A un año de la muerte de Rubén Portillo: víctima del agronegocio y el sistema estatal-fiscal

Luego de fuertes fumigaciones en sojales vecinos, el agricultor falleció por un cuadro de intoxicación.

Médico del MSP entrevista a los afectados por el envenamiento masivo en Colonia Yerutí a principios de 2011. Fuente: SEAM.

Desde que el dictador Alfredo Stroessner permitió que extranjeros puedan asentarse en tierras paraguayas fronterizas, en los años 60, la soja fue entrando por el Este de Paraguay, a través de los fazendeiros brasileños.  En los años 90 llegan los cultivos transgénicos, que facilitan aún más la mecanización de la agricultura y la producción a grandísimas escalas de la oleaginosa, entonces ya el rubro estrella del Cono Sur, al impulso de la demanda de mercados asiáticos u europeos.

Los departamentos vecinos al Brasil, Alto Paraná y Canindeyú son el escenario predilecto  de esta marcha, por sus tierras fértiles, su orografía, su infraestructura vial…la poca presencia estatal en medidas restrictivas en lo migratorio, aduanero, ambiental y fiscal.

Miles de comunidades campesinas e indígenas locales sufren trasformaciones escandalosas en lo geográfico y demográfico. Donde ayer había bosques, naturaleza, viviendas, chacras, lugares públicos…empiezan a verse mares de soja que llegan al horizonte. Desiertos de soja. Y en las urbes, las familias se asardinan en los bordes. Nueve mil familias por año “sobran” en el campo y son expulsadas de sus antiguos territorios por el impulso de la “modernización” del complejo alimentario mundial, que compra, alquila, usurpa las tierras. Y al que no quiere salir, hasta fumiga.

Colonia Yerutí

En una de esas comunidades  vive el joven Rubén Portillo Cáceres, que forma parte de una generación de agricultores que no caben en las tierras valientemente conquistadas por sus padres, logradas inmediatamente después de la caída de la dictadura militar. Y que muchas veces se ven obligados a dejan la chacra para ir a changar en las ciudades.

La colonia Yerutí fue creada a principios de los 90, dista a unos 30 kilómetros del centro distrital de Curuguaty, departamento de Canindeyú, y alberga a cerca de  400 personas. Fue el lugar elegido por la familia de  Rubén, quien vive con su compañera Isabel  y su hijo Dieguito, de apenas un año y meses.

La joven pareja se ubica en la última casa de la calle Segunda Línea, y más abajo está su chacra. Geográficamente la colonia parece una palangana, está en el fondo de tierras más altas a los costados. Está aislada y abandonada por el Estado, a veces hasta los más ávidos operadores políticos en busca de votos desisten de llegar al lugar, por la falta de caminos transitables y medios de transporte. Tampoco hay hospitales ni agua potable.

El Pozo de la familia Portillo, donde se encontraron 3 sustancias agrícolas prohibidas en bajos niveles. Foto: SEAM.

Uno muerto, 22 intoxicados

La muerte de Rubén ocurre el 7 de enero de 2011, según el certificado de defunción, pero empieza a morir el 6, luego de un cuadro de intoxicación con síntomas como tos, dolor estomacal, vómito, dolor de cabeza. Tras él, desde el 8 al 13 de enero de 2011, unos 22 vecinos y vecinas del lugar también presentan el mismo cuadro. En esos días las decenas de explotaciones sojeras que rodean el caserío se encuentran fumigando, por aire y tierra, sus cultivos. Es el calendario sojero, a más tardar en marzo hay que cosechar.

Las haciendas Cóndor Agrícola S.A y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A son las principales involucradas, por ser las lindantes con la casa y la chacra de Portillo y los demás afectados. La Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) intervienen, encuentran que las explotaciones no tienen licencia ambiental para la actividad que realizaban y que cometen un “catálogo” de violaciones de la ley al aplicar sus agroquímicos (herbicidas, plaguicidas, secantes). Al menos otras seis haciendas están en la misma situación, la mayoría pertenece a ciudadanos y ciudadanas brasileños.

Desde la llegada de de los cultivos de soja en el vecindario empiezan a morir animalitos domésticos y de corral, dirá después la hermana de Rubén, Norma Portillo. Y su  compañera, Isabel, contará que días antes de la muerte, la combinación de fumigaciones, viento fuerte y el calor intenso impiden a ambos a trabajar en su chacra, incluso refugiándose en su casita no pueden escapar el intenso olor y sus consecuencias. A Rubén y a su hijito le aparecen granos en el cuerpo; animales domésticos de las casas enferman y mueren.

En la fiesta de año nuevo del 2011 Rubén comparte unas cervezas con su suegro, con sus cuñados, sus hermanas; el 6 de enero por la noche Norma le está trasladando al Hospital de Curuguaty  -qué ironía-en la camioneta de un vecino brasileño, al cual pagan 100 mil guaraníes.  Al hospital llega muerto. Detrás de él, 22 vecinos de Yerutí, Pira Vera y Naranjaty arriban al centro médico con los mismos síntomas, algunos son trasladados a la capital por la gravedad. Los pobladores y pobladoras contarán que en los días previos al parecer se aplicaron químicos pocos comunes, porque el olor es más fuerte y feo.

La complicidad de la Fiscalía

Rubén muere no por la ausencia del Estado, sino por la manera en que está presente en su comunidad, por los nulos controles de las instituciones. Por eso la familia entabla dos acciones legales, uno en la fiscalía contra las explotaciones sojeras, en lo penal; y otro, un amparo contra la SEAM, el SENAVE, el Ministerio de Agricultura y el INDERT, las cuatro instituciones estatales encargadas de atender a poblaciones rurales en el caso.

Pero tal vez la institución que más responsabilidad tiene en la muerte del joven agricultor es la Fiscalía de Curuguaty, porque  dos años antes del trágico suceso, el vecindario había denunciado allí el mismo problema: que los cultivos de soja que rodean las viviendas y sus prácticas de fumigación las estaban intoxicando, matando sus animales, contaminando sus aguas, el aire, la vida.

Siempre que las denuncias parten de campesinos o de sectores pobres contra hacendados, ganaderos, sojeros… los fiscales y fiscalas de Paraguay se desentienden, imponen múltiples impedimentos, burocracias, escupen trabalenguas con terminología legal. Cuando se trata de poderosos contra indefensos, los agentes brillan por su iniciativa, encarnan la ley y hasta hacen cortina para que uniformados o matones civiles actúen.

Prepotentes con los indefensos; obedientes y sumisos con los poderosos, los agentes fiscales de Curuguaty desdeñaron la denuncia de los pobladores y pobladoras de Yerutí y  extraviaron la capeta fiscal que contenía la denuncia.

PRÓXIMA NOTA: Qué seguimiento le dieron al caso hasta hoy las instituciones como el SENAVE, SEAM, Ministerio de Salud, la Fiscalía y la Justicia. ¿Cómo vive hoy, a un año de la tragedia, la familia de Rubén?

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