Abdo promulga ley que criminaliza las ocupaciones de tierras

Ilustración de Adolfo Sosa

El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el 30/9 la ley que incrementa las penas hasta los 10 años de cárcel a los ocupantes de tierras.

Lo hizo a pesar de la escandalosa represión que protagonizó la policía contra una comunidad indígena en los alrededores del congreso.

Es así que desde su publicación en el boletín oficial regirá el nuevo artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo que elevó la pena por Invasión de Inmueble Ajeno a 6 años y hasta 10 años. De esta manera se convierte en un crimen. Hasta el momento la figura de invasión, tal como define dicho artículo a la ocupación, tenía una penalización de hasta cinco años.

La legislación quedó redactada de la siguiente manera:

1° El que, individualmente o en concierto con otras personas, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.

2°. Cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años.

Paraguay es el país con la distribución más inequitativa de la tierra a nivel regional, los quince mayores propietarios acumulan en sus manos más de un millón y medio de hectáreas de tierra. El 90% de los predios agrícolas se concentra en unas 12.000 grandes propiedades.

También, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ) que documentó los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner, el tirano repartió unas 7 millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria a amigos y favorecedores. Estás son las llamadas “Tierras Malhabidas”, la principal “invasión» que se haya registrado nunca en el país.

Para el senador Hugo Richer (Frente Guasu) “En el tema de tierras hay una mafia que opera desde el Estado, desde el Instituto de Tierras (Indert), desde la fiscalía y el Poder Judicial”.

Agregó que ”existen 1 millón 300 mil hectáreas que son del Estado paraguayo pero que otros se están enriqueciendo con ellas, y tienen que ser recuperadas por el Estado. Entonces, el congreso va a aplaudir de pie si el presidente de la república decide recuperarlas, pero por supuesto no lo va a hacer.”

“Digo esto porque un colega dijo que se haga la reforma agraria institucionalmente. ¿Y por qué no lo hacen? Ustedes están en el gobierno. En nombre de la reforma agraria, lo que hizo la dictadura de Stroessner fue sencillamente repartir tierras a quienes no eran sujetos de la reforma agraria. Y es la base de la profunda desigualdad en la tenencia de la tierra en el Paraguay. ¡Pejapóna! Ustedes están en el gobierno. Tienen más de 60 años en el gobierno”, acotó.

Los medios patronales venían insistiendo con esta agenda indicando que existen unas “930 actualmente, de las cuales solo 200 fueron intervenidas por la Policía Nacional” al describir el cuadro de las “ocupaciones” como las llama el movimiento campesino, “invasiones”, como habitualmente las nombran los empresarios y sus propaladoras.

«Zavala/ Zavala/ dejate de joder/ la lucha por la tierra/ no va retroceder», corearon los manifestantes frente al domicilio del legislador que impulsó la norma durante un escrache semanas atrás. Marcial Gómez, secretario general adjunto de la FNC apuntó que “por un lado se busca criminalizar la lucha social y por otro lado blindar el robo más grande de la historia paraguaya, que es el robo de las tierras públicas”.

Operación Aniquilamiento. Dibujo de Lucas Ferreira

Recordó que un millón de hectáreas que debieron destinarse a la reforma agraria luego de la caída de la dictadura en 1989, están en manos de sojeros y grandes latifundistas.

La Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ), que documentó los crímenes de la cruel tiranía de Alfredo Stroessner estableció en más de 7 millones el número de hectáreas de las “Tierras Malhabidas”, que el poder repartió entre amigos y favorecedores. Según el informe de la CVyJ, Fidel y César Zavala, hermano del senador tienen en su haber 1.359 hectáreas en San Rafael del Paraná (Itapúa) que tienen origen en esas entregas ilegales.

Las organizaciones estiman en unos 300 mil a los campesinos sin tierra a pesar que fueron ganando espacios desde 1989 hasta nuestros días. Estos se dieron principalmente por la vía de la ocupación de tierras, en general latifundios improductivos, ya que a pesar de existir un Instituto de la Tierra (Indert), las entregas oficiales fueron mínimas y de gran lentitud en la escrituración a favor de los campesinos.

Se calcula que en poder de los campesinos existen unas 600 mil hectáreas la mayoría con problemas de titulación. Vale consignar que en las luchas por estas tierras fueron asesinados, ejecutados, torturados, al menos 115 campesinos entre 1989 y 2013, según recopiló el impactante “Informe Chokokue (Campesino, en guaraní)”.

Rodrigo Villagra Carrón, abogado de la Ong Tierraviva, señaló que la modificación del Artículo 142 del Código Penal y el proyecto de cambiar el Artículo 98 del Estatuto Agrario, que busca dejar fuera de los programas de asistencia social a quienes estén imputados por ocupar tierras, se contraponen con los principios fundamentales de la Constitución Nacional y con los estándares básicos de Derechos Humanos a nivel global.

 

 

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