A cuatro meses de la masacre de Curuguaty, investigación fiscal apunta solamente a campesinos

El fiscal Jalil Rachid desecha otras hipótesis que lo lleven a descubrir a los responsables intelectuales y materiales de la masacre del pasado 15 de junio. Se denunciaron, públicamente, innumerables casos de torturas a campesinos detenidos y de irregularidades e incoherencias cometidas en el proceso investigativo.  

 

Detención del dirigente campesino Rubén Villalba. Fuente: ultimahora.com

Un día como hoy, pero de junio pasado, en horas de la mañana, los medios de comunicación comenzaban a difundir el enfrentamiento protagonizado por efectivos policiales y campesinos sin tierra en una propiedad, la Estancia Morombi, que estos últimos habían ocupado en el marco de sus reivindicaciones por el acceso a la tierra. La estancia está a 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty.

A medida que transcurrían las horas matinales de aquel día, la cifra de los muertos aumentaba paulatinamente, hasta que, en horas de la tarde, el número de muertos fue confirmado: 6 policías y 11 campesinos fue el saldo de aquel episodio trágico.

Los campesinos ocupantes de las 2.000 hectáreas de tierras de la estancia afirmaron que las mismas eran tierras fiscales, por lo que exigían al Estado que estas les sean otorgadas. Por su parte, el senador y empresario colorado Blas N. Riquelme aseguraba que las tierras eran suyas. Los campesinos estaban hacia cerca de en las tierras en cuestión. Riquelme, a través de su abogado, planteó una demanda de desalojo ante la justicia ordinaria. El entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola, desarrolló las acciones de la policía dentro de un reglamento de protocolo para los desalojos, cuyo fin era la de agotar todas las posibilidades de diálogo con los ocupantes, antes de proceder a un desalojo violento. En ese ínterin estaban cuando, finalmente, las fuerzas policiales, portando la orden de desalojo, supervisados por un fiscal y con el visto bueno de Filizzola, entraron a las tierras. Minutos después se produjo la balacera que costó la vida a las 16 personas.

Investigación fiscal

Luego de cuatro meses de investigación, el fiscal Jalil Rachid y el equipo de investigadores de la Fiscalía General del Estado apuntan exclusivamente hacia la posible responsabilidad de los dirigentes y ocupantes campesinos de las tierras de Marina Cue, lugar donde ocurrió la matanza, desechando otras hipótesis de investigación.

Rachid imputó inmediatamente después del hecho a 54 campesinos. Según su último informe, la policía atrapó a 44 de los imputados, quedando 10 de ellos en situación de «prófugo». Una  misión internacional de defensa de los derechos humanos realizó hace un mes un relevamiento de datos e informaciones en torno al hecho trágico; esta misión concluyó que «se ha imputado arbitrariamente a 54 personas por 7 cargos penales (hecho punible de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión), ya que se carece de indicios mínimamente suficientes que permitan presumir la responsabilidad de las mismas en los hechos que se les atribuyen”.

Poco más de 15 días atrás la policía atrapó al dirigente campesino Rubén Villalba, uno de los principales líderes de aquella ocupación. Rachid presentó un informe en el que responsabilizó a Villalba como uno de los campesinos responsables de la matanza.

La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia constató, el 19 de junio pasado, que una adolescente de 17 años con su bebé fue detenida y otros 15 fueron capturados en el violentísimo procedimiento llevado a cabo en Yvypytã el pasado viernes 15 de junio, en la propiedad usurpada por Blas N. Riquelme y reclamada por los campesinos. Los adolescentes fueron procesados por los supuestos delitos de asociación criminal, apología al delito, entre otros varios. Estos menores de edad fueron imputados por el Código Penal, no por el Código de la Niñez.

Innumerables personas e instituciones, incluyendo a las víctimas, denunciaron públicamente maltratos y torturas a los campesinos detenidos y presos luego del hecho en la Penitenciaría de Coronel Oviedo, imputados por la fiscalía. También se denunciaron varias irregularidades en el proceso de la investigación.

 

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