A un año del golpe parlamentario

Crónica de la ruptura democrática.

Cable filtrado por WikiLeaks que se hace eco de los primeros movimientos para destituir a Fernando Lugo.

El golpe ya había sido elucubrado apenas inició su mandato Fernando Lugo. Un cable secreto de la embajada de los EEUU de marzo del 2009, filtrado por Wikileaks, informaba sobre versiones de “que el líder del Unace, el general Lino Oviedo, junto al expresidente Nicanor Duarte Frutos buscarían destituir a Fernando Lugo, con un juicio político dentro del Parlamento”. El mismo fue enviado al Departamento de Estado.

Según dicho material, esperarían cualquier “tropiezo” del representante de la Alianza para realizarle un juicio político en el Congreso, y obtener su destitución. Sin embargo, la falta de votos  les imposibilitó concretar el acuerdo. El plan era poner a Federico Franco en la presidencia y obligarle a llamar a elecciones en 90 días. El plan no pudo concretarse hasta el 2012, y no hubo tiempo.

Nota de Óscar Tuma solicitando el presidente de la comisión permanente del Senado, Efraín Alegre, a que intervenga para la efectivización del desalojo en Marina Cue. Foto: Internet.

La masacre del 15 de junio de 2012 dio la excusa perfecta para concretar el plan. Un desalojo ilegal de campesinos de una propiedad pública usurpada por el político colorado Blas N. Riquelme, en el sitio denominado Marina Cue, Curuguaty, culminó con la muerte de 17 campesinos y policías. El desalojo fue promovido, registrado por nota, desde el mismo Congreso por el diputado colorado Óscar Tuma, autor del “libelo” acusatorio contra Fernando Lugo, y por el senador Liberal Efraín Alegre, posterior candidato presidencial del PLRA.

La masacre desató una crisis política, capitalizada por la oposición encabezada por el Partido Colorado, quienes promovieron la realización del juicio político a raíz de los sucesos, debido a que el gobierno de Fernando Lugo apañaba a “grupos violentos” “extremistas”, “del EPP”, e “invasores de la propiedad privada”, según la denominación que     daban los opositores y la prensa a los campesinos.

Ante la presión, el ministro del interior Carlos Filizzola renuncia a su cargo ese 15 de junio. Y Lugo, a modo de apaciguar a la ANR, designa al abogado colorado Rubén Candia Amarilla, exfiscal general del Estado. Esto, en cambio, despertó la ruptura con la dirigencia liberal, aliados de Lugo hasta entonces. Los liberales exigían el cargo del Ministerio del Interior.

Cuando Lugo y sus asesores quisieron calmar el descontento liberal, ya fue tarde, ya no le atendieron el teléfono. Habían pactado con la oposición.

El PLRA, la ANR, el UNACE, PDP y PQ, cerraron los números que se buscaban desde el 2009 y acordaron realizar el golpe parlamentario, bajo la figura del juicio político. Los liberales accedieron a condición de llevar a Federico Franco a la presidencia.

El 20 de junio en diputados se formaliza la propuesta del juicio político, bajo el principal argumento de los sucesos de Curuguaty. 76 votos a favor, 1 voto en contra y 3 ausencias.

Los Ministros liberales del gobierno de Lugo renunciaron.

Libelo

Los diputados acusadores son Óscar Tuma, José López Chávez, Carlos Liseras, Jorge Ávalos Maríño y Clemente Barrios. El 21 de junio presentaron los alegatos:

1) Haber autorizado que las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas se utilicen en 2009 para un acto considerado político partidario por grupos de izquierda, durante el Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio.

2) Ser único responsable como instigador y facilitador de invasiones de tierras en Ñacunday, Alto Paraná, utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la región.

3) Haber sido «absolutamente incapaz» de desarrollar políticas y programas para disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

4) Apoyar el protocolo regional Ushuaia II, sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur, considerado como una violación a la soberanía. El pacto firmado indica que se excluiría del Mercosur a cualquier país miembro en donde se produzca algún tipo de golpe de Estado. «A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay», sostuvieron los acusadores.

5) Curuguaty: Acusaron de complicidad a Fernando Lugo en la supuesta “emboscada planificada a las fuerzas de seguridad” en Marina Cue.

“Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.

Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la perdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la Republica, quien desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho.

No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios.

El incidente no surgió espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria.

Ya desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la pérdida de vidas humanas.

Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el contrario, fue un acto premeditado, donde se embosco a las fuerzas del orden público, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la Republica, quien hoy no solo debe de ser removido por juicio político, sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes.

Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de otro. Tan poco hoy importa al Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que seguirá reuniéndose con estos criminales”.

Juicio exprés

Violando el debido proceso, sin dar tiempo suficiente para preparar la defensa, el juicio fue realizado al día siguiente de la

A pesar del clamor de la multitud, el Senado ejecutó la sentencia dictada de antemano. Foto: internet.

presentación de las acusaciones. El 22 de junio se ejecutó el juicio político cuya sentencia estaba cantada. Pese a la acción de inconstitucionalidad planteada por los abogados de Lugo ante la Corte Suprema de Justicia, para suspender el juicio por violar las garantías procesales.

La defensa estaba conformada por Jorge Rivas y Estela Kobs, representantes de la Presidencia ante el Consejo de la Magistratura; el procurador Enrique García, el abogado Adolfo Ferreiro, el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, y el representante legal Luis Samaniego.

En la Plaza de Armas se congregaron unas 5000 personas en contra del golpe parlamentario.

La sesión del juicio político duró unas dos horas, y los parlamentarios no demostraron sus acusaciones, supuestamente “porque eran de público conocimiento”.

Finalmente, 39 senadores sentenciaron el quiebre democrático. «¡Por la condena!», exclamaron. Cuatro votaron en contra de la destitución, mientras dos estuvieron ausentes.

La manifestación de la plaza condenó la decisión y fue reprimida por las fuerzas policiales.

 

 

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