionó al Grupo Riquelme, que usurpa las tierras de Marina Cue y que sin título solicitó y consiguió el desalojo que desembocó en las muertes; la fiscala Ninfa Aguilar, que con una orden de allanamiento llevó a cabo el ilegal desalojo; el juez José Dolores Benítez, que de manera irregular «rectificó» el número de finca de la cual Campos Morombí obtuvo la usucapión y que dictó la orden de allanamiento; y la misma policía, que habría cometido torturas y ejecuciones extrajudiciales contra campesinos que ya estaban heridos y detenidos.

El fiscal ha negado la existencia y luego hecho desaparecer evidencia clave como los casquillos percutidos.

El fiscal ha negado la existencia y luego hecho desaparecer evidencia clave como los casquillos percutidos.

El abogado también apuntó a la arbitrariedad de la actuación del fiscal Jalil Rachid, quien acusa a los campesinos de asociación criminal por haber conformado una comisión vecinal para tramitar la recuperación de tierras estatales explotadas por una firma privada; por invasión de inmueble ajeno, cuando no existe ningún título que avale la propiedad y existiendo aún hasta ahora un litigio respecto a la titularidad, y por tentativa de homicidio, sin dilucidar quién mató a quién y sin investigar los presuntos abusos que cometieron las fuerzas de seguridad.

Expresó también que las armas caseras incautadas a los campesinos no se corresponde a las armas automáticas que mataron a los policías y cuyos casquillos el fiscal Rachid primero negó que existieran y luego los hizo desaparecer. Además, tiene vínculos políticos y de amistad con la familia Riquelme, parte interesada en el caso.

El juez José Dolores Benítez fue el que dictó la orden de allanamiento con que se ejecutó el desalojo.

El juez José Dolores Benítez fue el que dictó la orden de allanamiento con que se ejecutó el desalojo.

Rechazó, asimismo, que las recusaciones y recursos presentados para salvaguardar los derechos de sus defendidos sean meras chicanas, ratificando que se ha demostrado la parcialidad manifiesta del Tribunal de Sentencia, presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado además por Benito González y Samuel Silvero. Los magistrados son cuestionados por la presunta preopinión en que habría incurrido el presidente, cuando a principios de agosto, al reiniciarse el juicio tras la renuncia de los campesinos a sus anteriores abogados, denegó la concesión de más tiempo a la nueva defensa alegando que la gente y la ciudadanía piden conocer la sentencia.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, por invasión de inmueble y asociación criminal; mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

Ningún policía fue investigado ni enfrenta cargos por la muerte de los once campesinos, pues el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los más de 300 policías fueron emboscados por unos 60 ocupantes, entre los que había mujeres y niños, y que las fuerzas de seguridad respondieron en legítima defensa.

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