A 6 meses de la matanza en Curuguaty: los campesinos como chivos expiatorios

Varios elementos de la investigación oficial indican que los campesinos y campesinas imputados por la matanza de Curuguaty serán utilizados como chivos expiatorios el próximo 18 de diciembre, día previsto para las acusaciones. Las declaraciones públicas  del propio Federico Franco presagian este final. 

Fuente: ea.com.py

Un día como hoy, pero de junio pasado, en horas de la mañana, comenzaban a caer las víctimas del enfrentamiento entre policías y campesinos ocupantes de unas 2000 hectáreas de la propiedad denominada Marina Kue. Los campesinos sin tierra la habían ocupado en el marco de sus reivindicaciones por el acceso a la tierra. El lugar queda a 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty. Para las 16:00 de aquel día, se confirmaba que el enfrentamiento ya había arrojado un saldo de 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías. Cinco meses y 15 días después caía la ultima víctima como derivación directa de aquel hecho: Vidal Vega, asesinado por sicarios en su propia casa, en Curuguaty.

Desde el inicio de las investigaciones fiscales -cuya cabeza es Rachid Lichi, hijo del dirigente colorado Bader Rachid Lichi y amigo personal de la Familia Riquelme, parte interesada en el conflicto por las tierras de Marina Kue-, toda la pesquisa se concentró en la hipótesis de los campesinos como supuestos autores intelectuales y materiales de la masacre. Este sesgado abordaje ha dejado fuera de la investigación una serie de hechos, protagonizados por actores políticos y económicos relevantes y ocurridos antes y después del 15 de junio, día de la masacre.

Hoy, a seis meses de aquel aciágo día, el equipo fiscal encabezado por Rachid imputó a 12 personas, todas campesinas, que ocuparon aquellas tierras o que son familiares de estas. 12 campesinos de los cuales 4 hoy tienen prisión domiciliaria, luego de haber realizado una huelga de hambre de casi 60 días reivindicando su libertad y protestando porque no se ha presentado prueba alguna en contra de ellos. La policía busca desde haces seis meses a más de 35 supuestos responsables de la matanza, todos campesinos, sindicados por Rachid como supuestos autores de los asesinatos.

La fiscalía debe presentar las acusaciones -con las pruebas correspondientes- contra los imputados ante el juez del caso, José Benítez, el próximo 18 de diciembre. Todo indica que los fiscales acusadores liquidarán el expediente Curuguaty acusando a los campesinos sin haber abierto la investigación hacia otros posibles responsables. En este sentido, el elemento más claro que anticipa que los campesinos serán, para muchos entendidos, chivos expiatorios del expediente, son las afirmaciones públicas del actual presidente de facto Federico Franco, quien ha sentenciado en dos ocasiones que el dirigente campesino Rubén Villalba, detenido y apresado hace dos meses, es uno de los autores de los asesinatos, violando toda presunción de inocencia y formas procesales.

La parcial investigación de la Fiscalía ha omitido completamente a los siguientes actores y hechos:

El diputado colorado Óscar Tuma presentó el 2 de enero de 2012 una nota solicitando al pleno de la Comisión Permanente del Congreso que “inste” al entonces ministro del interior Carlos Filizzola a que ejecute la orden de desalojo contra los ocupantes de las tierras de la estancia “Morombi”, gestionada por la fiscal Ninfa Aguilar. Tuma fue luego uno de los fiscales acusadores en el juicio a Lugo. El entonces presidente de la Comisión, senador Efraín Alegre, luego de ser aprobado por el pleno, remitió la nota al ministro Filizzola instándolo a que ejecute de inmediato la orden de desalojo.  El documento obra en el Congreso. Tuma reconoció que pidió el desalojo a raíz de una “denuncia” de Riquelme.

La fiscala Aguilar gestionó y consiguió ante un juzgado el desalojo de una propiedad (las tierras de Marina Cue) sin título, no inscripta  a nombre de nadie. No había afectado legal por la ocupación para firmar una orden de desalojo. Emilio Camacho, entonces interventor del Indert, explicó que la propiedad en disputa no tiene propietario ni título, porque está en disputa.

El informe de una misión internacional investigadora para la defensa de los derechos humanos de los campesinos de Curuguaty, que entrevistó a decenas de campesinos y autoridades del lugar y relevó documentos de instituciones públicas, concluyó que días y horas antes de la matanza se preparó el escenario para una “violencia extrema”.

La fuerza policial que ingresó a la propiedad (aproximadamente 400 efectivos, 20 patrulleras, policía montada, un helicóptero) y tomó contacto con los ocupantes fue encabezada por Erven Lovera, especializado y experimentado en situaciones de extrema violencia. La fiscala Ninfa Aguilar y el jefe policial del departamento de Curuguaty se ubicaron en la retaguardia, muy alejados del lugar del conflicto. El llamado protocolo de diálogo no existió en la intervención. La fuerza policial fue para el enfrentamiento.

Cinco días después de la matanza, los partidos políticos ANR, PLRA, Patria Querida, Unace; la Unión de Gremios de la Producción (pronunciamiento), la cúpula de la Iglesia católica (entrevista con Lugo), el diario ABC Color (Editorial), la Unión Industrial Paraguaya (declaraciones de sus dirigentes) coincidieron en expresar públicamente su apoyo al juicio político contra el entonces presidente Lugo.

La fiscala Ninfa Aguilar, antes de ocupar este cargo, fue la abogada de Blas N. Riquelme en la demanda por usucapión que planteara contra la Industrial Paraguaya, la antigua propietaria de Marina Cue.

Los fiscales acusadores (diputados todos) no presentaron una sola prueba de las cinco acusaciones formales levantadas contra el expresidente Lugo. El juicio político fue sumarísimo:  la destitución de Lugo llevó menos de 48 horas.

Comentarios

Publicá tu comentario