A cinco meses de la masacre de Curuguaty, prosigue la sesgada investigación fiscal

El equipo de fiscales encabezado por Jalil Rachid ha dejado fuera de la investigación a relevantes actores políticos y económicos relacionados al hecho, para apuntar exclusivamente al supuesto de que  los campesinos son los únicos responsables de la masacre.

 

Fuente: ea.com.py

Un día como hoy, pero de junio pasado, en horas de la mañana, los medios de comunicación comenzaban a difundir el enfrentamiento protagonizado por efectivos policiales y campesinos sin tierra en la propiedad denominada Marina kue. Los campesinos la habían ocupado en el marco de sus reivindicaciones por el acceso a la tierra. El lugar queda a 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty. El enfrentamiento arrojó un saldo de 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías.

Desde el inicio de las investigaciones fiscales -cuya cabeza es Rachid, hijo del dirigente colorado Bader Rachid Lichi y amigo personal de la Familia Riquelme, parte interesada en el conflicto por las tierras de Marina Kue-, toda la pesquisa se concentró en la hipótesis de los campesinos como supuestos autores intelectuales y materiales de la masacre. Este sesgado abordaje ha dejado fuera de la investigación una serie de hechos, protagonizados por actores políticos y económicos relevantes y ocurridos antes y después del 15 de junio, día de la masacre.

La parcial investigación de la Fiscalía, omite completamente a los siguientes actores y hechos:

El diputado colorado Óscar Tuma presentó el 2 de enero de 2012 una nota solicitando al pleno de la Comisión Permanente del Congreso que “inste” al entonces ministro del interior Carlos Filizzola a que ejecute la orden de desalojo contra los ocupantes de las tierras de la estancia “Morombi”, gestionada por la fiscal Ninfa Aguilar. Tuma fue luego uno de los fiscales acusadores en el juicio a Lugo. El entonces presidente de la Comisión, senador Efraín Alegre, luego de ser aprobado por el pleno, remitió la nota al ministro Filizzola instándolo a que ejecute de inmediato la orden de desalojo.  El documento obra en el Congreso. Tuma reconoció que pidió el desalojo a raíz de una “denuncia” de Riquelme.

La fiscala Aguilar gestionó y consiguió ante un juzgado el desalojo de una propiedad (las tierras de Marina Cue) sin título, no inscripta  a nombre de nadie. No había afectado legal por la ocupación para firmar una orden de desalojo. Emilio Camacho, entonces interventor del Indert, explicó que la propiedad en disputa no tiene propietario ni título, porque está en disputa.

El informe de una misión internacional investigadora para la defensa de los derechos humanos de los campesinos de Curuguaty, que entrevistó a decenas de campesinos y autoridades del lugar y relevó documentos de instituciones públicas, concluyó que días y horas antes de la matanza se preparó el escenario para una “violencia extrema”.

La fuerza policial que ingresó a la propiedad (aproximadamente 400 efectivos, 20 patrulleras, policía montada, un helicóptero) y tomó contacto con los ocupantes fue encabezada por Erven Lovera, especializado y experimentado en situaciones de extrema violencia. La fiscala Ninfa Aguilar y el jefe policial del departamento de Curuguaty se ubicaron en la retaguardia, muy alejados del lugar del conflicto. El llamado protocolo de diálogo no existió en la intervención. La fuerza policial fue para el enfrentamiento.

Cinco días después de la matanza, los partidos políticos ANR, PLRA, Patria Querida, Unace; la Unión de Gremios de la Producción (pronunciamiento), la cúpula de la Iglesia católica (entrevista con Lugo), el diario ABC Color (Editorial), la Unión Industrial Paraguaya (declaraciones de sus dirigentes) coincidieron en expresar públicamente su apoyo al juicio político contra el entonces presidente Lugo.

La fiscala Ninfa Aguilar, antes de ocupar este cargo, fue la abogada de Blas N. Riquelme en la demanda por usucapión que planteara contra la Industrial Paraguaya, la antigua propietaria de Marina Cue.

Los fiscales acusadores (diputados todos) no presentaron una sola prueba de las cinco acusaciones formales levantadas contra el expresidente Lugo. El juicio político fue sumarísimo:  la destitución de Lugo llevó menos de 48 horas.

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