Campesinos presos políticos del caso Curuguaty llevan 40 días de huelga de hambre

La Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia y un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty se manifestaron enfrente del Ministerio Público para pedir la libertad de los 10 presos políticosde Curuguaty de Coronel Oviedo, 8 de los cuales llevan, hoy, sábado, 40 días de huelga de hambre.

 

Fuente: foto de Eduardo Arce

Miembros de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia y un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty se manifestaron enfrente del Ministerio Público para pedir justicia para los presos y su consecuente libertad.

De los 10 presos políticos del caso Curuguaty que hace 141 días están en la cárcel de Coronel Oviedo, 8 están en huelga de hambre desde hace 40 días.

Los manifestantes denunciaron “la injusticia que se está cometiendo con estos compatriotas pues sin tener pruebas que sustenten las acusaciones, el fiscal Jalil Rachid, los están prácticamente condenando”.

Los presentes en la manifestación aseguraron también que los presos han sido sometidos a torturas y maltratos y que se habrían plantado evidencias para implicar a los campesinos detenidos. “No se respetan las garantías procesales de algunos campesinos”, sostuvieron.

“Además, el fiscal no busca la verdad, busca la condena de los campesinos detenidos. Por eso debemos hacer lo posible para hacer público el pedido de justicia”, sostuvieron.

“Queremos justicia y libertad, por eso estamos aquí, protestando frente a la Fiscalía General del Estado”, dijo a E’a Claudio Rolón, de la Plataforma por la Democracia.

Los manifestantes marcharon posteriormente hasta el Ministerio del Interior donde reclamaron el cese de la represión a campesinos que luchan por la tierra.

La causa de los campesinos de Curuguaty que están presos en Coronel Oviedo, y la de Rubén Villalba, van directo a la condena, sin importar las pruebas. La sentencia ya está escrita y es la condena. Lo único que puede torcer ese resultado es la presión interna, a través de movilizaciones y acciones concretas y la presión internacional.

“Es obligación de todos hacer lo posible para que se visibilice el caso de Curuguaty así como la huelga de hambre y reclamar justicia pues a ellos”, manifestó Rolón.

“También les fueron negadas las más mínimas atenciones de salud y humanitarias que corresponden a personas lesionadas encarceladas”, agregó

Casos más graves

Los manifestantes citaron los casos de Néstor Castro Benítez y Dolores López, como los casos más graves de falta de atención a la salud de los presos.

Castro fue trasladado hace más de dos meses a Asunción y recluido en “La Esperanza”, Tacumbú, esperando que una operación que le reconstruya la mandíbula destrozada por un balazo el 15 de junio. Quienes deben realizarla ya cuentan con los materiales necesarios y aparentemente solamente esperan que se libere una cama en Emergencias Médicas para practicarle la compleja intervención quirúrgica.

Dolores López también necesita atención especial pues está embarazada de tres meses y recluida en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

A 140 días de la Masacre, el fiscal Jalil Rachid, no ha aportado una sola prueba que vincule a los detenidos con los crímenes, pero sin embargo, insiste con mantenerlos en prisión, con el aval del juez de garantías José Benítez y el Fiscal General del Estado Javier Díaz Verón.

Fiscal Jalil Rachid sería recusado

La defensa de los campesinos detenidos pedirá la recusación del fiscal de la causa, Jalil Rachid, por la «amistad manifiesta» de su familia con la del empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme. Tanto Riquelme como el padre del fiscal, Bader Rachid, fueron presidentes del Partido Colorado y senadores de la Nación por esa organización.

Para el abogado español Aitor Martínez, que asesora al equipo de abogados defensores de los campesinos, la actuación «unidireccional» de Rachid sólo pretende «criminalizar a los campesinos». «Se cree un abogado querellante y no el fiscal de la causa” dijo y lamentó que el fiscal “no investiga quién mató a los campesinos».

Los abogados defensores argumentan que la Fiscalía obvió varias líneas de investigación, entre ellas el empleo de las armas automáticas, y denuncian la posible ocultación de pruebas, como los casquillos de ese armamento recolectados en el lugar por los vecinos al día siguiente de la masacre, y entregados a Rachid.

 

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