A poco de asumir, Franco ya se reunía con los “grupos extremistas” que motivaron «Juicio Político»

El “apoyo” y las “reuniones” con los carperos, a quienes calificaban de “criminales”, y la supuesta violación de la “propiedad privada” de la familia Riquelme, fueron algunos de los principales alegatos para el golpe parlamentario que depuso a Fernando Lugo.  Tras asumir, Franco ya se reunía con los mismos y a los campesinos anteriormente considerados “violentos”, prometía tierras. También cambio su discurso de defensa de la propiedad Riquelme, al quedar en evidencia que las había usurpado. Cae la farsa del Juicio político.

Franco asumiendo una vez consumado el golpe parlamentario. Foto: Agencia EFE.

El Gobierno de Federico Franco prometió a los campesinos de Curuguaty, ocupantes de las tierras usurpadas por Riquelme, el 12 de marzo de este año, la entrega de 2.000 hectáreas en Marina Cue, sitio donde ocurrió la matanza de Junio de 2012. Solo se aguarda el fallo de la justicia respecto al litigio entre la firma Campos Morombi y el Estado Paraguayo. La prensa y el mismo Oscar Tuma en su libelo acusatorio del juicio político denomina “carperos” a los ocupantes de Marina kué, los mismos sin embargo no forman parte de la Liga Nacional de Carperos (LNC).

El caso Curuguaty, el “apoyo” y las “reuniones” con los “carperos” fueron los principales fundamentos que impulsaron el juicio político contra Fernando Lugo, que lo destituyó del gobierno para dar paso a Federico Franco.

Se los calificaba de “criminales”

El libelo acusatorio elaborado por el diputado colorado Oscar Tuma, exponía como uno de los puntos principales el apoyo brindado por el gobierno de Lugo a los carperos y sin tierras, a quienes calificaban de grupos “criminales”, “extremistas”, y los responsabilizaban de supuestamente emboscar a las fuerzas policiales. “Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo”, así, el diputado colorado iguala a sin tierra con el Ejército del Pueblo Paraguayo.

Según Tuma, el enfrentamiento en Curuguaty “no surgió espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria” (…) “Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos (…)  En lugar de enderezar rumbos (Lugo), se mantiene en su posición, manifestando que seguirá reuniéndose con estos criminales”.

Otro argumento utilizado por los que llevaron a cabo el golpe parlamentario es la acusación contra los Carperos de Morombi de violar la propiedad privada, “…desde que ejerció la presidencia (Lugo), ha permitido la violación del derecho de la propiedad, y ha permitido el odio entre las clases sociales”, decía Tuma.

Riquelme invadió 

En los primeros días de junio, Abc Color instaba al desalojo de los campesinos de Campos Morombi, una medida totalmente ilegítima puesto que los Riquelme no tienen titulo. Finalmente se produjo la intervención y esto culminó con 17 muertos.

El actual proceso judicial sobre las tierras de Campo Morombi-Marina Cue, vuelven a ratificar lo que en su momento ya se sabía y que los impulsores del golpe parlamentario junto a los medios de comunicación que los apoyaron quisieron ocultar. Blas N. Riquelme no tenía el titulo de la propiedad, por ende no hubo violación de la propiedad privada por parte de los campesinos. Era Riquelme el “invasor”. No se justificaba el desalojo, que sin embargo se llevó a cabo gracias al poder político de la familia Riquelme. Esto se evidenció en un documento que se dio a conocer tras el juicio político, donde Oscar Tuma, a través de una nota de enero de 2012 al entonces presidente del Congreso Efraín Alegre, solicita que el Congreso intervenga para dar una orden de desalojo de campesinos en la propiedad usurpada por su correligionario colorado Blas N. Riquelme. Posteriormente, el Congreso, a través de la Comisión Permanente encabezada por Alegre, instó al entonces Ministro del Interior Carlos Filizzola a dar cumplimiento a la órden de desalojo, para dar oficio a la fiscala Ninfa Aguilar, quien habría sido abogada del mismo Riquelme.

Promesa a campesinos

El Estado Paraguayo mediante la Procuraduría General de la República pidió a la Justicia el pasado 7 de marzo de 2013 que se anule un fallo por el cual se concede las 2.000 hectáreas de Marina Cue Curuguaty a la Firma Campos Morombi, propiedad de la Familia Riquelme.

En este sitio ocurrió un enfrentamiento entre policías y ocupantes que dejo como saldo 17 muertos el 15 de Junio del 2012. La familia Riquelme pretendía estas tierras amparándose en la figura Jurídica de Usucapión, es decir, por haber ocupado las tierras por un tiempo largo determinado, argumento considerado ilegal ya que el inmueble fue donado al Estado, según la procuraduría.

Reuniones de Franco con Carperos

“Fuimos convocados por parte de Franco para una reunión en el Palacio, vinimos entre cuatro compañeros para escuchar la propuesta”, expresaba a Radio Cardinal Eulalio López el líder carpero que llegó con José Rodríguez y otros líderes en la mañana del 8 de agosto junto a Federico Franco. Las reuniones de Lugo con los Carperos, por ser considerados “grupo violento”, fueron parte del argumento de su destitución.

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